La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, durante un pleno que celebra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Europa Press
Los 10 vocales conservadores del CGPJ piden que García Ortiz no vaya a la apertura judicial y Bolaños no esté junto al Rey
Dirigen un escrito a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, para que traslade al fiscal general la "inconveniencia" de que intervenga en el acto de mañana.
Los vocales progresistas piden "lealtad institucional" y que la "polaridad artificiosa" no empañe el inicio del año judicial.
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"En defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece", los 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el PP han pedido a la presidenta, Isabel Perelló, que traslade al fiscal general del Estado "la inconveniencia de intervenir" en el acto de apertura de tribunales que tendrá lugar este viernes bajo la presidencia del Rey.
En el escrito, conocido por EL ESPAÑOL, los consejeros del sector conservador del CGPJ creen necesario que "se visibilice nuestro rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo, evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado".
Los vocales propuestos por el PP se han reunido a primera hora de esta mañana para articular una respuesta al hecho insólito de que Álvaro García Ortiz vaya a intervenir en la ceremonia de inicio del año judicial en calidad de fiscal general del Estado a pocos meses de sentarse en el banquillo por un supuesto delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
"Deseamos trasladarle [a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ] nuestra gran preocupación por la circunstancia de que el actual fiscal general del Estado, sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento, tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a Su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de asistentes", señalan en el escrito.
Los vocales precisan que no ponen en duda la presunción de inocencia ni prejuzgan el fondo del caso que afecta a García Ortiz.
Sin embargo, la "coincidencia" entre su condición procesal de acusado y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional hace que su intervención no resulte "apropiada" y "comprometa inevitablemente la serenidad que el acto demanda".
Los consejeros Alejandro Abascal, José Luis Costa, Gema Espinosa, Pilar Jiménez Bados, Eduardo Martínez Mediavilla, José Antonio Montero, José Carlos Orga, José María Páez, Isabel Revuelta y Esther Rojo recuerdan que, en la situación procesal de García Ortiz, "hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones".
"Resulta, por ello, difícilmente comprensible que esta situación se tolere", afirman.
A su parecer, la consecuencia es "una innecesaria tensión" para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio jefe del Estado.
![Pedro Sánchez, en el Congreso. Fernando Sánchez / Europa Press](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/05\/21\/actualidad\/1003743767194_255759085_320x180.jpg"])
A esa circunstancia se añade un contexto político "de extraordinaria tensión", afirman.
Por otro lado, otros nueve vocales progresistas del CGPJ han publicado un comunicado diferente para trasladar "un mensaje de tranquilidad y de normalidad institucional, alejado de cualquier forma de polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne que marca el inicio del curso judicial".
En el escrito recuerdan que la ley orgánica del Poder Judicial exige la presencia en el acto del fiscal general del Estado, así como la del ministro de Justicia, que responde a "una costumbre constitucional consolidada propia de su posición institucional y de las altas responsabilidades que ejerce".
Acaban su escrito pidiendo "lealtad constitucional" y asegurando que "la confianza en los pilares del Estado Democrático de Derecho se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y de presunción de inocencia".
Los firmantes son Bernardo Fernández Pérez, Ricardo Bodas Martín, Luis Martín Contreras, Ángel Ramón Arozamena Laso, Mª Esther Erice Martínez, José Mª Fernández Seijo, Inés Herreros Hernández, Argelia Queralt Jiménez y Lucía Avilés Palacios.
Erosión del sistema
Los vocales críticos traen a colación que en los últimos días el presidente del Gobierno ha vertido "acusaciones genéricas contra jueces y magistrados, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función".
En la misma línea se manifestó al día siguiente la portavoz del Gobierno y al siguiente el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños.
"Ante ello, queremos manifestar que tales afirmaciones no sólo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho", destacan los vocales, que afirman que "la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo".
Los vocales finalizan reiterando "nuestra plena lealtad a la Constitución y a las instituciones del Estado, nuestro respeto a la persona del fiscal general del Estado en el ejercicio de su derecho de defensa, y nuestro compromiso firme con la independencia judicial y con la dignidad de los actos solemnes que simbolizan la vigencia del Estado de Derecho".
