PSOE y PP vuelven a repartirse el CGPJ, 10 plazas cada uno, pero sin acuerdo sobre el presidente

PSOE y PP quieren cerrar la próxima semana un acuerdo para la renovación en plazo del Consejo General del Poder Judicial, un consenso en el que cada uno propondrá a 10 vocales pero que se encuentra pendiente de lo esencial: quién será el presidente.

Ambos partidos tienen mayoría suficiente para elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces y, aunque en principio el PSOE iba a 'ceder' un puesto a Podemos, en las últimas conversaciones la formación morada se quedaba fuera del reparto.

Tampoco se ha incluido hasta el momento a la habitual 'cuota nacionalista'. Entre los nombres ya cerrados hay cuatro magistrados destinados en el País Vasco, Navarra y Cataluña, pero sin un perfil próximo al nacionalismo. Sí se mantiene las siempre poderosas 'cuotas' andaluza y valenciana y, como viene sucediendo en casi todas las composiciones del Consejo, no se ha abandonado la tendencia a incorporar a exdiputados del Congreso.

En el nuevo Consejo se busca recuperar la entrada de procuradores y fiscales, que no han formado parte del CGPJ que acaba su mandato el próximo 4 de diciembre.

Todas las asociaciones de jueces, excepto Foro Judicial Independiente, tendrán representantes en el CGPJ, con la también usual sobrerrepresentación de Jueces y Juezas para la Democracia. JpD tendrá más puestos en el Consejo que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y que Francisco de Vitoria, pese a tener una implantación muy inferior.

También se intenta llegar a la paridad entre hombres y mujeres, de acuerdo con lo que establecerá la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) actualmente en tramitación parlamentaria. La pendiente aprobación de esa norma -aún pendiente del aval del Senado y, si se presentan enmiendas, de su vuelta al Congreso- puede ser uno de los factores que retrase la renovación del Consejo porque socialistas y populares quieren que el nuevo CGPJ se constituya con la modificación de la LOPJ ya en vigor.

Los nombres

Los negociadores (la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá, mandatado por el líder del PP Pablo Casado), han negociado hasta ahora sin vetos ni condiciones previas.

De acuerdo con el estado actual de las conversaciones -aún no cerradas- al nuevo CGPJ accederán tres magistrados del Supremo: José María del Riego, Ángel Arozamena y José Antonio Montero. Los dos primeros son propuestos por el PSOE y el tercero, por el PP.

Todos ellos forman parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el candelero en las últimas semanas por su controvertida gestión de los procedimientos judiciales relativos al pago del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios.

[El Supremo vuelve a cambiar: serán los clientes y no la banca los que paguen el impuesto de las hipotecas]

Los tres futuros vocales no se pronunciaron en función de aparentes adscripciones ideológicas: Arozamena y Montero votaron a favor de que los prestatarios carguen con el impuesto, mientras que del Riego votó que paguen las entidades bancarias.

En el cupo de jueces, el PSOE también propondrá a la magistrada del Tribunal Superior de Andalucía Inmaculada Montalbán, que ya fue vocal del Consejo entre 2008 y 2013; al magistrado de la Audiencia Provincial Barcelona José María Fernández Seijo, que siendo juez de lo mercantil que presentó ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial sobre el proceso de ejecución hipotecaria española; y la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra Esther Erice.

La ministra Delgado quiere promocionar al CGPJ a su amigo Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional. Su candidatura se ve lastrada por la segura existencia de grabaciones de este magistrado con el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión por delitos de corrupción. Andreu es también amigo del comisario Carlos Salamanca, investigado junto a Villarejo en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Estas circunstancias le defenestraron como secretario de Estado de Justicia por indicación de La Moncloa, que echó abajo la propuesta de Dolores Delgado.

Las fuentes gubernamentales consultadas no dan, por ello, como segura la presencia de Andreu en la lista final. Lo mismo ocurre con la magistrada de Las Palmas y exdiputada de Podemos Victoria Rosell, cuyo acceso al CGPJ depende de que Podemos entre o no en el reparto de los sillones del órgano de gobierno de los jueces.

En el cupo de juristas el PSOE ha propuesto al magistrado de la Audiencia Nacional y también amigo de Delgado José Ricardo de Prada, cuya candidatura como vocal judicial no ha sido posible por no estar en servicio activo; al juez de lo contencioso-administrativo de Bilbao Diego Íñiguez y a la fiscal de Santiago de Compostela Pilar Fernández.

En el cupo judicial propuesto por el PP se ha incluido a la magistrada de la Audiencia de Barcelona Gema Espinosa, casada con el juez del Supremo Pablo Llarena y la candidata que mayor número de avales ha presentado; los magistrados de Madrid Alejandro Abascal y María Tardón o la jueza de Sevilla María de los Reyes Vila; la magistrada de la Audiencia de Valencia Esther Rojo y el juez de primera instancia de Cartagena Raúl Sánchez Conesa.

En el cupo de juristas, el PP ha propuesto a la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez Bados; al presidente del Consejo General de Procuradores Juan Carlos Esteve y al exdiputado del PP y abogado José Miguel Castillo, que fue portavoz de los populares en la Comisión de Justicia del Congreso en la anterior legislatura.

Sin presidente

El acuerdo se encuentra, no obstante, pendiente de consensuar quién será el presidente del Poder Judicial. La pasada semana el PP propuso al presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, mientras que el Gobierno planteó que sea una mujer, sin ofrecer ningún nombre concreto.

La elección del presidente es, en un contexto de reparto del CGPJ a partes iguales, vital para unos y otros. La propuesta de Marchena se basa en el "prestigio y calidad profesional" de este magistrado, subrayaron fuentes del PP, pero supondría una alteración importante en el juicio sobre el proceso independentista catalán, el más importante al que se enfrenta el Tribunal Supremo en los próximos meses.