El año en el que la Monarquía mirará hacia los tribunales

2021 será el año en el que la Monarquía afrontará su futuro en el ámbito de la Justicia. Por más cortafuegos que Felipe VI intente poner frente a su padre, resulta inevitable que la más alta institución del Estado se vea afectada por el conocimiento público de las irregularidades patrimoniales y tributarias cometidas por Juan Carlos I. Igual de inevitable será que ese daño institucional infligido a la Monarquía por quien la simbolizó durante 38 años sea aprovechado por los que pretenden arrumbar el régimen del 78 y algunos de ellos se encuentran en el propio Gobierno.

2020 se despidió con la constatación de que el anterior jefe del Estado defraudó a Hacienda cerca de 679.000 euros por los fondos recibidos del empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause, dinero que no declaró ni por el IRPF ni a través del impuesto de donaciones. Con la regularización fiscal realizada el 9 de diciembre, el rey emérito vino a admitir que no cumplió debidamente con sus obligaciones tributarias.

Fueron donaciones percibidas con posteridad a la abdicación (19 de junio de 2014). Por tanto, en un período no cubierto por el privilegio de la inviolabilidad de la que disfrutó como jefe de Estado. La Fiscalía deberá determinar a lo largo del nuevo año si tiene alguna traducción penal el hecho de que el fraude tributario confesado se haya producido en un momento en el que don Juan Carlos ya no dispone de ese paragüas de protección.

La Sala Penal del Tribunal Supremo, ante la que el rey emérito está aforado, espera el pronunciamiento de la Fiscalía para decidir sobre la apertura o no de una causa y para resolver sobre la admisión o el rechazo de otras querellas ya presentadas, cuya viabilidad es improbable si el fiscal no viera indicios de delito.

Pero el Ministerio Público no tiene que analizar sólo la "espontaneidad, veracidad y completitud" de la regularización tributaria sino también si el patrimonio millonario acumulado por Juan Carlos I en Suiza procedía de comisiones por haber ayudado a empresas españolas a conseguir el proyecto de construcción del AVE a La Meca y, en tercer lugar, si un trust descubierto en Jersey está vinculado a él.

Y, aunque la respuesta fuera finalmente negativa -o se consideren los hechos prescritos o cubiertos por la inviolabilidad- la eventualidad de que el fiscal pueda considerar acreditado que el anterior jefe del Estado mantuvo en el extranjero una fortuna oculta sería demoledora para la institución monárquica.

Durante 2021, además, el fiscal suizo Yves Bertossa proseguirá sus investigaciones sobre las Fundaciones Lucum y Zagatka. La primera de ellas perteneció a Don Juan Carlos y la segunda, a su primo Álvaro de Orleans. La examante del rey emérito Corinna Larsen tiene en ese procedimiento la condición de investigada desde 2018. Justo a partir de entonces comenzó una estrategia de diseminación por medios nacionales y extranjeros de supuestas conductas ilícitas de Don Juan Carlos, estrategia que no ha finalizado.

Podemos, en los tribunales

El escenario que se presenta en 2021 no sólo es complejo para la Monarquía. Los detractores de ésta, abanderados por Unidas Podemos, tienen sus propios problemas judiciales. El secretario de Organización del partido, Alberto Rodríguez, se sentará en el banquillo por presuntos delitos de atentado a la autoridad y lesiones a un Policía.

El propio líder de UP, Pablo Iglesias, está a la espera de que la Sala Penal se pronuncie sobre la exposición que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón elevó en su contra por presuntos delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. Aunque no es probable que esa exposición dé lugar a la apertura de una causa penal contra el vicepresidente segundo del Gobierno, lo que sí es seguro es que el caso Dina, aún en tramitación, seguirá rondándole.

Lo mismo sucede con la causa que instruye el juez de Madrid Juan José Escalonilla sobre las finanzas del partido, en la que, entre otros dirigentes, está imputado un estrecho colaborador de Iglesias, Juanma del Olmo, responsable de comunicación y director de las campañas electorales.

Por su parte, la mujer de Olmo, Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, conocerá en los próximos meses si el Supremo ratifica la condena a 19 meses de prisión que le impuso el Tribunal Superior de Madrid por atentado contra agentes de la Policía y daños.

No tienen un panorama más despejado otros partidos. Uno de los primeros juicios del año será el relativo al presunto pago con dinero B de las obras de reforma de la sede central del PP en la madrileña calle Génova. Los casos Púnica y Lezo, que también afectan a esta formación, continuarán su andadura en la Audiencia Nacional.

En ese mismo tribunal se investiga el caso del 3%, que compromete a CDC. Y a unos metros de distancia, en el Supremo, se tramita una causa contra la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs. Este procedimiento, en el que se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por irregularidades relacionadas con la etapa de Borràs como directora del Instituto de las Letras Catalanas, podría ser remitido al Tribunal Superior de Cataluña en función del resultado de las elecciones autonómicas del 14-F, a las que la investigada concurre como candidata a la presidencia de la Generalitat.

'Procés', segunda parte

Su jefe de filas, Carles Puigdemont, verá este año si el Parlamento Europeo levanta su inmunidad como diputado, como ha pedido el juez del Supremo Pablo Llarena, que pretende que Bélgica autorice su entrega y se le pueda enviar al banquillo como máximo responsable de una sedición por la que ya están en prisión varios miembros de su antiguo Gobierno, empezando por el exvicepresidente Oriol Junqueras.

El 'procés' catalán tendrá otras derivadas durante 2021. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre los recursos de amparo interpuestos por los condenados por el Supremo. Mientras, el Gobierno tendrá sobre la mesa las peticiones del indulto, junto a los informes contrarios tanto de la Fiscalía como, con toda seguridad, de la Sala Penal.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, prepara, por su parte, una reforma de la sedición que suavizará las penas de este delito. La modificación, no obstante, deberá recorrer una tramitación parlamentaria de meses, incompatible con las prisas que ERC transmite para que el Gobierno de Sánchez encuentre 'una solución' para los independentistas encarcelados.

El Parlamento sí tramitará a uña de caballo otra reforma que afecta a la Justicia, la que restringirá las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando esté en prórroga de mandato. La modificación legislativa correrá en paralelo al deseo del Gobierno de que en los primeros compases del año esté renovado el CGPJ presidido por Lesmes, que entró en funciones hace dos años.

Otra relevante iniciativa legislativa, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, será tramitada, con más sosiego, a lo largo de 2021. Justicia ha diseñado un procedimiento penal innovador en el que desaparece la figura del juez de instrucción y se atribuye a los fiscales la dirección de la investigación de los delitos.

Se trata de un proyecto de ley de una enorme complejidad y trascendencia, cuyo éxito dependerá de que logre sumar el apoyo de la oposición y, en particular, del PP.

Pendientes de Tándem

Durante el nuevo año, grandes empresas y bancos del país seguirán pendientes de la Audiencia Nacional. Aquí continuará la instrucción de asuntos como el caso Popular o el macroproceso Tándem, una caja de sorpresas que, por ahora, implica a bancos como BBVA y Caixabank y a sociedades del Ibex como Iberdrola o Repsol.

El juez instructor, Manuel García-Castellón, ha cerrado a lo largo de 2020 la investigación de cuatro de las piezas (Land, Iron, Pintor y Dina), por lo que se espera que en 2021 el excomisario Villarejo vaya a juicio.