Tribunales

El CGPJ insta a perseguir a los atacantes de Llarena y aumentar la seguridad de los jueces en Cataluña

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad este jueves una declaración institucional en la que insta a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña "para que de inmediato adopten todas las medidas para la persecución de las personas y grupos" que participaron en la noche del martes en el ataque con pintura amarilla en la puerta del domicilio del juez Pablo Llarena -que instruyó la causa contra el 'procés' independentista en Cataluña - en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

Además, reclaman a estas autoridades que "de manera planificada adopten las medidas de protección adecuadas de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña".

Los siete vocales de este órgano han mostrado su "más absoluto rechazo" a los hechos, que califican de "delictivos" y han recordado que en el momento del ataque contra el domicilio del juez Llarena y de su esposa, también magistrada Gena Espinosa, se encontraba en el interior de la vivienda uno de los hijos de la pareja.

Con este hecho, según los vocales de la Permanente del CGPJ, "se ha perpetrado también contra todos y cada uno de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña", Muestran asimismo su "más absoluto rechazo" frente a las expresiones de apoyo a esas conductas criminales y a quienes las están alentando.

Apoyo a jueces en Cataluña

Los consejeros añaden su rechazo "firme" a toda conducta de intimidación que pretenda dirigirse contra los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña" y hacen pública en su comunicación su "manifestación compromiso" con este colectivo, al que reconocen su " labor constante, callada y meritoria que prestan día a día en beneficio de la comunidad."

Sobre las consecuencias, instan a las autoridades competentes en materia de seguridad para que adopten las medidas de protección adecuadas y efectivas de las personas y los bienes de los magistrados atacados.