Carles Puigdemont, el pasado miércoles en la firma del decreto de convocatoria del referéndum

Carles Puigdemont, el pasado miércoles en la firma del decreto de convocatoria del referéndum Govern

Tribunales

El fiscal se querella contra Puigdemont por delitos que le llevarían a la cárcel

"El Govern no pueden desconocer que su decisión de convocar el referéndum conlleva el uso ilegal de fondos públicos", afirma la querella, que incluye la malversación.

La Fiscalía ha presentado este viernes en el Tribunal Superior de Cataluña una querella que enfrenta a Carles Puigdemont y a todos sus consejeros a presuntos delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación y malversación de fondos. Este último está castigado con penas de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Según la querella, anunciada hace apenas 24 horas por el fiscal general, José Manuel Maza, los miembros del Gobierno catalán habrían incurrido en esos delitos al firmar, a sabiendas de su ilegalidad, el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 1-O y el decreto que desarrolla las normas por las que se regiría esa consulta, "violando frontalmente" los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) sobre la inconstitucionalidad de esa consulta.

La querella reproduce los numerosos pronunciamientos del TC, notificados personalmente a cada uno de los miembros del Govern, en los que el tribunal les ha advertido, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal, de su deber de avanzar en la hoja de ruta hacia la ruptura con España al margen de los mecanismos que la Constitución prevé para su modificación.

"Una pura vía de hecho" 

La Fiscalía sostiene que, de forma "notoria", se sabe que el referéndum "es, no ya contrario al ordenamiento jurídico, sino que vulnera frontal, abierta y groseramente los mandatos del Tribunal Constitucional, evidenciando de nuevo la pertinaz, inequívoca e irreversible voluntad del Gobierno [catalán] y de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y la CUP de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución de 1978, del ordenamiento emanado de la misma y de los pronunciamientos del TC".

Todo ello pese al "imposible encaje" de esa iniciativa "en el ámbito competencial del Parlamento y del Gobierno de Cataluña, en la ordenación territorial del Estado y en los procedimientos establecidos de reforma constitucional y estatutaria, integrando una pura vía de hecho".

Para la Fiscalía, el delito de malversación de fondos públicos, el más grave de los tres, "ha iniciado su ejecución, pues se ha puesto en marcha un procedimiento que va a generar un importante gasto público, estando orientado a llevar a cabo actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del Tribunal Constitucional, y por consiguiente, ontológicamente ajenas a la función pública".

El fiscal ha presentado una segunda querella dirigida contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de las leyes de referéndum y de transitoriedad y de la resolución por la que se ha designado a los miembros de la llamada sindicatura electoral de Cataluña, encargada del desarrollo de la consulta.

Muro y Bayona, testigos de cargo

Se les imputan los mismos delitos que a los miembros del Govern, lo que supone un salto cualitativo porque las dos querellas anteriores presentadas contra Forcadell y los miembros de la Mesa han sido por desobediencia y prevaricación, pero no por malversación.

En esta querella la Fiscalía pide que se tome declaración como testigos al secretario general del Parlamento catalán, Xavier Muro, y al letrado mayor, Antoni Bayona. Ambos ha advertido de manera reiterada a los rectores de la Cámara de la ilegalidad que representaba la tramitación de cualquier iniciativa relacionada con la consulta independentista, hasta el punto de que prohibieron a los funcionarios de la Cámara que intervinieran en la publicación oficial de la proposición de ley de referéndum el pasado miércoles.

Otros dos testigos cuya declaración solicita el Ministerio Público son el diputado de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra, vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament, y el socialista David Pérez Ibáñez, secretario segundo.