Luceño dice al juez que Lin Shin fue un "proveedor" que no participó en la venta de mascarillas

Alberto Luceño, uno de los dos investigados en el caso Mascarillas, ha enviado un escrito al juez en el que asegura que Lin Shin fue "algún proveedor" que, "en los momentos iniciales de la operación, pareciera que iba a participar, sin llegar a hacerlo finalmente".

Así consta en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, fechado este lunes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El magistrado Alfonso Carretero investiga dicha compraventa de mascarillas, guantes y test antiCovid adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, y por la que Luceño y el otro imputado, Luis Medina, se embolsaron abultadas comisiones. Ambos están siendo investigados por estafa, blanqueo y falsedad documental.

El nombre de Lin Shin figura en una tabla, entregada al Juzgado por Medina, como la tercera de las personas que cobró una comisión por esta compraventa, además de los dos imputados.

Por ello, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el magistrado instructor Adolfo Carretero ordenó tanto a Luceño como a la empresa pública que compró los productos sanitarios que aportasen todos los datos sobre esta persona.

"Así las cosas, a fe de evidenciar una vez más la unánime voluntad colaboradora del señor Luceño con el Juzgado venimos a manifestar que, como ya declaró el señor Luceño, a lo largo y ancho de una operación de comercio internacional los participantes en la misma y sus honorarios van variando, incluso notablemente, por lo que no debe sorprender la presencia del nombre Lin Shin en el listado remitido", expone el escrito.

"Estas variaciones de emolumentos y personas coadyuvantes en un negocio jurídico en gestación y desarrollo no debe extrañar, pues, de modo que probablemente el señor Lin Shin fue algún proveedor que en los momentos iniciales de la operación pareciera que iba a participar, sin llegar a hacerlo finalmente", añade la defensa de Luceño, que asegura que éste "carece de sus datos identificativos".

"Quizás cuando le sean devueltos sus dispositivos móviles y ordenadores pueda disponer de nueva información. Entre tanto, téngase por cumplimentado voluntariamente el requerimiento", finaliza.

Las comisiones

Fue Luceño quien habría entregado a Medina la tabla que muestra el reparto de comisiones en la operación. Ahí figura el nombre de Lin Shin, desconocido hasta entonces.

Podemos, personado en este caso como acusación popular, solicitó al juez que ordenase recabar todos los datos sobre esta persona. Y así lo hizo el magistrado.

En el escrito en el que lo solicitaba, la formación izquierdista señalaba su "sorpresa" al comprobar que la suma de las cantidades que aquella tabla asignaba a Alberto, a Lin Shin y a Leno (la empresa malasia suministradora del material sanitario) "sean prácticamente coincidentes con las que fueron finalmente percibidas por el investigado Luceño".

Además, en la querella que dio inició a esta causa judicial, la Fiscalía Anticorrupción señalaba que este último habría ocultado a Luis Medina, su socio en la operación, que sus comisiones no eran idénticas, sino que la del primero era tres veces superior a la del segundo.

San Chin Choon

Y el de Lin Shin no es el único nombre asiático sobre el que planean ciertas dudas. El responsable de la compañía Leno es San Chin Choon, el empresario malasio que suministró a Luceño y a Medina el material sanitario que ambos hicieron llegar al Ayuntamiento, a cambio de suculentas comisiones.

Antes del verano, el Juzgado recibió un e-mail atribuido a Chin Choon que confirmó, punto por punto, la tesis de la defensa de los dos imputados: negó cualquier irregularidad en la venta al consistorio y presentó a ambos investigados como "agentes de venta" exclusivos de Leno.

Pero la Fiscalía sospecha del lenguaje —un spanglish más propio de un hispanohablante— en el que está redactado este correo electrónico. Por ello, solicitó al juez Carretero que averigüe más datos sobre la relación entre Luceño y San Chin Choon. Ello provocó la apertura de una pieza secreta en el caso Mascarillas.

El pasado mes de septiembre, en el marco de esta pieza secreta, la Policía accedió al domicilio y a la sede de una de las empresas propiedad de Alberto Luceño. Los agentes encontraron allí, entre otros objetos, hojas con "impresiones" del CNI y una supuesta placa del Centro Nacional de Inteligencia. El comisionista Luceño alegó que era de juguete, parte de un disfraz.

'Caso Mascarillas'

A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho —a ojos del Ministerio Público— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Además, entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. 

La funeraria municipal, encargada de esta compra, pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.

Su labor se habría limitado a ofrecer un catálogo de material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió por parte de un primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.

Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero y varios coches deportivos—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal, siempre según la querella de la Fiscalía.

Estafa

Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. 

El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.

En un auto del pasado 20 de octubre, el juez del caso Mascarillas ha optado por mantener la imputación de Luis Medina por este último delito, el de alzamiento de bienes.

El aristócrata ofreció al Juzgado la parte que le corresponderá de la herencia de su abuela, pero Carretero recuerda en su auto que el litigio que se sigue en un juzgado sevillano por los bienes de la difunta aún no ha concluido. Por ello, hasta que la sentencia no sea firme, dichas propiedades no pueden embargarse.