La última renovación de un órgano maldito

No se podrá decir que en esto Lesmes no ha cumplido: todos los vocales que han querido pasar por la Comisión Permanente (CP) lo han hecho. Lo cual es destacable teniendo en cuenta los conflictos que han surgido en renovaciones pasadas entre los llamados "vocales de segunda" (los excluidos de la comisión) y los seleccionados por el presidente.

Han sido problemas directamente relacionados con la configuración del órgano de gobierno de los jueces realizada en la reforma de 2013, puesta en cuestión ahora, sólo cuatro años después. En la CP se ha residenciado el auténtico poder decisorio en materias muy relevantes, desde la elaboración de las ternas de candidatos a altos cargos judiciales a la designación de jueces en comisión de servicio para Juzgados 'sensibles' como los de la Audiencia Nacional, pasando por la resolución de los recursos contra acuerdos de la Comisión Disciplinaria o la concesión de amparos a jueces que se consideran atacados en su independencia. Los seis vocales de la CP son los únicos que tienen dedicación exclusiva, con todas las prebendas anejas y un sueldo de 114.000 euros anuales. Los demás van y vienen del CGPJ a sus trabajos ordinarios y cobran dietas por asistir a las reuniones del pleno y de las comisiones.

Lesmes ha hecho una operación inteligente. Ha materializado el compromiso que adquirió en enero de 2015, cuando en medio de la tempestad que siguió a la primera (no)renovación de la CP, que levantó en armas a 7 de los 20 vocales, garantizó que la Permanente rotaría para que todos los que desearan estar en ella lo hicieran en algún momento. Pero al mismo tiempo se ha vuelto a asegurar la mayoría suficiente como para no estar en riesgo de perder votaciones.

De acuerdo con la propuesta del presidente, que se votará el próximo jueves, en la última Comisión Permanente del actual CGPJ no estarán ni Mar Cabrejas ni Álvaro Cuesta, los dos únicos vocales que se han mantenido en ese órgano desde el principio del mandato, en 2013.

Cabrejas junto a Gerardo Martínez Tristán, que estuvo en la CP hasta el año pasado, han sido los principales baluartes de Lesmes en una institución que parece tocada por el mal fario. Maniatada por la falta de competencias en cuanto a los medios materiales y la financiación de la Administración de Justicia (que siguen, a mi juicio indebidamente, bajo la batuta del poder político, y para colmo repartidas entre el Gobierno central y los de las comunidades autónomas, menudo despropósito); mal concebida por un diseño constitucional que sobredimensiona el Consejo con un número de vocales excesivo para las limitadas funciones que se le han querido atribuir; sin haber encontrado nunca la llave para conectar con la carrera judicial, que siente hacia su órgano de gobierno una clara desafección, después de 37 años de vida el CGPJ no ha encontrado su lugar y pasa mandato tras mandato con más pena que gloria.

Cabrejas se volverá a la Audiencia de Cuenca al menos con la satisfacción de haber puesto en marcha el portal de transparencia del Poder Judicial, que puede presumir de ser la envidia de cualquier otro órgano administrativo o institución en España. Los datos que aparecen en esa plataforma, desde el patrimonio del presidente del Poder Judicial y los vocales hasta todos los contratos que firma el Consejo, las agendas de trabajo, los señalamientos judiciales o los acuerdos de las salas de gobierno de los tribunales, permiten una fiscalización ciudadana que era inimaginable en el ámbito del Poder Judicial hasta hace bien poco.

 Más allá del cumplimiento de una exigencia de transparencia, inexcusable en las sociedades democráticas, la importancia del portal del CGPJ es que ha sido el mejor antídoto para contrarrestar el daño causado a la institución por los episodios pasados de gastos privados pagados con fondos públicos y viajes poco justificables.

Cabrejas será sustituida por Juan Manuel Fernández, que ya estuvo en la Comisión Permanente en 2013 y recibió con notorio desagrado que Lesmes prescindiera de él en 2016. Ahora el enfadado es Álvaro Cuesta, el único vocal del actual CGPJ procedente del ámbito político y cuya aportación ha sido precisamente servir a Lesmes de contacto con el PSOE. Más allá de que el Consejo no debería ser utilizado por nadie como agencia de colocación, la salida de Cuesta era necesaria para que accediera a la CP Concha Sáez, la única vocal que había manifestado su deseo de estar en la Permanente y hasta ahora no lo había hecho. Lesmes la ha integrado pese a su falta de sintonía con ella.

La nueva Comisión Permanente quedará, así, integrada por cuatro vocales propuestos por el PP (entre ellos José María Macías, sucesor de Mar Cabrejas como brazo derecho del presidente) y tres por el PSOE e IU. Curiosamente, la decisión de Clara Martínez-Careaga, propuesta por los socialistas, de no querer integrarse en la CP en la última oportunidad que tenía ha beneficiado a Lesmes, con el que se entiende más bien poco. Si Martinez-Careaga hubiera pedido estar en la Permanente, Lesmes habría tenido que plantearse si sacrificar a uno de los vocales propuestos por el PP o desbancar a Rafael Mozo, con la consiguiente polémica.

Y si algo no quiere Lesmes es ruido y conflicto en torno al CGPJ. Lo ha conseguido hasta ahora: el Consejo ha dejado de ser piedra de escándalo y portada de los medios. Pero es insuficiente. Queda menos de un año de mandato y son muchas las tareas que tendría que dejar resueltas: el reglamento de organización y funcionamiento, que, incumpliendo un mandato legal, sigue encallado; los módulos de trabajo de los jueces; la especialización civil y penal o la constitución de la comisión que debe aplicar el código ético de la Magistratura, por citar sólo algunas.

A finales de julio deberá ponerse en marcha el proceso de renovación para la elección de los miembros del próximo Consejo. Es increíble que, estando tan cerca, los políticos aún no hayan determinado si los 12 vocales de origen judicial van a poder ser elegidos por los jueces o se va a seguir aplicando la designación parlamentaria en contra de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. La experiencia dice que el último año de los CGPJ suele ser improductivo, como si el tantán de la renovación ejerciese en los vocales aún en el cargo un efecto paralizador generalizado. Es un lujo que Lesmes no debería permitirse, si es que quiere presentar al final del mandato un balance acorde con la expectativa que generó hace cuatro años.