Tomás Serrano.
El Supremo condena a García Ortiz tanto por la filtración del correo como por la nota de prensa sobre González Amador
La Sala Penal aplica la modalidad básica del delito de revelación de datos que no debían ser divulgados y libra al fiscal general de una pena de prisión porque no aprecia un "grave daño" para la pareja de Ayuso por la filtración.
Más información: El TS condena a García Ortiz por revelar datos tributarios de la pareja de Ayuso por 5 votos a 2 y le inhabilita como fiscal general
La Sala Penal del Tribunal Supremo dio a conocer ayer un fallo histórico en el que condena, por primera vez en la etapa democrática, a un fiscal general por un delito cometido en el ejercicio de su cargo: la filtración a la prensa de datos tributarios desfavorables del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El fallo fue adelantado -sin que la sentencia se haya terminado de redactar- para evitar filtraciones que hubieran comprometido la imagen de la Sala precisamente en un asunto en el que el delito objeto de condena es una revelación de datos confidenciales.
De todos modos, no es inusual que las Salas del Supremo -no solo la Penal- anticipen sus decisiones si temen fugas de información o consideran el asunto especialmente trascendente. Aquí se daban las dos circunstancias.
El tribunal ha alcanzado una conclusión apenas una semana después de finalizado el juicio. Pero las fuentes consultadas aseguran que la deliberación no ha sido en absoluto acelerada: los miembros de la Sala, que pasaron juntos todos los días de la vista e incluso comieron en el propio tribunal, ya habían intercambiado impresiones y comenzaron a deliberar nada más pronunciarse el visto para sentencia en la tarde del jueves 13.
Cinco de los siete magistrados de la Sala (su presidente, Andrés Martínez Arrieta, que redactará la sentencia, y los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela) han coincidido en que García Ortiz es responsable tanto de la aparición en la Cadena Ser del correo de 2 de febrero de 2024 como de la redacción de la nota de prensa en la que se volvía a reiterar el contenido concreto del 'email'.
En el correo del 2 de febrero, el abogado fiscalista de González Amador, Carlos Neira, proponía a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid llegar a un acuerdo de conformidad en relación con el expediente tramitado por la Agencia Tributaria contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude de 350.000 euros.
"Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", escribió Neira en ese email, cuya literalidad fue filtrada a la Ser en la noche del 13 de marzo de 2024 y se difundió una hora y media después de que llegara a manos del fiscal general.
En la nota de prensa, emitida en la mañana del 14 de marzo de 2024, la Fiscalía insistía en que "la propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría de González Amador de la comisión de 'dos delitos contra la Hacienda Pública'". Se daba, así, marchamo institucional a la filtración de que el abogado de la pareja de Ayuso admitía que éste era un defraudador fiscal.
El objetivo de la nota era desmentir una noticia falsa aparecida a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024 en El Mundo, según la cual había sido la Fiscalía la que había ofrecido a la pareja de Díaz Ayuso declararse culpable de fraude tributario.
La Sala ha aplicado el tipo básico del artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados".
Esa modalidad básica conlleva una pena de multa de doce a dieciocho meses (la Sala ha optado por el tope mínimo) y otra pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años (el tribunal ha escogido el grado medio).
La pena hubiera sido de uno a tres años de prisión, más la inhabilitación especial citada, si la Sala hubiera apreciado que "de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero".
No hay "grave daño"
En este caso, los magistrados no han apreciado que la filtración y posterior nota de prensa hayan causado un grave daño para González Amador, pese a su enfática declaración en la segunda jornada del juicio, el pasado 4 de noviembre, cuando dijo que el fiscal general le había "destrozado" la vida.
Ello explica que el alto tribunal no haya acogido la pena de prisión instada por la acusación particular y haya limitado a 10.000 euros (de los 400.000 que se pedían) la indemnización a González Amador por daños morales.
Las fuentes consultadas señalaron que la sentencia valorará las declaraciones de los periodistas que aseguraron haber tenido acceso al correo de 2 de febrero antes de que llegara a la cuenta particular de Gmail del fiscal general. Habrá, indicaron, un fundamento jurídico dedicado al secreto profesional de los periodistas y a su incidencia en el valor de su testimonio.
El fallo implica la pérdida del cargo de fiscal general para García Ortiz, cuyo entorno cuenta con que, sin embargo, la condena no implicará necesariamente la pérdida de la condición de miembro de la carrera.
Numerosos fiscales que estaban en la sede de la Fiscalía General cuando se ha conocido el fallo de la Sala Penal del Tribunal Supremo, al filo de las dos de la tarde, acudieron al despacho de García Ortiz, al que encontraron "incrédulo" y "abatido".
"Estaba sorprendido, no se creía lo que ha pasado, no lo esperaba", afirman distintas personas que han hablado con García Ortiz en las últimas horas.
El fiscal general salió satisfecho del juicio el pasado día 13. Ese día escuchó un contundente informe de su defensor, el abogado del Estado Ignacio Ocio, en el que sostuvo que "no hay ninguna prueba contra él porque no puede haberla".
La Abogacía del Estado presentará un incidente de nulidad de actuaciones previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero no se pedirá al TC la suspensión cautelar de la ejecución de la inhabilitación especial para el cargo, ya que el Gobierno anunció ayer mismo que ha iniciado los trámites para nombrar a un nuevo fiscal general.
No es descartable que García Ortiz abandone la Fiscalía General antes de que su sucesor sea elegido. "Eso lo tiene que decidir él", afirman fuentes del Gobierno, que ha defendido férreamente, y sin éxito, la inocencia del condenado.
