Isabel Pardo de Vera este lunes a su llegada a la Audiencia Nacional.
El juez retira el pasaporte y prohíbe salir de España a Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, que niegan amaños en obras
La expresidenta de Adif asegura que no se repartían contratos públicos entre las empresas y ha asegurado que "en mi vida me han dicho nada" sobre adjudicaciones a Acciona.
Más información: El juez de la Audiencia Nacional investiga a Pardo de Vera por 5 delitos: entre ellos, organización criminal y malversación
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado esta tarde, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, retirar el pasaporte y la prohibición de salir de España a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero, que han negado en declaración de hoy favorecer presuntamente la adjudicación irregular de obras públicas a determinadas constructoras a cambio de mordidas.
"En ningún caso se repartían obras" a determinadas empresas, ha afirmado Pardo de Vera, que ha dicho que ella nunca tuvo nada que ver con adjudicaciones.
Ambos estaban citados después de que el magistrado ordenara el pasado 26 de junio registros en sus domicilios tras abrir una pieza separada en la que les investiga por cinco posibles delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, delito de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos.
El juez investiga si Pardo de Vera y Herrero prestaron asistencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a través de su entonces asesor, Koldo García, para que las adjudicaciones proyectadas por ellos "pudieran llegar a buen término".
El magistrado sospecha también del "interés" del exdirigente socialista Santos Cerdán y de Koldo García en ascender a la Secretaría de Estado de Transportes a Pardo de Vera, quien, según lo investigado, habría favorecido "de manera recurrente" a las constructoras Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y OPR. El ascenso se produjo, pero no se materializó hasta que Ábalos salió del Ministerio de Transportes en 2021.
Un informe de la UCO conocido el pasado 12 de junio y implicó en la trama al exdirigente socialista Santos Cerdán sitúa a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero como dos de las personas claves de las que se habrían valido José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para el amaño de obras públicas en Transportes a cambio de comisiones ilegales.
En una resolución del pasado 25 de junio, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno afirmó que hay indicios de que Pardo de Vera y Herrero habrían permitido la "manipulación de los procesos de contratación” para “favorecer de manera recurrente” que varias constructoras obtuvieran adjudicaciones “a cambio de una contraprestación económica” que habría ido a los bolsillos de Ábalos y García.
Moreno ha asumido la investigación a estos dos exaltos cargos de Transportes después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dedujera testimonio contra ellos al considerar que los hechos que se les atribuye pueden ser depurados con desvinculación de la investigación que se sigue en el TS contra Ábalos, aforado ante el alto tribunal. Este fuero sí ha arrastrado a Koldo García y a Santos Cerdán, que dimitió como diputado y secretario de Organización del PSOE tras conocerse su implicación en el caso.
Contratación de Jésica
Antes de la ampliación de la investigación a las adjudicaciones presuntamente amañadas, Pardo de Vera ya estaba siendo investigada en la Audiencia Nacional por la contratación - "aparentemente irregular y caprichosa", en palabras del instructor del Supremo- de Jésica Rodríguez en dos empresas públicas dependientes de Transportes, Ineco y Tragsatec.
Rodríguez fue pareja, entre 2019 y 2021, del entonces ministro Ábalos. Pese a que cobraba mensualmente su salario público, cuando declaró como testigo en el Tribunal Supremo admitió que Ábalos y Koldo García le buscaron los trabajos y que jamás realizó labor alguna.
Pardo de Vera ha dicho sobre Rodríguez que ignoraba que tuviera relación con Ábalos ("puede que fuese la última en enterarme, quizá por ser mujer") y ha asegurado que se limitó a derivar su currículum a Ineco a petición de Koldo García.
Cuando se enteró de que Jésica era la "sobrina del ministro", como se decía, no quiso renovarle el contrato. "Me genera una situación violenta y, aunque podía prorrogar el contrato, doy largas", ha indicado.
Pardo de Vera valoró que esa situación "podía tener una repercusión reputacional" y "causar daño a las instituciones", por lo que llamó al ministro para comunicarle que la contratación de Jésica finalizaba
"Me costaba molestar al ministro, pero la situación no era ética", ha dicho.
La expresidenta de Adif ha asegurado que "jamás" supo que Rodríguez no trabajaba. "Y no lo hubiera permitido, habría actuado en consecuencia".
Se ha desvinculado de la posterior contratación de la expareja de Ábalos por Tragsatec, aunque ha manifestado que era frecuente que los auxiliares administrativos pasaran de Ineco a Tragsatec de forma automática.
También se ha desvinculado de las adjudicaciones de contratos de Adif y ha asegurado que no conoce a Fernando Merino, el exresponsable de Acciona en el norte de España, que está también investigado por el supuesto amaño de contratos.
Ha indicado que Acciona lleva muchos años contratando con la Administración pero "en mi vida me han dicho nada" sobre Acciona y adjudicaciones.
La investigada ha señalado que el 60% de la valoración en una licitación es económica y el 40%, técnica. "La técnica no pasa por Presidencia. Se evalúa por un equipo que se va a hacer cargo de la obra", ha explicado.
Pardo de Vera, que solo ha contestado a las preguntas del fiscal, ha manifestado que no ha tenido relación con Santos Cerdán, al que conoció una vez ya nombrada responsable de Adif.
Sí ha admitido que se quejaba al ministro Ábalos de que Koldo García le pedía de forma insistente información y de los modos en los que se conducía. "No es adecuado que una persona sin formación esté preguntando", ha dicho.
"He sido la persona más sincera sobre las actitudes y conversaciones inadecuadas de Koldo y lo único que conseguí fue él se enterase y se mofara", ha precisado. "'Bonita', me decía con esas expresiones que las mujeres a veces tenemos que aguantar, 'tu sigue diciéndole cosas al ministro, que te tienes que llevar bien con él'”.
Ha admitido que conoce a Víctor de Aldama, cuya confesión ha dado lugar al procedimiento. "Estaba en el 'hall' del ministro con asiduidad, pero yo no sabía cual era su papel, nunca me habló de ninguna adjudicación. En las pocas conversaciones que pude tener con él me contaba que tenía club de fútbol, un restaurante... Era una persona afable, pero nada más".
"Confusiones" de la UCO
Al igual que ha manifestado después Javier Herrero, la expresidenta de Adif ha manifestado que la UCO llega a conclusiones erróneas porque confunde licitaciones con adjudicaciones, con modificados y con contratos de emergencia. Además, habría confundido fechas de licitación con fechas de firma de los contratos.
Según el exdirector de Carreteras, los equipos de valoración técnica y de valoración económica son distintos. La valoración económica se guardaba en sobre cerrado y él sólo intervenía en la valoración técnica, junto con otros ingenieros de caminos y arquitectos.
Herrero, defendido por el abogado Jesús Mandri, ha asegurado que informaba a Koldo García por obras sobre las que éste le preguntaba en coincidencia con campañas electorales y cuando ya habían sido adjudicadas. Pero García "no tenía capacidad de influir" en las adjudicaciones.
En todo caso, eran datos públicos, ha dicho. Era frecuente que los políticos preguntaran por el proceso en el que estaban las obras pero "no por un tema de corrupción, sino de buscar rédito político".
Medidas cautelares
El instructor de la Audiencia Nacional no ha creído, al menos de momento, sus versiones.
En sendas resoluciones dictadas tras escucharles en declaración, Moreno se reafirma en que "de la investigación realizada, las evidencias digitales y la documentación obrante en la causa se ha constatado" que tanto Pardo de Vera como Herrero "habrían participado en la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana".
Añade que ambos habrían favorecido, "de manera recurrente, a petición de Koldo García Izaguirre, a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública".
El juez cita, en concreto, a Acciona y LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción).
Entre otros datos contra Pardo de Vera, el juez alude a una conversación que tuvo con Koldo García el 18 de noviembre de 2020 y que éste grabó subrepticiamente. En el audio se oye al entonces asesor del ministro de Transportes solicitar a la presidenta de Adif que se adjudicase una obra de emergencia a LIC.
Tras indicarle Pardo de Vera que LIC había resultado adjudicataria recientemente de una licitación de emergencia y advertir que otorgarle otra tan seguida iba a “cantar”, le prometió que valoraría las opciones.
Tan solo un mes más tarde, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por importe de 592.053 euros.
Respecto a Herrero, el instructor menciona, entre otros datos, la adjudicación a Acciona de una obra de la autovía A-68 a su paso por la provincia de Logroño.
El entonces director de Carreteras envió un mensaje a Koldo diciendo “Bingo!!! En Logroño”.
El juez no aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, pero considera necesario asegurar la presencia de ambos en el proceso y acuerda su libertad provisional con medidas cautelares leves: la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España.
Aunque el juez no lo justifica (ni tampoco es el momento de una concreción precisa), de las resoluciones sobre medidas cautelares se han 'caído' dos delitos que Moreno sí mencionó al acordar los registros en las viviendas de Pardo de Vera y Herrero: prevaricación y malversación de fondos.
En cambio, sigue mencionando los presuntos delitos pertenencia a organización criminal, cohecho, y delito de tráfico de influencias.