Neus Munté junto a Carles Puigdemont en el Parlament.

Neus Munté junto a Carles Puigdemont en el Parlament. Efe

Tribunales INDEPENDENTISMO EN CATALUÑA

El fiscal cita como testigo de cargo en el juicio al 'procés' a la exconsejera de Puigdemont Neus Munté

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que cite como testigo en el juicio por la secesión unilateral de Cataluña a Neus Munté, exconsejera de Presidencia en el Gobierno de Carles Puigdemont desde enero de 2016 y hasta julio de 2017, cuando salió del Govern por desavenencias con el expresidente.

Munté es la quinta de una relación de testigos que alcanza la cifra de 256 y en la que hay muy pocos nombres provenientes de la política. Figuran los diputados autonómicos José María Espejo (Ciudadanos) y David Pérez Ibáñez (PSC) y cuatro exaltos cargos del Gobierno del PP: el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, el exsecretario general técnico de Interior Juan Antono Puigserver, y el exsubsecretario de Hacienda Felipe Martínez Rico.

El fiscal quiere que testifiquen también dos altos funcionarios del Parlamento catalán, cualificados espectadores de cómo la Mesa presidida por Carme Forcadell burló los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Se trata del exletrado mayor Antoni Bayona y del secretario general, Xavier Muro.

La exconsejera Munté, que también llegó a ser portavoz del Gobierno de Puigdemont y actualmente aspira a ser candidata del PDeCAT a la Alcaldía de Barcelona, es de las pocas políticas nacionalistas cuya comparecencia como testigo ha pedido el fiscal. En la relación presentada dentro del escrito de acusación se encuentra Teresa Prohias, directora de servicios de presidencia, y Antoni Molons, secretario de difusión en el departamento de Presidencia, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en relación a los preparativos del referéndum ilegal del 1-O.

Sin embargo, la Fiscalía no ha incluido como testigo a otro político catalán investigado por ese mismo motivo, Josep Maria Jové, al que la Guardia Civil intervino una agenda que constituye una importante prueba de cargo para el Ministerio Público porque contiene información sobre la orquestación y desarrollo de la hoja de ruta hacia la independencia.

Tampoco ha citado a los también exconsejeros Jordi Jané (Interior) y Meritxell Ruiz (Enseñanza), que salieron del Gobierno de Puigdemont en el mismo momento que Munté. El escrito de acusación del fiscal les cita a los tres. Sobre Jané afirma que fue sustituido por Joaquím Forn para tener la seguridad de que "al frente de la Consejería de Interior quedara un consejero que respaldara sin reservas la celebración del referéndum" prohibido por el Tribunal Constitucional.

Respecto a Munté y Ruiz el fiscal señala que fueron sustituidas "porque ambas eran conscientes de las responsabilidades personales que podían derivarse en caso de continuar una actuación unilateral manifiestamente delictiva".

Sus sustitutos fueron Forn, Jordi Turull y Clara Ponsantí. Los dos primeros, actualmente en prisión, irán al banquillo en enero. La tercera huyó y está procesada.

Mossos, guardias y policías

El grueso de la relación de testigos lo constituyen los 169 guardias civiles y policías nacionales que se desplazaron a Cataluña para cubrir la jornada de la votación ilegal del 1-O. Varios de ellos resultaron heridos, por lo que se trata de citaciones relevantes para acreditar la tesis de la Fiscalía sobre el carácter violento del proceso secesionista.

Cargas de la Policía Nacional y los Mossos sobre manifestantes catalanes

En esta misma línea, se ha pedido la comparecencia de los propietarios de dos hoteles, en Reus y en Figueras, que sufrieron presiones de los partidos independentistas para que desalojaran a los policías nacionales a los que habían hospedado.

Los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña en aquellas fechas también serán citados como testigos, junto al coronel Diego Pérez de los Cobos, que dirigió el operativo de las fuerzas de seguridad el 1-O.

La lista de la Fiscalía también incluye a mossos d'Esquadra, aunque no a quien era su máximo responsable, Josep Lluís Trapero. El fiscal quiere que comparezca la comisaria de la Policía Autónoma catalana Cristina Manresa; un mosso al que se ha dado la condición de testigo protegido en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Lérida y cinco agentes de ese cuerpo que resultaron heridos el 20 de septiembre de 2017, durante el registro judicial del domicilio de Joan Ignasi Sànchez, asesor del gabinete de la entonces consejera de Gobernación Meritxell Borràs, también encausada y en prisión.

Ese mismo 20 de septiembre de 2017 día se produjeron incidentes violentos durante el registro en la Consejería de Economía. Varias de las citaciones solicitadas por el fiscal se refieren a este episodio, destacadamente la de la letrada de Justicia destinada en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que tuvo que trepar por la azotea para poder salir del edificio cercado por 60.000 personas. 

Para apuntalar la acusación de malversación de fondos públicos, los fiscales proponen la declaración de los responsables de varias empresas contratadas por la Generalitat para la realización de servicios para la celebración del 1-O. También solicitan la testifical de varias personas que tuvieron relación con la actuación en apoyo a la tesis secesionistas desplegada por el Govern en el extranjero. Entre ellas figura Paul Sinning, director del The Hague Centre for Strategic Studies, y Helena Catt y Wim Kok, portavoces de los observadores internacionales del referéndum independentista.

Por su parte, el abogado del Estado ha presentado una relación de medios de prueba similar a la de la Fiscalía, a excepción de la pericial de tres funcionarios del Ministerio de Hacienda que el Ministerio Público propone para la determinación de los fondos públicos destinados al 1-O.