La pareja de Ayuso cifra en 79.942 euros los gastos que tiene que pagarle el exfiscal general por el proceso en el TS

García Ortiz, que fue condenado el pasado 9 de diciembre por revelar información tributaria reservada de González Amador, ya satisfizo la multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a favor de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los 17.200 euros fueron recaudados por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece García Ortiz, a través de una campaña de donaciones.

El fallo de la Sala Penal incluía el pago de las costas a la víctima del delito cometido, pero no las acusaciones populares que intervinieron, entre ellas la del Colegio de Abogados de Madrid,

Una resolución dictada por la letrada de la Administración de Justicia el pasado 9 de febrero cifra en un total de 79.942,70 euros las costas: 78.382,32 euros por la minuta del defensor de González Amador, 1.560 euros para la procuradora y 13.603,54 euros de IVA.

El fiscal general recurrirá la tasación de costas por considerarla desproporcionada, según ha adelantado por El País.

En un escrito presentado el pasado 1 de febrero, el letrado de González Amador justificaba la tasación de costas aludiendo al "innegable esfuerzo" que ha requerido este procedimiento, dada su "complejidad" material y procesal.

Rodríguez Ramos hacía referencia a la propia naturaleza de los hechos investigados. Alude a "la revelación, por parte del fiscal general del Estado, de información reservada a la que había accedido por razón de su cargo, así como la generación y publicación institucional de una nota cuya autoría también se ocultó a través de la estructura del Ministerio Fiscal".

El letrado se refiere, asimismo, al "contexto institucional" en el que se desarrollan los hechos "de principio a fin (...) manteniendo el investigado y acusado hasta su condena el máximo cargo de la institución, alineando todos sus medios con la defensa del condenado".

Otro parámetro de la justificación del esfuerzo acusador realizado se refiere a "la divulgación del objeto material del delito por los medios de comunicación", el "uso político" del caso y la relevancia mediática de los hechos.

Otro factor de dificultad del procedimiento deriva, añade el letrado de González Amador, de la ausencia de precedentes. "Nunca antes un fiscal general del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada a un representante público del partido político rival del Gobierno que le nombró", subraya.

Alude también a la pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento, al aforamiento del condenado y la incoación de 15 piezas separadas.

Según la acusación particular, "la destrucción, por parte de Álvaro García Ortiz y del resto de personas intervinientes en los hechos, de todos los archivos, datos y dispositivos digitales contenedores de su huella digital" fue otro elemento de complejidad del procedimiento.

Provocó la remisión de dos comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos y la necesidad de practicar numerosas diligencias de instrucción y la prueba en el juicio oral para alcanzar el conocimiento de los hechos.

Alude, asimismo, a la posición procesal del Ministerio Fiscal, "que lejos de asumir una posición (al menos) neutral" ejerció un rol de defensa del condenado.

Finalmente, se refiere a que la defensa jurídica de García Ortiz fue desempeñada por la Abogacía del Estado "con los medios y la intensidad propias de la Administración del Estado (Poder Ejecutivo)".