Momento en el que retiran la pancarta en apoyo a los políticos presos de la fachada de la Generalitat.

Momento en el que retiran la pancarta en apoyo a los políticos presos de la fachada de la Generalitat. Efe

Tribunales

El TSJC ve "incumplida" por Torra la orden de quitar la pancarta y se plantea actuar por desobediencia

Dos funcionarios de paisano retiran el símbolo de apoyo a los 'presos políticos' minutos después de que el tribunal requiriera a los Mossos.

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado este viernes a los Mossos d'Esquadra que retiren "de forma inmediata" el lazo amarillo y la pancarta que cuelga de la fachada del Palacio de la Generalitat con el lema Libertad presos politicos y exiliados

La pancarta ha sido retirada minutos después por dos empleados de la Generalitat, pero antes, a media mañana, la letrada de la Administración de Justicia se ha trasladado a la Plaza de San Jaume y ha dejado constancia en una diligencia de que, en ese momento, la pancarta seguía colgada del balcón de la sede oficial del Gobierno catalán.

"Siendo las 12,11 horas [de este viernes] me persono en la Plaça Sant Jaume de Barcelona y observo que en el balcón de la fachada del Palau de la Generalitat de Catalunya continua colocada la pancarta en la que consta la frase Llibertat presos polítics i exiliats. Free political prisoners and exiles y en la que se incluye el símbolo del lazo amarillo. Paso a dar cuenta al magistrado ponente. Doy fe", indica la diligencia de la letrada judicial.

Diligencia de la letrada judicial./

Diligencia de la letrada judicial./ E.E.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha dictado entonces una resolución en la que "constata" el "incumplimiento de lo que acordó en un auto dictado el pasado dia 19, por el que ordenó la retirada cautelar de la pancarta mientras tramita un recurso promovido por la organización constitucionalista Impulso Ciudadano. En el recurso se considera contrario a Derecho que símbolos partidistas sean exhibidos en la sede oficial de una institución pública.

El pasado lunes, el TSJC dio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, un plazo que terminaba a las 18 horas del pasado miércoles para retirar la pancarta. Minutos antes de que venciera el plazo, los abogados del presidente catalán presentaron un recurso contra la retirada cautelar de la pancarta, pero ese recurso no tiene carácter suspensivo (el TSJC, de hecho, rechazó expresamente dejar en suspenso el cumplimiento de su orden) y la pancarta debía haber sido retirada en todo caso en el plazo indicado por los magistrados.

Retirada de la fachada del Palau de la Generalitat la pancarta de los presos

"Constatado el incumplimiento de lo acordado (...), diríjase oficio, mediante correo electrónico, al comisario general del Cuerpo de Mossos d´Esquadra, requiriéndole para que, de forma inmediata, dé intrucciones a la fuerza a su mando para que procedan a retirar, de la fachada del Palau de la Generalitat la pancarta y símbolo que son objeto de este proceso", acordó la Sala a la vista de la diligencia de la letrada judicial.

Cinco días de plazo

No es lo único que ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que, vista la petición de Impulso Ciudadano de que los magistrados den cuenta a la jurisdicción penal del incumplimiento de Torra, ha acordado otorgar a éste cinco días "a fin de que manifieste lo que estime oportuno al respecto".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene sobre la mesa, por tanto, la posibilidad de trasladar lo ocurrido a a Sala de lo Civil y Penal del TSJC a efectos de que depure una eventual desobediencia del presidente catalán.

De prosperar, sería el segundo procedimiento penal abierto a Torra por desobediencia. El presidente de la Generalitat está a punto de ser juzgado por no cumplir la orden de retirar un lazo amarillo del balcón del Palau durante la pasada campaña electoral de abril.

Finalmente, la pancarta con el lazo amarillo ha sido retirada a las 15.33 horas de la fachada de la Generalitat, pocos minutos después de que los Mossos recibieran la orden. Los funcionarios encargados de cumplir el requerimiento del TSJC iban de paisano y, según distintas fuentes, eran empleados de la presidencia de la Generalitat, no miembros de la Policía autonómica.