El juez Pedraz niega que la UCO manipulara un caso judicial y descarta un "espionaje político" del capitán Bonilla contra Koldo

En esta causa investiga un presunto fraude de IVA que habría cometido un entramado de empresas de hidrocarburos.

Asegura el juez que "este procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación" por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

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De esta forma, rechaza, por segunda vez, la petición de nulidad presentada por uno de los investigados en este procedimiento, Juan Sánchez Yepes.

"Obviamente, si este magistrado instructor lo hubiera detectado, se actuaría en consecuencia", señala el juez.

Este investigado, antiguo guardia civil, había planteado la nulidad de la causa al considerar que tanto la UCO como el Ministerio Fiscal habrían hecho un "caprichoso manejo" de las diligencias instruidas en otro procedimiento de hidrocarburos también instruido por la Audiencia Nacional.

El abogado de Yepes aseguraba en su escrito que la UCO "clasifica" de modo arbitrario y en base a su propio y personal conocimiento la información que administra a cada procedimiento.

Pedraz responde "lo que no está en el expediente, no existe en el proceso", por lo que lo actuado fuera de esta causa judicial y que, por tanto, no consta dentro del respectivo expediente, no debe ser considerado.

Bonilla y Caramés

Entre otros argumentos, la defensa de Sánchez Yepes esgrimió una conversación telefónica en la que participó el excapitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, que trabaja hoy para la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

En aquella charla, un confidente le mencionaba a Bonilla el nombre de Koldo, posible alusión al asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. Se refirió a esta persona como "mano derecha de los que trincan".

Actualmente, tanto Ábalos como Koldo están siendo investigados, por supuesta corrupción, en un procedimiento instruido por el Tribunal Supremo y en el que, como fuerza policial, actúa la UCO.

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De hecho, este mismo martes, la Unidad Central Operativa ha iniciado un registro de la vivienda, ubicada en Valencia, del exministro, quien también fue secretario de Organización del PSOE hasta 2021.

Los agentes buscan información sobre el supuesto cobro, por parte del político y de su exasesor, de comisiones ilegales a través de la adjudicación de contratos públicos.

Fue el Gobierno madrileño, presidido por Isabel Díaz Ayuso, el que presentó la querella ante la Fiscalía Anticorrupción que dio lugar a la apertura del hoy llamado caso Koldo/Ábalos.

Ahora bien, Pedraz, en su resolución, responde a la defensa de Sánchez Yepes que la prensa "no está en la causa" y la mención a Koldo "no significa nada, por mucho que sea conocido a nivel mediático". El magistrado tacha los argumentos a favor de solicitar la nulidad de "meras conjeturas".

"Igualmente, por lo señalado, resulta inoportuno manifestar que nos encontramos ante un espionaje con fines políticos, derivado de noticias de prensa y de la existencia de una conversación telefónica en la que se menciona a Koldo", razona Pedraz.

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Debido a las conversaciones (tergiversadas) entre Bonilla y su confidente, el empresario José Luis Caramés, publicadas por ciertos medios, el Gobierno alimentó (y se negó a rectificar cuando se demostró falso) el bulo de que el ya excapitán de la UCO planeó poner una "bomba lapa" para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En efecto, en aquella conversación se mencionaban esas dos palabras, pero en ningún caso como parte de un plan magnicida, pese a que así lo dejaron ver ciertos medios y hasta tres ministros del Gobierno, que aún no han rectificado ni pedido perdón.

El escrito de Yepes

EL ESPAÑOL tuvo acceso al escrito en el que la defensa de Sánchez Yepes pedía la nulidad del caso Gaslow.

Lo firmaba, en octubre de 2024, su abogado, Jacobo Teijelo. Este letrado es el mismo que participó, junto a la llamada fontanera del PSOE, Leire Díaz, en varias reuniones con empresarios investigados en diversos fraudes de hidrocarburos.

El interés común de los participantes en estos encuentros era tratar de anular dichas causas judiciales alegando supuestos complots orquestados por mandos de la UCO, unidad policial actuante en estos procedimientos.

Las grabaciones de varias de aquellas conversaciones se han hecho públicas recientemente, en lo que se conoce ya como el caso Leire o caso Fontanera.

Como se aprecia en dichos audios, Díaz llegó a ofrecer reuniones con la Fiscalía o tratos privilegiados a aquellos empresarios investigados que les aportasen pruebas con las que atacar a la Guardia Civil.