La Fiscalía también atribuye un fraude a Hacienda al mecenas de Alvise: "Con un ideario agrio, se afanó en la elusión fiscal"

En un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la fiscal Mar Scharfhausen solicita al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que anule el procesamiento de Romillo e investigue ese supuesto fraude fiscal.

Este empresario fue quien entregó 100.000 euros en efectivo al agitador Luis Pérez (nombre real de Alvise) poco antes de las elecciones europeas de 2024, a las que éste se presentó y en las que obtuvo un escaño en el Europarlamento. En total, su agrupación, Se Acabó La Fiesta (SALF) logró tres asientos en Bruselas.

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En el auto de procesamiento de Romillo, el juez Calama relata que el empresario, "movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal, estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo" y con la que, supuestamente, cometió la estafa a gran escala.

Todo ello, gracias a Madeira Invest Club (MIC), que ofrecía inversiones inmobiliarias, en coches de lujo, restauración, relojes...

En un informe, la Fiscalía narra que en los últimos años Romillo, con un "ideario agrio" y "de extrema crítica al Estado", se "afanó" en publicar en las redes sociales contenido sobre "elusión fiscal". Y que, para monetizarlo, el empresario creó Madeira Invest Club.

"Se cobran los servicios en cuentas bancarias extranjeras de las que son titulares sociedades también extranjeras", relata Scharfhausen.

"Con ello, pese a que su actividad se promociona y va destinada a un público principalmente radicado en España —los cursos de formación y consultorías se centran básicamente en la 'elusión' de impuestos al Estado español—, los ingresos no tributan en España", subraya.

"Se aprecia, en todo caso, una notable confusión en el uso de las cuentas bancarias y sociedades en el extranjero, cobrando servicios indistintamente en diversas cuentas bancarias, manifiesto reflejo que el verdadero titular último de todas y ellas y alma máter del entramado societario es único", expresa la Fiscalía sobre Madeira Invest Club.

Por ello, al considerar que existe conexidad entre la supuesta estafa y el presunto fraude fiscal, Scharfhausen pide al juez que reabra la instrucción y practique nuevas diligencias.

Esta postura de la Fiscalía ha dividido a los denunciantes del llamado caso Madeira, agrupados en varios grupos y representados por distintos abogados.

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El letrado Víctor Soriano, en un escrito, ya se ha opuesto a la petición de la Fiscalía. Pide que el juez no anule el procesamiento de Romillo y considera que los supuestos delitos fiscales no son conexos a la supuesta estafa piramidal.

De hecho, en representación de una veintena de denunciantes, Soriano aboga por que "prevalezca el criterio del instructor, por muy respetable que sea el de la Fiscalía".

"La única discrepancia de la acusación pública [la Fiscalía] radica en que considera que los delitos fiscales que se hubieran podido cometer por los procesados —sobre los que no hay diligencia alguna ya practicada ni guardan relación con la estafa— deben ser investigados en este procedimiento", expresa el abogado.

"El criterio del recurrente [la Fiscalía] es errado", valora Soriano.

Por contra, el despacho Zaballos Abogados, que representa a otra parte de las víctimas de la estafa, sí comparte parcialmente la postura del Ministerio Público. En otro escrito, este bufete solicita al juez que practique diligencias para cuantificar el supuesto delito fiscal.