Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en una imagen de archivo.
El ICAM reitera su petición de cuatro años de prisión para García Ortiz por "filtrar" el correo del novio de Ayuso
El ICAM ejerce la acusación en esta causa. También solicita que el fiscal general sea suspendido y pague una multa de 81.000 euros.
Más información: La asociación de fiscales que acusa a García Ortiz pide para él 6 años de prisión y que Santos Cerdán declare en el juicio
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reiterado al Tribunal Supremo que solicita una pena de cuatro años de cárcel para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Así lo expresa en un nuevo escrito el ICAM, que ejerce la acusación popular en la causa judicial en la que García Ortiz ha sido investigado y que ahora enfila el juicio.
Con bastante probabilidad, el máximo responsable del Ministerio Público se sentará en el banquillo, acusado de haber filtrado a la prensa el correo electrónico en el que Carlos Neira, letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, admitió que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
A mediados de marzo de 2024, aquel e-mail acabó publicado por medios afines a Moncloa y, desde entonces, ha sido utilizado tanto por el Gobierno como por el PSOE para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El pasado 1 de septiembre, el instructor de esta causa, el juez del Supremo Ángel Hurtado, permitió a las distintas acusaciones ajustar o modificar sus solicitudes de pena, después de que la Sala de Apelación sacara del caso a Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
En respuesta, algunas partes así lo han hecho. El escrito del ICAM, que no varía su solicitud de condena, sí subraya que el Colegio de Abogados madrileño solicita "la pena máxima" por el delito de revelación de secretos porque, en este caso, lo habría cometido "nada más y nada menos que el fiscal general del Estado".
La filtración
El e-mail filtrado, firmado por Carlos Neira, fue enviado, el 2 de febrero de 2024, por el letrado al fiscal de Delitos Económicos Julián Salto.
En él, el abogado reconocía que, "ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública" por parte de González Amador. Y se abría a alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que evitase que el novio de Ayuso entrase en la cárcel.
Ahora bien, el contenido de ese correo, así como pantallazos del mismo, fue publicado por la prensa.
En concreto, su literalidad apareció en la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024, dos horas después de que llegara a la Fiscalía General tras ser enviado por la Fiscalía de Madrid. A la mañana siguiente, la web de El Plural difundió la propia imagen del mail.
La noche del día 13, a las 21:29 horas, El Mundo había publicado una noticia —falsa— que relataba que era Salto quien ofreció un pacto al novio de Ayuso.
No era así. El ofrecimiento, en efecto, partió del abogado Carlos Neira, tal y como se aprecia en el correo fechado el 2 de marzo.
Posteriormente, en la mañana del 14 de marzo de 2024, la Fiscalía difundió un comunicado que desmentía a El Mundo.
En su escrito de acusación, el ICAM critica que García Ortiz, "con el argumento sofista de que estaba saliendo al paso de un bulo", lo que hizo fue "lacerar el secreto profesional".
La causa judicial
Este caso judicial se inició con una querella de González Amador contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal que le denunció por fraude tributario, Julián Salto.
La causa fue derivada al Supremo el pasado 15 de octubre, después de que el fiscal general del Estado asumiera en primera persona la difusión de una nota de prensa. Al estar aforado García Ortiz, sólo el Alto Tribunal es competente para investigarle.
El pasado 9 de junio, el juez Ángel Hurtado, encargado de esta instrucción, propuso enviarle al banquillo. Pese a ello, el Gobierno mantiene su apoyo total a García Ortiz, quien, a su vez, descarta dimitir.
Este viernes, salvo sorpresa, el máximo representante de la Fiscalía acudirá, no sin polémica, a la ceremonia de apertura del Año Judicial, presidida por el rey Felipe VI y a la que también acude la presidenta del Supremo
Diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como las asociaciones mayoritarias de magistrados y fiscales, se han opuesto a que esté presente en ese acto.
