Nicola Flavio Giulio Foglia, Xavier Vendrell, Oriol Soler, Marta Rovira, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez Sellés, Marta Molina, Jaume Cabani, Josep Lluís Alay y Oleguer Serra.

Nicola Flavio Giulio Foglia, Xavier Vendrell, Oriol Soler, Marta Rovira, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez Sellés, Marta Molina, Jaume Cabani, Josep Lluís Alay y Oleguer Serra.

Tribunales TSUNAMI DEMOCRÀTIC

El juez pregunta al fiscal si debe ordenar detener a los investigados en 'Tsunami' que no han declarado hoy

La única que ha comparecido este miércoles ha sido Marta Molina, que ha declarado por videoconferencia desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

22 mayo, 2024 15:46

El juez del caso Tsunami Democràtic ha consultado a la Fiscalía sobre si debe ordenar la detención de los investigados que, pese a estar citados a declarar este miércoles, no lo han hecho.

Así lo informan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, conocedoras de esta decisión. El magistrado, Manuel García-Castellón, ha planteado esta posibilidad al fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, quien se ha mostrado muy crítico con su instrucción, se opone a calificar los hechos investigados como un delito de terrorismo y es partidario de que la Audiencia Nacional derive esta causa a los juzgados de Barcelona.

Este miércoles estaban citados a declarar gran parte de los investigados en esta causa, que versa sobre la organización de los disturbios violentos auspiciados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic. Entre otros hechos, se investiga el asalto al Aeropuerto de El Prat, ocurrido en octubre de 2019 como protesta contra la condena a los líderes del procés independentista.

Ahora bien, varios de los investigados pidieron a García-Castellón aplazar sus declaraciones. En el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, debido a que su abogado tenía un compromiso previo. El magistrado instructor suspendió sine die su interrogatorio. También, el del historiador Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Carles Puigdemont, y el del empresario Oriol Soler. Pero no el del resto.

Por ello, hoy estaba previsto que acudiesen a declarar, entre otros, Xavier Vendrell, antiguo dirigente de ERC y hoy residente en Colombia, desde donde pidió declarar. Pero García-Castellón no lo permitió. Sin embargo, Vendrell no ha comparecido.

La única que sí lo ha hecho es Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC, que se ha presentado en los juzgados de Barcelona, arropada por la plana mayor de su partido, para declarar por videoconferencia.

Ante el juez, ha manifestado que ella es una activista pacífica y que Tsunami Democràtic nunca instó a cometer actos de violencia, sino de "movilización ciudadana pacífica".

'Caso Tsunami'

En el llamado caso Tsunami Democràtic, García-Castellón, investiga las acciones violentas organizadas por la plataforma independentista que da nombre a la causa.

Tsunami Democràtic convocó en 2019 concentraciones en protesta contra la condena de los líderes del procés. Aquellos actos desembocaron en graves altercados, en los que fueron heridos de gravedad varios agentes.

Uno de los hechos que investiga la Audiencia Nacional es el asalto al Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, que fue tomado por miles de radicales independentistas en octubre de aquel año.

Otro de los imputados en el caso Tsunami es Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña hasta la convocatoria del referéndum ilegal de 2017 (hechos que dieron lugar a la condena, por parte del Supremo, de los líderes del procés). No obstante, es el Alto Tribunal el que asumió la investigación en su contra, ya que está aforado, al ser miembro del Parlamento Europeo.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por boca de Miguel Ángel Carballo, quien se ha enfrentado duramente al juez García-Castellón, descarta que los hechos investigados puedan ser considerados como un delito de terrorismo. De hecho, el fiscal pretende que la causa sea derivada a un juzgado ordinario de Barcelona. 

Asimismo, el llamado caso Tsunami Democràtic podría verse afectado por la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, redactada ad hoc para la situación procesal de Carles Puigdemont.