Mariano Rajoy, en una imagen reciente.

Mariano Rajoy, en una imagen reciente. Europa Press

Tribunales OPERACIÓN CATALUÑA

El TSJM permite a la juez de Andorra investigar el papel de Rajoy en la 'Operación Cataluña'

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da luz verde a la comisión rogatoria solicitada por el Principado y autoriza el envío de documentación.

2 noviembre, 2022 12:52

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado el intento de Mariano Rajoy de paralizar la investigación judicial andorrana que indaga en su papel en la llamada Operación Cataluña.

En un auto fechado el pasado lunes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha ordenado dar curso a la comisión rogatoria que libró una juez de Andorra con el objetivo de interrogar al expresidente del Gobierno español. Dicha investigación se deriva de una querella presentada en el Principado, que acusa a Rajoy de coacciones para obtener datos bancarios de Jordi Pujol.

De esta forma, los magistrados levantan la suspensión cautelarísima que habían acordado y dan vía libre a la petición de auxilio solicitada por la Justicia del Principado, que recibirá la documentación solicitada a España.

[Mariano Rajoy, investigado en Andorra por supuesta coacción para obtener datos bancarios de Pujol]

Además de a Rajoy, la juez investiga al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos policiales de obtener "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras. Todo ello habría sucedido en el marco de la llamada Operación Cataluña.

Rajoy, mediante diversos recursos, solicitó la paralización del envío de documentación a Andorra. Ahora, los jueces del TSJM concluyen, en su auto, que adujo "invocaciones genéricas e inconsistentes". Tal y como informó EL ESPAÑOL, la Fiscalía se había opuesto a este intento del expresidente del Gobierno de frenar la comisión rogatoria.

Por todo ello, los magistrados María Teresa Delgado, Cristina Cadenas, Ramón Fernández y Luis Fernández determinan que "resulta evidente que hay suficientes motivos para no acceder a lo pedido [por Mariano Rajoy]".

La querella de BPA

El pasado junio, la juez andorrana notificó a Rajoy y a los dos exministros que se les investiga en el Principado a raíz de una querella por las supuestas "extorsiones" a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información financiera de varios políticos catalanes con el fin de tratar de frenar y desacreditar el procés.

La querella de la que se deriva esta causa fue presentada por el Institut de Drets Humans d'Andorra, la asociación Drets y el expresidente del banco BPA, Higini Cierco Noguer.

Fue el pasado junio cuando la juez Stéphanie Garcia envió una comisión rogatoria a España para notificar la querella a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz.

La magistrada también comunicó su condición de querellados a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y a Ignacio Cosidó, quien fuese director general de la Policía entre 2011 y 2016.

Todos ellos, según consta en la documentación a la que tuvo acceso este periódico, están investigados en el Principado por los presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión y "creación de un documento falso por parte de funcionario".

'Policía patriótica'

La querella fue presentada por los supuestos delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental. Acusa a Rajoy y Fernández Díaz de utilizar, desde el año 2014, a agentes de la denominada policía patriótica para presionar a responsables del banco BPA. 

"La razón era la de conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana y relacionada con distintos gobernantes de Cataluña y sus familiares", explicaba la resolución firmada por la juez.

La querella de la que se deriva esta causa sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid ambos ya clausurados si no facilitaban la información exigida.