Andreu Viloca, durante uno de los registros de la Guardia Civil./

Andreu Viloca, durante uno de los registros de la Guardia Civil./ Efe

Tribunales

Anticorrupción pide traer a la Audiencia Nacional la investigación del 3% de CDC

La Fiscalía reclama que las diligencias prosigan en Madrid, y no en el Juzgado de El Vendrell, por la "grave repercusión" del fraude.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de El Vendrell (Tarragona) que investiga la llamada causa del 3%, relativa a la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya, que se inhiba en la instrucción de este procedimiento y remita las diligencias a la Audiencia Nacional.

Anticorrupción cree que las diligencias practicadas han acreditado la "grave repercusión" para la seguridad del tráfico mercantil de las defraudaciones que se investigan en el procedimiento, en el que tienen la condición de investigados, entre otros, el extesorero de CDC Andreu Viloca, el exdirector de Infraestructuras Josep Antoni Risell y el exconsejero de Justicia Germà Gordó.

Según la Fiscalía, en el caso del 3% se ha constatado la existencia de un "elevado número de procedimientos de contratación que se habrían realizado de forma fraudulenta, relacionados con licitaciones y adjudicaciones de obra pública de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC y de la Fundación CatDem".

Viloca, que fue administrador y tesorero de CatDem, "llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, controlando los pagos encubiertos que las empresas contratistas entregaban finalmente a CDC bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: “CatDem” y “Forum Barcelona”, afirma Anticorrupción en un comunicado en el que explica la petición de remisión del caso a la Audiencia Nacional.

Según la Fiscalía, podrían haberse cometido delitos de malversación de fondos públicos y fraude a la Administración, prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, blanqueo de capitales y financiación ilegal de un partido político. A su juicio, respecto a los primeros de los delitos citados concurren los supuestos que determinarían la competencia de la Audiencia Nacional: una "grave repercusión" en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional y una afectación a una “generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.