Llop da marcha atrás en su negativa a apoyar Juzgados colapsados y evita un conflicto con el CGPJ

El acuerdo se ha alcanzado en una reunión celebrada en la sede del órgano de gobierno de los jueces y que fue solicitada con carácter de urgencia por el CGPJ el pasado día 9 tras conocer que el Ministerio de Justicia había denegado 15 medidas de apoyo.

Esa decisión desató la alarma en el Consejo porque el próximo 30 de junio terminan otras 159 medidas cuya renovación se considera imprescindible.

La denegación de los apoyos se sumaba, además, a las reticencias del Ministerio a proporcionar más letrados al Tribunal Supremo, que atraviesa una situación difícil por la existencia de 13 vacantes de magistrados que el CGPJ tampoco puede cubrir. Se lo impide la reforma promovida por el Gobierno para que no haya nombramientos discrecionales mientras el Consejo esté en prórroga de mandato.

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Esa concatenación de negativas provenientes del Ministerio, en particular desde la llegada del nuevo secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, ha generado un creciente malestar en el órgano de gobierno del Poder Judicial, que se considera maltratado por una situación -la falta de renovación- de la que no es responsable.

La reunión de este martes ha logrado evitar el enfrentamiento institucional que se avecinaba. Los vocales asistentes, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo, expresaron su satisfacción porque el Ministerio ha abandonado su idea de dejar de financiar el 25% de las medidas de refuerzo y ha aceptado prorrogarlas durante cuatro meses más.

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Ello requerirá una nueva inversión de dos millones de euros que elevará a 12,5 millones el presupuesto destinado a paliar los déficits del servicio público de Justicia derivados del aumento de la litigiosidad y de la insuficiente planta judicial, sostienen en el CGPJ.

El departamento de Pilar Llop ha destacado que esa cantidad supone casi un 15% más de la inversión realizada en 2021 (10.893.475 euros) y casi un 276% más que la de 2015 (3.327.592 euros).

Por parte del Ministerio han asistido Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y la directora general del Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal.

Junto a los vocales del CGPJ también estuvieron presentes en el encuentro los miembros del Servicio de Inspección que filtran las peticiones de refuerzos para solicitar las que son necesarias, con su jefa, Amparo Camazón, al frente.

"Confiamos en que se den cuenta de que no pedimos por pedir y de que la denegación de medidas de apoyo lo único que hace es perjudicar a los justiciables", añadieron las mismas fuentes, que esperan que el acuerdo logrado este martes abra una etapa de entendimiento entre ambas instituciones.

El CGPJ ha informado este miércoles de que valorará en los próximos meses qué planes de refuerzo deben seguir vigentes más allá del 31 de octubre. De acordarse su continuidad, el Ministerio de Justicia señaló que sería con cargo al presupuesto de 2023. En cuanto a las medidas denegadas a fecha de hoy, el Consejo planteará la reconsideración de las que se estimen prioritarias.