Forcadell llega al Supremo tras denunciar el TC, por quinta vez, su "contumacia" delictiva

La presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y los cinco miembros de la Mesa sin cuyos votos no hubiera sido posible la tramitación de las leyes de ruptura que culminaron con la declaración unilateral de independencia vuelven este jueves al Tribunal Supremo para declarar sobre la querella por rebelión interpuesta por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Forcadell y sus compañeros de Mesa (Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet) ya comparecieron ante el instructor de la Sala Penal, Pablo Llarena, el pasado 2 de noviembre, pero el magistrado accedió a la petición de los abogados de posponer las declaraciones para que pudieran preparar su defensa ante una querella que habían recibido un día antes.

El aplazamiento ha permitido incorporar nuevos datos que no dejan en muy buen lugar a Forcadell. Este miércoles, 24 horas antes de la citación, el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado volver a deducir testimonio contra ella y sus compañeros para que se persiga penalmente su decisión de dar trámite a la DUI.

Habla el Constitucional

El TC constata que los seis vienen "eludiendo su obligación de cumplimiento de lo decidido" por el Constitucional desde 2015, cuando fue anulada la declaración soberanista, y desde entonces han "desatendido las reiteradas advertencias de este tribunal" para que no avanzaran en la hoja de ruta secesionista.

"La actuación de la presidenta del Parlamento de Cataluña y de los restantes miembros de la Mesa que votaron a favor de la admisión a trámite de las propuestas de resolución [la declaración unilateral de independencia] constituye un incumplimiento objetivo de su deber de acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional", añade el TC, que recuerda que la Mesa "está facultada para inadmitir a trámite" las iniciativas que vulneren la Constitución de forma palmaria, como el caso de la ley de referéndum, la ley de transitoriedad o la DUI.

Para el TC, la tramitación y aprobación de la declaración de independencia el pasado 27 de octubre "plasma la contumaz voluntad de esa Cámara de eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar adelante su proyecto político de desconexión del Estado español".

Es la quinta vez que el Tribunal Constitucional acuerda deducir testimonio contra Forcadell con el fin de que se le exijan responsabilidades penales. Es una obviedad que las cuatro veces anteriores no han servido en absoluto para que la todavía presidenta del Parlament (a diferencia del Govern, ella no ha sido cesada y sigue al frente de la Cámara presidiendo la Diputación Permanente) desistiera de seguir dando pasos hacia la independencia unilateral.

Tampoco ha desistido pese a la iniciación de procesos penales en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a partir de octubre de 2016, cuando se admitió la primera querella interpuesta por la Fiscalía sobre la base de la también primera deducción de testimonio del TC. La entonces fiscal general, Consuelo Madrigal, que este jueves será uno de los representantes de la Fiscalía durante la comparecencia de Forcadell en el Supremo, fue la que ordenó esa inicial querella.

El precedente de Vila

Fuentes de la Fiscalía aseguraron a EL ESPAÑOL que los fiscales decidirán sobre la petición de medidas cautelares este jueves a la vista de lo que los querellados declaren y, en concreto, en función de las manifestaciones que efectúen sobre si tienen la voluntad de desistir de continuar hacia la ruptura con España por la vía de hecho y al margen de las normas legales.

Una declaración ante el juez en el sentido de que renuncian a seguir el camino de la secesión unilateral sería interpretada por la Fiscalía como una atenuación del riesgo de reiteración delictiva y permitiría actuar en el mismo sentido que ya se hizo en la Audiencia Nacional con el exconsejero Santiago Vila, el único de los exmiembros del Govern para el que se pidió prisión provisional eludible mediante la prestación de una fianza de 50.000 euros.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acogió el criterio de la Fiscalía y basó la decisión, precisamente, en que "frente a los demás querellados, no se aprecia en Vila riesgo de reiteración delictiva teniendo en cuenta que el mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista un día antes de que la DUI fuera votada, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista", señaló en su auto.

"Depende de ellos", resumen fuentes de la Fiscalía la posición que mantendrá este jueves sobre una eventual petición de cárcel para Forcadell y los demás querellados. Una medida de prisión que, desde el punto de vista del cálculo político, no desean ni el Gobierno ni el PSOE ni Ciudadanos pero que, de ser solicitada y no adoptada por Llarena, pondría en evidencia a Lamela, que acordó el encarcelamiento de Oriol Junqueras y otros ocho exconsejeros.