Juicio al fiscal general, en directo | García Ortiz: "No hice ninguna filtración. Mi obsesión era proteger a los fiscales, no perjudicar a González Amador"

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al tribunal que reconozca una atenuante en la hipotética condena contra él.

Así lo ha reclamado este miércoles el abogado Víctor Soriano i Piqueras, que ha pedido en el Tribunal Supremo que le sea reconocido, en favor de García Ortiz, una atenuante por la filtración a la prensa de datos de este mismo procedimiento judicial. De esta forma, se reduciría una hipotética pena del acusado.

Paradójico, en tanto en cuanto el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo por, supuestamente, haber filtrado a la prensa un correo electrónico en el que uno de los abogados de Alberto González Amador, el empresario que es novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía la comisión, por parte de su cliente de dos delitos fiscales.

Así las cosas, como petición principal, Manos Limpias ha solicitado al Supremo que se condene a García Ortiz a tres años de prisión, en lugar de los cuatro solicitados previamente.

Esa cantidad, tres años, corresponde con la pena máxima, pero atenuada, aparejado a un delito agravado de revelación de secretos.

Manos Limpias también solicita que el acusado sea suspendido, por tiempo de tres años, como fiscal general y pague una multa de 400 euros diarios durante 15 meses.

La declaración del fiscal general, de apenas una hora y 15 minutos, termina con una frase que ha dicho García Ortiz, la cual le ha comentado poco antes de entrar al juicio una de las personas que asisten: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende".

El responsable del Ministerio Público ha asegurado que "mi obsesión era proteger a los fiscales, que hacemos un trabajo difícil, pero muy digno".

"No era mi intención perjudicar el derecho de defensa de González Amador ni su honorabilidad", ha manifestado.

Ha subrayado que la filtración del correo de 2 de febrero siguió "un curso causal incompatible" con la actuación de la Fiscalía: "El hecho de que yo tenga una desagradable discusión con Almudena Lastra cuando ya se han filtrado los correos es porque da igual lo que se haya dicho antes. Lo que quiero es que la Fiscalía dé una información veraz".

"Cuando la UCO entra en el despacho del fiscal general —y lo voy a decir una sola vez: me parece un hecho particularmente grave y doloroso para el fiscal general, pero también para la Fiscalía española— a su disposición está mi cuenta de Gmail", ha explicado.

García Ortiz borra esa cuenta cuando en un informe de la UCO aparecen sus datos personales: DNI, teléfono, dirección de email.

El fiscal general declara que el primer móvil que le dan, cuando le nombran jefe de la secretaría técnica de la fiscal general, Dolores Delgado, era de un fiscal de Sala jubilado, Alfonso Aya.

"Me dicen que eso se hace siempre así y que los móviles en desuso se depositan en una caja. En ese momento, digo 'se ha terminado, gestiono mis dispositivos'".

García Ortiz no ha devuelto ninguno de los móviles que ha cambiado.

Ha expresado su preocupación por la protección de la "muy relevante y copiosa" información que recibe como "cabeza de una organización de 2800 fiscales". Ello le lleva a borrar periódicamente los datos. Por ello, cuando activa un nuevo dispositivo el 23 de octubre de 2024, ya estaban borrados "de tres o cuatro borrados antes" los mensajes que ahora son objeto de la causa.

García Ortiz niega que la fiscal superior le espetara "has filtrado los correos" y él contestara "eso ahora no importa". El máximo responsable del Ministerio Público afirma que "en absoluto le reconocí haber filtrado los correos".

"Yo no escuché esas palabras de Lastra y dudo de que ningún fiscal se dirija al fiscal general en esos términos". Ha explicado que Lastra se siente postergada profesionalmente por el actual equipo directivo de la Fiscalía.

La defensa pregunta por los criterios con los que se elaboró la nota de prensa. "Estaba claro que teníamos que incorporar aquello que se refiriera al trabajo de los fiscales. Pero ninguna información accesoria ni que pudiera ser lesiva para nadie".

Por ejemplo, no se utiliza el adverbio "ciertamente" respecto a la confesión de los delitos fiscales y no se usa ni se menciona siquiera el pdf adjunto del letrado Neira en el que proponía la conformidad penal porque "hay datos de empresas, liquidaciones, penas"... Se trataba de "no dar nada que pudiera perjudicar a un tercero, en este caso una persona investigada por la Fiscalía".

"Era una insidia, una calumnia, no había instrucciones sobre González Amador", continúa explicando García Ortiz. Relata que, acto seguido, le llega la intervención "otra vez" del jefe de gabinete de Ayuso "que manda a dos chats con 50 periodistas la transcripción del correo del fiscal del 12 de marzo y una coletilla de todo sucio o todo turbio".

Después Miguel Ángel Rodríguez publica un tuit en el mismo sentido.

El fiscal general dice que la noticia de El Mundo, publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024, según la cual la Fiscalía propuso un pacto a González Amador para que se declarara culpable de delitos fiscales "no solo era un bulo".

Señala que el redactor de esa noticia fue esa misma noche a una tertulia en la que "se empieza a poner de manifiesto que es un señuelo del Gobierno, que es una manipulación, que la denuncia ha caído en un Juzgado en el que la jueza es de Jueces para la Democracia. Se presenta la actuación de la Fiscalía como una actuación torticera y bastarda".

"El bulo", ha añadido, "tiene tres proposiciones: que la Fiscalía es quien propone un pacto, que se retira y que se retira por órdenes de arriba".

Eso desata "las alarmas" y habla con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, "y convenimos en que hay que hacer una nota de prensa y dar una respuesta institucional". Lastra, incluso, "se ofrece a dar una rueda de prensa".

García Ortiz describe los comentarios y tuits de Díaz Ayuso los días 12 y 13 de enero, después de publicarse en eldiario.es que su pareja ha sido denunciado por la Fiscalía por dos delitos tributarios y falsedad documental.

Considera que las críticas que vierte a la fiscal jefe de Madrid suponen "un cuestionamiento de la Fiscalía". Y a ello se suman las noticias que también le da la fiscal superior, Almudena Lastra, de que Miguel Ángel Rodríguez está contando a algunos periodistas que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a González Amador y luego lo ha retirado "por órdenes de arriba".

"No conozco ni a Pilar Sánchez Acera ni a Francesc Vallés", ha dicho. La primera es colaboradora del hoy ministro Óscar López (en 2024 director del gabinete de Pedro Sánchez) y segundo, ex secretario de Estado de Comunicación.

"¿Cuál fue la primera noticia que tuvo sobre el proceso de conformidad sobre González Amador y sobre los correos entre su defensa y el fiscal Salto?", le pregunta el abogado Ignacio Ocio.

El fiscal general contesta que fue su directora de comunicación, Mar Hedo, la que el día 13 de marzo a las 20:50 horas "me cuenta el bulo que está intentando difundir Miguel Ángel Rodríguez", jefe de gabinete de Ayuso, en el sentido de que el fiscal estaba proponiendo a la pareja de Díaz Ayuso declararse culpable de fraude fiscal a cambio de una rebaja de la pena.

La primera noticia de los correos la tuvo por El Mundo, que entrecomilla el correo que el día anterior había enviado Salto al letrado Neira.

El primer alegato del fiscal general ha sido, literalmente, el siguiente: "Con la venia de la Sala y el Presidente, no voy a contestar a las preguntas de las acusaciones, solo contestaré a las de la fiscalía y las de la abogacía del Estado, mi defensa, y por supuesto me pongo a disposición de la sala para cualquier duda, aclaración o pregunta que me quieran formular.

"Me gustaría explicar por qué no voy a contestar a la acusación particular.

Podrán imaginarse que en mi condición de fiscal general mi respeto y consideración para las acusaciones particulares, en especial a los perjudicados por una causa, es absoluta.

Quien tiene la condición o se siente perjudicado en una causa debe tener el amparo de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal. Pero en este caso, permítanme que explique por qué, pese a tener reconocida esta posición procesal, no me dirijo al perjudicado de la misma manera que lo haría en otro caso, mis razones tienen que ver con la posición jurídico procesal del querellante y perjudicado en esta causa.

- El perjudicado, el Sr. González Amador, es además querellante en esta causa, y la querella, como acto iniciador del proceso, ha de contener los datos necesarios para trasladar al tribunal los antecedentes de hecho ciertos y necesarios para descubrir la verdad, el auténtico sentido del proceso penal.

- En tal sentido, entiendo que no se ha cumplido esta premisa por parte del querellante, pues lejos de contribuir a ello, con su relato y aportación de hechos, ha reconducido el proceso de manera poco leal, no contra mí, que soy el acusado, sino contra el tribunal y el magistrado instructor.

- El querellante omite en su querella, que dirige contra la fiscalía y los fiscales españoles, un dato muy importante en su relato iniciador del proceso: que el correo investigado y enviado por su abogado, ya había sido reenviado el mismo día 2 de febrero a un tercero, perteneciente a una institución que en ese momento no era parte en el proceso.

- Este hecho hubiera abierto, por sí solo y potencialmente, un abanico de posibilidades que quizá hubiera impedido que la investigación se dirigiera unívocamente contra la fiscalía de Madrid o la fiscalía española.

- El querellante omitió también en su querella, que quien primero revela el email en forma y contenido de un fiscal es el propio perjudicado. Que dispone del mismo entregándoselo a una persona ajena al proceso para que le dé un uso diferente para el que está concebido, un uso político. Todo ello, por supuesto, sin la autorización del fiscal o de la fiscalía.

- Es posible que, de haberse sabido desde el principio, hubiera podido cambiar el rumbo procesal del procedimiento.

- El querellante omite en su relato también que se entrevista con el director de investigación de un medio de comunicación relevante y que parte de esa comunicación acaba también en una noticia de prensa en el mismo medio que revela el email del fiscal.

- Estas tres actuaciones, omitidas en el relato de hechos de la querella, y solo descubiertas en la instrucción del procedimiento, parecen alejadas de la buena fe procesal y del respeto que todos le debemos al proceso.

- Hay otra más, relevante: la renuncia a la garantía que supone la responsabilidad civil subsidiaria del Estado establecida por la ley. Esto evidencia que la alegación de su perjuicio no tiene como fin el resarcimiento, sino la imposición de una especie de pena pecuniaria personal al responsable penal. Renuncia a asegurar la posible responsabilidad civil de la manera más eficaz posible, pues el Estado es siempre solvente, y en cambio solicita una fianza en garantía del cobro futuro de la responsabilidad civil para que recaiga exclusivamente en el acusado, a modo de pena anticipada.

Por estas razones, por la trasgresión de la buena fe procesal, entiendo que no debo someterme a sus preguntas"

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha negado haber filtrado el correo firmado por el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso a cualquier persona ajena.

Así se ha pronunciado, como acusado, en el juicio en su contra que se celebra en el Tribunal Supremo, respondiendo así a las preguntas de la fiscal Ángeles Sánchez Conde, quien es su número dos en el organigrama del Ministerio Público y que pide su absolución.

Antes de ello, García Ortiz ha explicado por qué no va a responder a las preguntas de la acusación particular (es decir, las que pretendía formular el letrado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso).

"Tengo un absoluto respeto con la posición de los perjudicados en el proceso penal. Sin embargo, durante la tramitación del presente procedimiento (...) se ha producido circunstancias (...) que me ha llevado a pensar que hay una actuación desleal con respecto al tribunal", ha explicado el acusado.

"En la querella que da inicio en proceso se omite un dato fundamental", ha subrayado García Ortiz. ¿Cuál? Que el correo firmado por Carlos Neira (otro abogado de González Amador) y que acaba filtrado a la prensa también obraba en poder de un miembro de la Abogacía del Estado.

"Otro dato, que tiene que ver con la buena fe del querellante: el correo del 12 de marzo se le entrega a una tercera persona para que haga un uso político del mismo", ha señalado el acusado, en alusión a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.

García Ortiz no va a contestar nada más que a su defensa y a la Fiscalía. Dice que, partiendo del "respeto que ha de tenerse a los perjudicados", durante la tramitación de esta causa "se han producido actuaciones desleales". Menciona la ocultación por la acusación particular del hecho de que el correo de 2 de febrero lo envió no solo al fiscal, sino también a un abogado del Estado.

También se ha entrevistado con el medio de comunicación que ha filtrado otros correos y, respecto a su propia persona, recuerda que González Amador ha renunciado a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, por lo que está haciendo frente a la fianza con su propio patrimonio.

Dichos documentos son certificaciones que indican que el correo de 2 de febrero sigue alojado en la cuenta genérica de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid y que los 12 fiscales y cuatro funcionarios podrían acceder a esa cuenta desde sus domicilios.

También un acta de soportes digitales que indica que en la cuenta del fiscal general se encontraron seis entradas con la palabra 'campos', ninguna de las cuales se corresponde con el periodista de la Cadena Ser Miguel Angel Campos. Finalmente, otro documento son los correos hostiles dirigidos a García Ortiz cuando se difundió su dirección de e-mail.

A propuesta de la defensa, antes de que declare el fiscal general se celebra la prueba documental. Las acusaciones preguntan si la Fiscalía y la defensa la dan por reproducida.

Si se usa esta fórmula, no es preciso leer ningún documento. Pero la defensa quiere que se vean cinco documentos y da el resto por reproducidos.

El juicio se reanudará a las 16:00 horas con la esperada declaración del acusado, el fiscal general.

Es la última prueba que se practicará en esta histórica vista oral.

La sesión de la mañana del juicio al fiscal general acaba de terminar con la breve comparecencia de dos peritos de la defensa.

Han afirmado que no es posible saber cuántos mensajes borró García Ortiz el día 16 de octubre de 2024 ni la fecha.

La defensa trata de poner de manifiesto que la inferencia de que el fiscal general se deshizo en ese momento (cuando supo que iba a ser investigado por el Tribunal Supremo) de pruebas incriminatorias es puramente especulativa porque esos mensajes pudieron haberse borrado antes.

Concluyen los peritos de la UCO.

Han prestado un testimonio muy desfavorable para el fiscal general. Así, han situado la filtración del correo electrónico en el que el abogado de González Amador reconoce el fraude tributario de su cliente a las 23:51 horas del 13 de marzo de 2024. Es la hora en la que se publica en la web de la Cadena Ser el entrecomillado de ese email "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

La hora es relevante porque García Ortiz tuvo acceso a ese correo a las 21:59 horas de ese día.

Para los investigadores de la UCO, el correo no había sido filtrado a las 22:10 horas, cuando se publica en La Sexta una noticia que no cita la existencia del correo, tampoco su literalidad e incluye erróneamente dentro de la confesión del delito de falsedad documental.

Consuelo Castro ha tratado de poner en cuestión las conclusiones de los informes de la UCO, adversos al fiscal general.

"¿Sabían que el correo de 2 de febrero [en el que el abogado de González Amador reconoce la comisión de un fraude tributario] fue enviado a una cuenta de correo genérica de la Fiscal a la que tienen acceso 16 personas?", ha interrogado la defensa.

"Sí", han contestado los peritos, que, sin embargo, no pusieron ese dato en su informe.

Han explicado esa omisión diciendo que, desde que ese correo llega al fiscal general (a las 21:59 horas del 13 de marzo de 2024) hasta que la literalidad de ese correo se difunde en la web de la Cadena Ser a las 23:51 horas "pasan una hora y 52 minutos".

"Decir que hay un acceso al correo de esas 16 personas justo en ese espacio temporal... (...) Manejamos indicios que, valorados en conjunto, nos lleva a conclusiones policiales" que apuntan a García Ortiz, han añadido.

"Vemos en él una participación más directa en una institución que es jerarquizada", añaden los peritos.

Los peritos responden a la exabogada general del Estado Consuelo Castro, que defiende al fiscal general.

Ha preguntado sobre la misma cuestión que ha ocupado la comparecencia de los guardias civiles que clonaron los dispositivos de García Ortiz durante el registro practicado el 30 de octubre de 2024.

- ¿Pidieron autorización para excederse del marco temporal marcado por el instructor?, ha preguntado Castro

- No me acuerdo - responden.

- ¿No se acuerda si pidieron autorización o por ustedes mismos decidieron seguir adelante excediendo el marco temporal marcado por el instructor, que era a partir del 8 de marzo de 2024?

- Ninguna información fuera del marco temporal ha sido analizada y vista. Más que nada porque no había nada en el móvil - dicen los peritos.

- ¿Pero es cierto que se hizo volcado completo? - insiste Castro.

- Sí.

- ¿Y pidieron autorización al instructor para que el volcado no estuviera limitado a la fecha indicada? - cuestiona la defensora del fiscal general.

- De cualquier eventualidad se fue dando cuenta al magistrado. No recuerdo esa cuestión, pero se le fue dando cuenta en todo momento.

- Eso no consta por escrito, ni en el acta ni en nada- ha remachado la defensora.

Consuelo Castro, abogada que defiende al fiscal general, este miércoles durante el interrogatorio a los mandos de la UCO. E. E.