Tomás Serrano
El Gobierno respalda al primer fiscal general en el banquillo confiando en que un Supremo dividido le absuelva
El novio de Ayuso logra sentar en el banquillo al fiscal general, pero no hay precedentes recientes de que un aforado haya sido juzgado por la Sala Segunda con la discrepancia de algún magistrado.
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Álvaro García Ortiz, nombrado dos veces fiscal general por el Gobierno, cuenta con el respaldo explícito de Pedro Sánchez para ser el primer responsable de Ministerio Público que se siente en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo.
Eso podría ocurrir el próximo otoño. Pero antes, el 5 de septiembre, García Ortiz será el primer fiscal general acusado y pendiente de juicio que pronuncie ante el Rey el discurso que le corresponde en la solemne ceremonia de apertura del año judicial.
Ese enorme coste institucional es asumido por el Gobierno y por el propio fiscal general por dos motivos. El primero es que ambos están convencidos de que García Ortiz ha sido objeto de una "cacería política" desde el día en que se sentó en su despacho. Y Moncloa no está dispuesta a servir su cabeza al PP y, en particular, a Isabel Díaz Ayuso.
Ha sido la actuación de la pareja de la presidenta madrileña, el empresario Alberto González Amador, la que dio origen a la causa penal contra García Ortiz, para quien pide cuatro años de cárcel, su inhabilitación y 300.000 euros de indemnización.
La segunda razón es que el Gobierno confía en que, finalmente, la Sala Penal absuelva a García Ortiz, que siempre ha sostenido que no fue él quien filtró a la prensa el contenido de un correo electrónico, fechado el 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador admitió que "ciertamente" su cliente había "cometido dos delitos contra la Hacienda pública".
"No le pueden condenar. Con los indicios que señala la Sala de Apelación no puede haber una condena", afirman fuentes de Moncloa.
El principal indicio contra García Ortiz es la "relación temporal" de los hechos: el contenido textual del correo incriminatorio para González Amador, que no había trascendido en seis semanas, fue difundido por la Cadena Ser a las 23:25 horas del 13 de marzo de 2024, dos horas después de que García Ortiz pidiese el envío a su correo personal de todos los 'mails' cruzados entre la defensa del empresario y la Fiscalía de Delitos Económicos.
El interés del fiscal general era tener los elementos necesarios para desmentir informaciones falsas que empezaron a difundirse en algunos medios a partir de las 21:29 horas del 13 de marzo y según las cuales la Fiscalía habría ofrecido un pacto a González Amador para que se reconociese culpable de fraude fiscal.
La realidad era la contraria: fue la defensa de González Amador la que, en ese correo del 2 de febrero, planteó a la Fiscalía reconocer los hechos a cambio de una rebaja de la pena.
El contundente voto particular del magistrado Andrés Palomo, de gran prestigio en la Sala Penal, da apoyatura jurídica a la tesis exculpatoria. "No resulta posible con el acervo indiciario acumulado,
atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo del día 2 de febrero" al fiscal general, sostiene Palomo en un escrito incluso más extenso que la ya amplia resolución de la Sala de Apelación que confirma la instrucción de Ángel Hurtado y aboca a García Ortiz al juicio oral.
Fractura en la Sala
No hay antecedentes recientes de que un aforado haya ido al banquillo con la expresa discrepancia de uno de los magistrados que han revisado la instrucción en apelación.
En el caso del fiscal general, la Sala Penal ha estado dividida desde el principio. La apertura de la causa el 15 de octubre de 2024 se acordó con la oposición de la ponente, Susana Polo. Esta magistrada no expresó su disidencia en un voto particular al alegarse por el resto del tribunal que la ley no prevé la redacción de escritos discrepantes en ese tipo de resoluciones.
En el seno de la Sala de Apelación, Andrés Palomo no ha estado de acuerdo en la cerrada convalidación de la instrucción decidida por Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres.
A Palomo le correspondía precisamente la ponencia del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, contra la decisión de Hurtado de dar por terminada la instrucción, imputarle formalmente y abrir la fase de preparación del juicio oral. Al quedar en minoría, ha convertido en voto discrepante la ponencia que defendió.
Susana Polo formará parte de la Sala que juzgará a García Ortiz junto a Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela. Presidirá Andrés Martínez Arrieta, como presidente de la Sala Penal, y se incorporará un séptimo juzgador, que puede ser Ana Ferrer o Javier Hernández. "Con esa composición Polo no estará sola", aseguran fuentes del tribunal.
Mientras tanto, García Ortiz "aguantará", aseguran fuentes de su entorno. "Le cuesta muchísimo verse en esta situación, pero asegura que no ha filtrado nada y que así quedará de manifiesto en el juicio", añaden.
La exculpación de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha quitado presión al fiscal general. No solo por su aprecio a una buena profesional que, según ha constatado ahora la Sala de Apelación por unanimidad, se limitó a dar cuenta a su superior de la información que éste ordenó recabar, una obligación prevista estatutariamente.
De haberse desestimado su recurso, Pilar Rodríguez hubiera tenido que ser automáticamente suspendida en sus funciones de manera provisional, hasta que se dictara la sentencia. Pero no hay en la ley una previsión semejante para el fiscal general, que hubiera podido continuar ejerciendo sus tareas mientras su subordinada se iba a casa. Ese escenario habría sido difícilmente digerible.
