
El execretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Europa Press
El instructor del Supremo rechaza citar a los excargos de Moncloa Vallés y Sánchez Acera y no llama por ahora a Antolín
El magistrado Hurtado sí acepta otras diligencias pedidas por las acusaciones, entre ellas saber cuántas veces ha cambiado de móvil el fiscal general desde junio de 2023 y que se envíen los móviles que ha entregado.
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El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general por la presunta revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha rechazado recibir declaración al exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y a Pilar Sánchez Acera, exjefa de gabinete de Óscar López cuando éste era responsable del gabinete del presidente del Gobierno.
En una resolución conocida este miércoles, Hurtado también rechaza la petición de las acusaciones de citar al jefe de prensa del PSOE, Ion Antolín, y a la directora de comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada.
Los cuatro aparecieron en la información almacenada en el móvil de Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid, como conocedores del correo electrónico en el que la defensa del novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía admitir dos delitos de fraude fiscal a cambio de no ingresar en prisión. El Supremo investiga al fiscal general Álvaro García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la filtración a la prensa de ese correo.
"No se accede, por ahora, a la práctica de dichas diligencias", dice el instructor en relación con la citación de Vallés, Sánchez Acera, Antolín y Sánchez Espada, "sin perjuicio de lo que pueda requerir el avance de la instrucción, entre lo cual conviene valorar, previamente, hasta qué punto puede ser relevante su toma de declaración de cara al esclarecimiento de los hechos".
El cambio de móvil del fiscal general
Hurtado sí ha aceptado dos de las diligencias solicitadas en diciembre por las acusaciones.
Una de ellas es requerir al fiscal delegado de protección de datos para que aporte una copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal.
En segundo lugar, el instructor accede a requerir al departamento de informática de la Fiscalía General para que aporte la relación de ocasiones en las que el fiscal general ha cambiado de móvil desde junio de 2023, con indicación de los datos de referencia de cada terminal.
También ordena que se le remitan los dispositivos móviles entregados por Álvaro García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado y pide que se le informe sobre si los anteriores dispositivos móviles han sido formateados. En caso afirmativo, el juez requiere la identidad de la persona que haya procedido al formateo, fecha en la que dichos formateos se hayan producido y software utilizado.
Considera que esa diligencia puede servir de complemento a la información recogida en el informe de la UCO del pasado 3 de enero, en que se comunicaba al juez el cambio de terminal telefónico por parte del fiscal general.
En cambio, no ha aceptado solicitar la relación de ocasiones en las que desde el 7 de marzo de 2024 los miembros de la Fiscalía General del Estado han cambiado de dispositivo telefónico.
El juez rechaza también la diligencia solicitada por la acusación particular para que se requiera a la Fiscalía Provincial de Madrid la fecha de designación del fiscal encargado de las diligencias previas en las que está incursa Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Hurtado subraya que “no ve la relación que dicho procedimiento pudiera tener con el presente”.
Tampoco acepta la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de extender en este momento la investigación a un presunto delito de prevaricación administrativa.