Archivada por segunda vez la investigación del 'hackeo' con Pegasus al móvil de Sánchez por la falta de colaboración de Israel

En esta causa judicial, se investigaba el hackeo, con el programa informático Pegasus, de los móviles del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura).

En una resolución fechada este jueves, Calama lamenta que "la frustración de la ejecución" de las comisiones rogatorias por parte de Israel "impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a  persona concreta alguna".

Es decir, que dicho país, creador del software Pegasus, ha ignorado las solicitudes de auxilio judicial cursadas por la Audiencia Nacional.

Por tanto, la investigación está en punto muerto y no puede avanzar. El juez ha optado por cerrarla.

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Lo ha hecho no sin antes quejarse de que las autoridades israelíes "no prestan a España un nivel de cooperación equivalente al recibido", en casos "análogos", de nuestro país.

Calama ya archivó inicialmente la investigación en julio de 2023. Pero la reabrió unos meses después para incorporar la información, facilitada por las autoridades judiciales francesas, de un procedimiento similar a éste que se seguía en aquel país.

La Justicia gala investigaba la infección con el mismo software de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés, ministros y diputados.

Dicha información, como desveló EL ESPAÑOL, apuntaba a Marruecos como posible autor del espionaje.

Concretamente, el correo electrónico utilizado para infectar el móvil de Sánchez, Robles y Marlaska es el mismo cuyo rastro apareció en el espionaje a Claude Mangin, una activista francesa prosaharaui.

También, a un diplomático del Frente Polisario, un periodista marroquí que tuvo que huir a Francia y un alcalde del país galo. 

No obstante, como expresa Calama, la falta de colaboración de Israel impide "la atribución de autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna, abocándonos, de forma indefectible, a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor o autores conocidos".

Se trata de lo que el Tribunal Supremo califica como "impotencia investigadora".

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A través de esas comisiones rogatorias (nombre que recibe una solicitud de cooperación jurídica internacional), reiteradamente emitidas, el juez pretendía requerir información a la mercantil NSO Group, propietaria del software Pegasus, así como tomar declaración como testigo al CEO de esta compañía.

Pero la falta de colaboración de Israel impide seguir investigando. "Ello conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia", lamenta Calama.

¿La causa podría volver a retomarse? Sí. Pero ello depende, explica el juez, de "un eventual y poco probable cumplimiento", por parte de Israel, de la comisión rogatoria, "que tiene obstruida". O de la aparición de "nuevas fuentes de prueba" que permitan seguir investigando.