Tomás Serrano.
"Maquillaje" y "mucho humo": los jueces no se creen el plan anticorrupción porque lo que les falta son más medios
Consideran que ya hay herramientas normativas y organismos suficientes, pero falta dotación presupuestaria para disponer de medios personales y materiales y "una voluntad política real".
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Las asociaciones de jueces han acogido con escepticismo el plan de medidas anticorrupción anunciado ayer en el Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el estallido del 'caso Cerdán'. Consideran que ya existen instrumentos normativos y organismos de lucha contra la corrupción y lo que hace falta es que se les dote presupuestariamente para tener suficientes medios personales y materiales, y "una voluntad política real de acabar con prácticas corruptas".
La presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, califica de "maquillaje" el plan expuesto. "Ya tenemos al Poder Judicial, a la Fiscalía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para luchar contra la corrupción. Lo que hace falta son medios", afirma.
"Y que las penas se cumplan", añade Del Barco, recordando que este mismo Gobierno ha bajado las penas por malversación de fondos públicos, uno de los delitos de corrupción más relevantes.
"De poco sirve incrementar las penas del Código Penal si luego van a indultar o amnistiar a los condenados", manifiesta la presidencia de la APM.
Del Barco sostiene que luchar contra la corrupción es "respetar la independencia de los jueces, en vez de atacarles. Respetar la autonomía de los fiscales, en vez de aumentar su dependencia del Gobierno. Reforzar a la UCO y a la UDEF, en vez de tratar de controlarlas o no darles medios".
"Ni la independencia judicial ni la autonomía del Ministerio Público se respetan por este Gobierno en las reformas que tiene en marcha", subraya la magistrada, recordando que las iniciativas legislativas del ministro Bolaños han motivado una huelga de jueces y fiscales.
"Sin presupuesto, es papel mojado"
Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa en la carrera judicial, valora que el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción incluye "medidas loables sobre el papel, pero presenta serias carencias de fondo".
"Para combatir realmente la corrupción no basta con anunciar agencias nuevas o herramientas tecnológicas si no se garantiza antes algo esencial: la independencia efectiva del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. Sin blindar a la Fiscalía de injerencias del Ejecutivo -especialmente en casos que pueden afectarle directamente-, medidas como otorgar la instrucción penal a los fiscales resultan muy preocupantes".
Oliva constata que muchas de las medidas anunciadas "son redundantes o ya están vigentes". La protección de denunciantes fue objeto de una ley específica en 2023; el decomiso de bienes ya es posible en nuestro ordenamiento penal; el Código Penal ya contempla la imposibilidad de que las empresas condenadas por corrupción contraten con la Administración; los partidos ya tienen la obligación de declarar las donaciones. "Repetir lo que ya existe no es reformar, es marketing".
A su juicio, la nueva Agencia de Integridad Pública "tampoco parece responder a una necesidad real: ya contamos con órganos especializados como la Fiscalía, los jueces, las Fuerzas de Seguridad o el Tribunal de Cuentas. Lo que falta no es estructura, sino voluntad política para dejarles actuar con autonomía".
Oliva sí aprecia que "se abre una puerta interesante a que la ciudadanía pueda auditar las decisiones automatizadas en la contratación pública, aunque no se menciona el acceso al código fuente de esas herramientas de inteligencia artificial. Sin transparencia tecnológica, esa participación puede quedarse en lo superficial".
"Se corre el riesgo que estemos ante medidas de maquillaje, porque no están acompañadas de presupuesto, en un contexto en el que carecemos de Presupuesto General del Estado", afirma.
"Sin dotación de medios materiales y personales no tiene eficacia alguna otorgar preferencia a causas con cargos públicos, dado que las cargas de trabajo actuales apenas permiten salvar la preferencia ya otorgada a presos y menores, entre otras materias", añade.
El portavoz de AJFV recuerda que las asociaciones de jueces vienen reclamando, sin éxito, una reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece los plazos de instrucción, entre otros motivos porque la investigación de las tramas de corrupción es compleja.
"Hay que permanecer atentos a la plasmación práctica de una mera declaración de intenciones que, si no va dotada con sustento presupuestario, puede quedar en papel mojado”, concluye.
"Mucho humo"
"Desconfío de la intención y de la eficacia de ese plan", arranca Fernando Portillo, portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI).
"Si al Gobierno le preocupase la lucha contra la corrupción, no estaría tramitando dos proyectos que van en la dirección contraria, en la dirección de condicionar la independencia de los jueces y la actuación de los fiscales".
"Una instrucción de los delitos dirigida por una Fiscalía dependiente jerárquicamente del fiscal general nombrado por el Gobierno va a hacer su trabajo en el 98% de los casos muy bien, pero va a arrojar sospechas de eficacia cuando se trate de casos de corrupción que afecten precisamente a ese Gobierno", explica.
A su parecer, no es necesario "crear más organismos públicos sin competencias concretas" sino "dotar bien a los que tenemos". "Parece que están redescubriendo la pólvora con órganos que ya existen, como la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Dótenla bien para que funcione", reclama.
"Simple y llanamente, ya tenemos herramientas para luchar contra la corrupción. Lo que hace falta es que se quiera poner los medios necesarios para que esas herramientas sean eficaces. No veo una voluntad real de hacerlo, veo mucho humo", dice Portillo.
Más medios
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), su portavoz, Edmundo Rodríguez, estima que "las medidas propuestas pueden ser útiles", pero "precisarán desarrollo, concreción, un amplio debate público y dotación de medios para que la Administración de Justicia pueda responder con mayor eficacia que en la actualidad".
Así, considera "interesante" que se amplíe el plazo de prescripción para perseguir los delitos de corrupción, si bien subraya que "lo esencial es que, por un lado, se aumenten los plazos máximos de instrucción" y, por otro, "que se fomente una investigación ágil, con equipos multidisciplinares compuestos por fiscales, inspectores de hacienda, expertos y policías, más que especializar los órganos judiciales de enjuiciamiento, que hasta la fecha realizan una labor razonable", informa Europa Press.
Rodríguez también ve "adecuado" poner el acento en "las empresas corruptoras", aunque advierte de que "la solución no es incrementar las penas, que ya son bastante elevadas", sino adoptar otras "medidas disuasorias", "además de las sugeridas".
En este sentido, propone que "no sólo se reintegrara el importe de las mordidas sino el de toda la obra, incluso si se ha realizado, de manera que se sancionara con la pérdida de todo beneficio".
