María José Segarra, fiscal general./

María José Segarra, fiscal general./ Efe

Tribunales CASO CURSACH

Más de 200 periodistas denuncian a la fiscal general la "intromisión intolerable" en su derecho a informar

Profesionales de toda España se solidarizan con los dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press a los que la policía requisó sus teléfonos móviles y ordenadores en busca de una filtración.

Más de 200 periodistas de toda España han firmado un escrito presentado esta mañana a la fiscal general del Estado, María José Segarra, en el que denuncian la "intromisión intolerable e inédita" en el derecho constitucional al secreto profesional que se cometió este martes en Mallorca: la Policía requisó al periodista de Diario de Mallorca, José Francisco Mestre, y a la periodista de Europa Press, Blanca Pou, sus teléfonos móviles personales y profesionales en busca de una filtración del caso Cursach, por orden del juez instructor, Miquel Florit, y con el apoyo de la Fiscalía.

En el escrito presentado a primera hora de este miércoles ante Segarra por la responsable de tribunales de Europa Press, Cristina Gallardo, y de EL ESPAÑOL, María Peral, en representación de más de 200 periodistas de periódicos, agencias de noticias, radios y televisiones, éstos han denunciado la "decisión impropia de la fiscalía, defensora de la legalidad, de avalar la realización de entradas y registros en medios de comunicación de Palma de Mallorca, con la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentación de varios periodistas, en el marco de la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Cursach". Una situación que deja en grave derecho de indefensión a los periodistas, con el descubrimiento de sus fuentes, puesto que no están investigados en la causa y por tanto no tienen acceso a la información para poder defenderse.

"Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna", se podía leer en el escrito.

En este sentido, los periodistas han lamentado que "se haya impuesto el interés en conocer quiénes informan a los periodistas por encima del único secreto que la Constitución recoge expresamente, que es el relacionado con el derecho a la información". 

"Cuando acaba de cumplirse el 40 aniversario de la Constitución, lamentamos que una fiscal general que accedió al cargo con promesas de transparencia y de defensa de la información se convierta en la primera responsable del Ministerio Público que respalda una intromisión intolerable e inédita en los derechos fundamentales que garantiza el artículo 20", reza el duro escrito a la máxima representante del Ministerio Fiscal. Los periodistas le han pedido que reflexione sobre la crítica situación y que rectifique.

La respuesta de Segarra

A su llegada a las dependencias de la Fiscalía General, María José Segarra ha rechazado dar ninguna explicación sobre por qué la Fiscalía ha apoyado la decisión del juez de que se requisara dicho material: "es una actuación secreta y no voy a hacer ninguna declaración", ha dicho a los medios presentes, así como ha afirmado que "la Fiscalía y los jueces velan por la libertad de información y el derecho al secreto profesional".