La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, en los Juzgados de Plaza de Castilla.

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, en los Juzgados de Plaza de Castilla. Europa Press

Tribunales CASO BEGOÑA

La Audiencia de Madrid avala que se investigue a la asesora de Begoña pero reprocha a Peinado que no lo motivara lo suficiente

Apoya requerir su registro de llamadas y expresa que existen indicios de que Álvarez "excedió sus funciones" al hacer gestiones privadas para Gómez.

Más información: La Audiencia plantea que la asesora de Begoña "pudo desviar recursos públicos a intereses privados" y "exceder su función"

Publicada
Actualizada

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que el juez Juan Carlos Peinado mantenga investigada a Cristina Álvarez, la asesora en Moncloa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Ha permitido también que Peinado requiera el registro de llamadas entrantes y salientes de su teléfono.

Ahora bien, el tribunal ha reprochado al magistrado que no motivase lo suficiente su decisión de convertir a Álvarez, tras haber sido testigo, en investigada, misma condición que ostenta la mujer del presidente del Gobierno.

Todo ello consta en una resolución fechada el pasado 12 de junio y a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

A ojos de la Audiencia Provincial, la motivación de aquella decisión de Peinado fue "sumamente reducida, por no decir, prácticamente, inexistente".

El tribunal le afea que no incluyera la "necesaria" justificación, "siendo conocida la importancia de la mínima motivación jurídica".

Además, Peinado ya había rechazado, meses atrás, citar a Álvarez como investigada. Sin embargo, tras escuchar su testifical, que queda ahora anulada, cambió de criterio y lo hizo.

La Audiencia le reprocha ahora que "hubiera debido motivar de forma más detallada su cambio de decisión".

"Excedió sus funciones"

"En concreto, respecto de la investigada Cristina Álvarez, ¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar?", se pregunta la Audiencia.

Y se contesta: señala el tribunal que la instrucción "tendrá que centrarse" en averiguar si la asesora de Gómez "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas".

Álvarez fue contratada en 2019 como asistente de Begoña Gómez. Su principal labor era la de coordinar la agenda protocolaria e institucional de la mujer de Pedro Sánchez.

Ahora bien, tal y como se desprende de la investigación judicial, realizó gestiones en favor de los negocios privados de Begoña Gómez.

Recuerda la Audiencia Provincial que "las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno".

Sin embargo, concluye que "excedió claramente sus funciones", al hacer gestiones relativas a los negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno.

"Otro dato más a considerar", subraya la Audiencia, "es el de la amistad personal previa" entre Cristina Álvarez y Begoña Gómez, "siendo la razón" del nombramiento de la primera. Su cargo, en efecto, es de personal eventual, un cargo de confianza.

La mejora de las actividades privadas de la mujer de Sánchez, si se produjo gracias a la designación de Álvarez, como así lo sostiene el tribunal, "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados".

"Y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno", concluye la Audiencia madrileña.

Pedir dinero a Reale

En concreto, la resolución menciona el correo electrónico, publicado por EL ESPAÑOL, que Cristina Álvarez envió a Reale Seguros. Esta empresa era una de las principales financiadoras de la cátedra que la mujer de Pedro Sánchez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En nombre de la propia Gómez —"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría..."—, su asesora insta a Reale Seguros a seguir patrocinando este proyecto académico.

Correo enviado por la alto cargo de Moncloa a Reale Seguros instando a seguir financiando la cátedra de Begoña.

Correo enviado por la alto cargo de Moncloa a Reale Seguros instando a seguir financiando la cátedra de Begoña. EL ESPAÑOL

También existen otros e-mails en los que constan gestiones de Álvarez con miembros de la UCM, que, a ojos del tribunal, "supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración".

"El plan del autor"

Por todo ello, la Audiencia Provincial sostiene que existen indicios para investigar si, con la designación de Álvarez y su posterior comportamiento, se produjo un delito de malversación de caudales públicos.

Y apunta a que la contratación de Álvarez y las labores personales que realizó en favor de Begoña Gómez, aunque quizá no constituyeron un delito de malversación cometido por ella, puede que sí favorecieran un posible tráfico de influencias por parte de la esposa de Pedro Sánchez.

Los magistrados Enrique Jesús Bergés de Ramón, Jesús Gómez-Angulo y Rosario Esteban Meilán expresan que "el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación, que sólo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión".

"Sin embargo, su connivencia o anuencia [la del funcionario] con esa conducta viene", según la Audiencia, "a redundar en el elemento clave" de un posible tráfico de influencias.

"Es decir, al tolerar ese ilícito comportamiento, quizá no esté cometiendo un delito de malversación, que sólo cabría plantear en el caso de que cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada, pero sí es un elemento fáctico de la máxima trascendencia a la hora de poder acreditar su solidaridad con el plan del autor, en tanto su posición institucional refuerza las posibilidades de influencia de la conducta de la principal investigada [Begoña Gómez], que se mueve en ese limbo de poder no institucionalizado", concluyen los magistrados.