La revalidación de la mayoría independentista en el nuevo Parlamento de Cataluña permitirá comprobar, para desaliento de algunos y alegría de los más, que la Justicia española va a seguir funcionando, como se dice en el mus, al tran tran. Si alguien pensaba que el envide secesionista del 21-D iba a alterar el pulso al juez Llarena se daría cuenta del error en pocas horas. El instructor del Tribunal Supremo quiso dejar pasar el momento de las urnas antes de notificar – el día de la lotería nacional, qué casual ironía- la imputación del expresident Artur Mas, Marta Rovira y Anna Gabriel y otros tres presuntos integrantes del llamado ‘comité estratégico’ que decidió los pasos a dar hasta la declaración unilateral de independencia. Menudo regalo recibieron justo el día que comenzaba el invierno.

Llarena tenía tomada la decisión de ampliar la nómina de investigados desde hacía tiempo a la vista del arsenal probatorio que consta en la causa, sobre todo el documento EnfoCats y la agenda del exnúmero dos de Junqueras, Josep María Jové, todo ello incautado por la Guardia Civil. Retrasó la notificación de las nuevas imputaciones para que nadie pueda decir que pretendía influir en el resultado de los comicios, pero no esperó ni un día más. El magistrado tiene claro que el proceso judicial más trascendente de cuantos se tramitan en España es el que está en sus manos y que depende sobre todo de él que las responsabilidades penales se esclarezcan con todas las garantías y también en el plazo más breve posible.

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