El exministro popular Alberto Ruiz-Gallardón.

El exministro popular Alberto Ruiz-Gallardón. EFE

Tribunales

El juez del caso Lezo archiva la investigación contra Ruiz-Gallardón e Ignacio González

El magistrado ve indicios para juzgar a 22 personas por la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II con un supuesto sobreprecio.

El juez Manuel García-Castellón, que instruye el caso Lezo, ha archivado la investigación contra el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, el expresidente madrileño Ignacio González, el exvicealcalde madrileño Manuel Cobo y otras 12 personas por la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción la pasada semana. 

Esta operación, que se realizó en el año 2001, habría estado "plagada de irregularidades" y podría haber escondido un sobrecoste de entre 25 y 38 millones de euros, pues el Canal de Isabel II habría aceptado pagar 73 millones de dólares por la compra de la empresa, según recoge el magistrado en el auto en el que propone juzgar a 22 personas por dicha operación. 

Se trata de la primera pieza del caso Lezo cuya fase de investigación queda concluida y la primera que irá a juicio con 22 imputados, entre ellos el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, responsables del consejo de administración de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II y empresarios madrileños por un presunto delito de malversación. 

En los años que ocurrieron los hechos investigados, entre 2000 y 2001, Alberto Ruiz- Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid. El juez le imputó porque, según la acusación, habría presidido el consejo de Gobierno donde se habría aprobado la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II "a sabiendas de que se iba a utilizar una sociedad interpuesta en un paraíso fiscal y se pagaría un sobreprecio perjudicial" para la empresa.

Sin embargo, la Fiscalía concluyó en su informe presentado al juez hace pocos días que ninguno de estos términos han quedado claros durante la instrucción, de ahí que el magistrado excluya a Gallardón, que en su declaración como investigado defendió que la operación fue "legal y beneficiosa para los madrileños" y negó rotundamente haber cobrado ningún tipo de comisión. 

La causa continúa: los investigados

En el auto de transformación a procedimiento abreviado, el juez acuerda abrir una pieza separada por las posibles irregularidades cometidas durante los años 2001 y 2002 en el proceso de adquisición de Inassa por parte del Canal de Isabel II y delimita quiénes seguirán investigados y quiénes no. 

García-Castellón explica en su resolución las presuntas irregularidades: "La adquisición de Inassa por el ente público estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA, entre cuyos activos se encontraban el 75% de INASSA y el 51% de la dominicana Watco SA, provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y la inclusión dentro de su activo de activos no autorizados ni valorados -Watco- que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica". 

"El inicio de estos hechos se sitúa a principios de 2000 cuando los investigados Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez y Santiago García Benavides, todos ellos trabajadores de Triple A vinculados a Agbar, llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que Agbar les vendiera toda su participación en Inassa con el fin de convertirse en los socios únicos de la misma y, a continuación, llevar a cabo las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real, a cambio de lo cual los citados trabajadores recibirían un porcentaje de Inassa, como así ocurrió finalmente". 

Por tales hechos, que después se aprobaron por el Consejo de Administración del Canal de Isabel II previo informe realizado por los dos investigados Juan Pablo López Heras y Juan Antonio de Cachavera contando con el beneplácito del consejero Arturo Canalda, el juez propone llevar a juicio a 22 personas. Son las siguientes: Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez, Santiago García Benavides, José Antonio de Cachavera Sánchez, Juan Pablo López Heras, Arturo Canalda González, Pedro Calvo Poch, Juan Bravo Riera, Ignacio López Galiacho Perona, Juan María del Álamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido y Roberto Sanz Pinacho. 

García-Castellón acuerda archivar la causa para: Jaime Ignacio González González, Edmundo Rodríguez Sobrino, Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Jesús Sánchez Sánchez, Salvador Cardona Aucejo, Ángel Varona Grande, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, Manuel Cobo Vega, María de la Paz González García, Luis Blázquez Torres, Luis Eduardo Cortés Muñoz, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno Espert, Pilar Martínez López y Luis Peral Guerra.