En libertad con leves medidas cautelares el CEO y presidente de Plus ultra y el consultor Julio Martínez

Los tres fueron detenidos el pasado jueves por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 15, Esperanza Collazos, y puestos a disposición judicial tras las 72 horas preceptivas.

Collazos investigó hace dos años el polémico rescate de Plus Ultra por la SEPI, que costó 53 millones de euros en préstamos que la aerolínea ha ido devolviendo.

Un error de la instructora, que prorrogó las diligencias fuera de plazo, determinó el archivo de esa investigación, que tuvo por objeto una supuesta malversación de fondos y ahora ha sido reabierta tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción por otros posibles delitos: blanqueo de capitales y fraude.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha acordado a última hora de la mañana de hoy la libertad provisional de los tres detenidos.

Como medidas cautelares, el magistrado ha acordado para los tres la obligación de la entrega del pasaporte, la consecuente prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.

El Juzgado de Instrucción número 13 se ha inhibido a favor del 15, que ha declarado secreta la investigación.

Parte de la investigación gira en torno al supuesto blanqueo de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía".

Estas actuaciones delictivas estarían vinculadas a los programas de alimentos del chavismo (los denominados CLAP) y a ventas del Banco de Oro de Venezuela.

Según la querella de Anticorrupción (que se dirigió inicialmente a la Audiencia Nacional, que no aceptó su competencia), Plus Ultra habría firmado contratos de préstamo con sociedades vinculadas al expolio del oro.

Esos préstamos habrían sido empleados, presuntamente, para el blanqueo de fondos ilícitos en fechas próximas a la recepción del rescate por parte de la aerolínea.

La denuncia de Anticorrupción también relata una venta de oro, por importe de 30 millones de euros, a una sociedad de Emiratos Árabes, por parte de una de las empresas que firmaron los mencionados contratos.

Anticorrupción aludió también a movimientos de dinero hacia Panamá y a la venta de relojes de lujo para el blanqueo de capitales.

El Ministerio Público apuntaba a un supuesto fraude en su modalidad de "uso indebido de ayudas públicas" (el conocido como fraude de subvenciones).

Martínez Martínez, el consultor investigado, es amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha negado toda relación con el caso Plus Ultra.