El eurodiputado Adrián Vázquez, la magistrada Cristina de Vicente y los jueces polacos Lukasz Mrozek y Karolina Rokita durante el debate organizado por Foro Judicial Independiente este viernes./
Jueces polacos aconsejan a los españoles: "Salid a explicar lo que hacen con el Estado de derecho"
Dos magistrados de Polonia ven un cierto paralelismo entre las reformas para "controlar la Justicia" en su país y "lo que empieza a ocurrir" en España.
1 diciembre, 2023 22:20"Somos jueces europeos. No deberíamos estar pasivos en la defensa de los valores del Estado de derecho. Vosotros, con la ley de amnistía o con el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, deberíais explicar a la gente esos valores", ha dicho este viernes en Madrid el juez polaco Lukasz Mrozek dirigiéndose a sus colegas españoles.
Mrozek ha participado junto a la jueza Karolina Rokita, ambos miembros de la asociación judicial polaca Iustitia, en la II Jornada sobre el Estado de derecho organizada por el Foro Judicial Independiente, celebrada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En el debate también ha intervenido el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez.
Los magistrados polacos han explicado la polémica reforma judicial que llevó a cabo a partir de 2017 el Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS).
Esas reformas "daban al Gobierno el control del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional del Poder Judicial polacos", explicó Mrozek, que destacó que las iniciativas legislativas tuvieron una tramitación "muy rápida" en el Parlamento. También en España se han tramitado por el procedimiento de urgencia las últimas reformas que han afectado al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Por la misma vía exprés se proyecta aprobar ahora la amnistía a los encausados por el 'procés' catalán.
Las reformas impulsadas por el PiS adelantaban la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de los 70 a los 65 años con el fin de poder prescindir de muchos de ellos.
Además, creaban una Sala Disciplinaria dentro del Tribunal Supremo con competencia para someter a los jueces a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales, incluido el ejercicio de su facultad de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
También se cambió el sistema de elección de los miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial, equivalente al Consejo General del Poder Judicial español. Integrado por 25 miembros, 15 de ellos eran jueces elegidos por los propios jueces, pero a partir de la reforma pasaron a ser designados por el Congreso. Es decir, todo el CNPJ pasó a ser de extracción política, como sucede con el CGPJ español.
La reacción
Esas medidas dieron lugar a una amplia movilización de los jueces, algunos de los cuales fueron suspendidos y sus sueldos rebajados hasta un 40%.
La oposición de la Judicatura, la reacción del Europarlamento -"tardía", admitió Andrián Vázquez- y la actuación de la Comisión Europea, que en 2017 activó el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la UE, dieron sus frutos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acogieron los argumentos de los jueces y declararon que medidas como la reducción de la edad de jubilación o conferir al presidente de la República la prerrogativa discrecional de prorrogar el ejercicio del cargo judicial vulneraban la inamovilidad y la independencia de los jueces.
El pasado 5 de junio, el TJUE consideró que la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia vulneraba el Derecho de la Unión Europea al afectar a principios como la inamovilidad y la independencia judicial.
Polonia llegó a acumular 555,5 millones de euros en multas coercitivas por negarse a suspender cautelarmente la actividad de esa Sala Disciplinaria mientras la Corte de Luxemburgo se pronunciaba sobre la demanda promovida por la propia Comisión Europea.
En ese fallo, el TJUE subrayó que el control del cumplimiento por parte de un Estado miembro "de valores y principios como el Estado de derecho, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial" entra plenamente dentro de su competencia. El Tribunal de Luxemburgo es una de las instancias a las que los jueces españoles que llevan asuntos relacionados con el 'procés' podrían acudir llegado el momento de aplicar la ley de amnistía.
Mrozek y Rokita han manifestado que Iustitia, la asociación judicial mayoritaria en Polonia, a la que pertenecen unos 3.000 jueces (un tercio del total), ha sido "muy activa" en la movilización contra las reformas del PiS.
Participó en demandas ante el TJUE (no ante el Tribunal Constitucional, en el que han perdido la confianza) y ha protagonizado numerosas iniciativas públicas para explicar qué estaba sucediendo con los cambios que afectaban al Poder Judicial.
"La gente está ocupada en sus cosas y no es consciente de la importancia de que los jueces sean independientes y no estén controlados por el poder político", han señalado.
Jueces y abogados de toda Europa participan en la 'Marcha de los Mil Togas' celebrada en Varsovia el 11 de enero de 2020 para protestar contra las reformas judiciales del Gobierno.
"Nosotros vamos a las televisiones, a las radios, a los medios a explicar lo que sucede con el Estado de derecho", ha dicho Rokita. La cuenta de Facebook de Iustitia tiene más de 70.000 seguidores.
"No deberíamos estar pasivos", ha insistido Mrozek. "Será muy fácil que os acusen de hacer política", ha advertido. "Pero los jueces tenéis la intuición de lo que puede suceder y nadie puede explicarlo mejor a la sociedad".
El magistrado polaco ha defendido que hay que hacer frente a "la manipulación de los políticos que quieren que los jueces nos callemos". "Debemos hacer lo que creemos que tenemos que hacer para explicar a la sociedad por qué la independencia de los jueces es tan importante. Es crucial que vosotros, los jueces españoles, expliquéis por qué os oponéis a algunas leyes".
