El expresidente madrileño, Ignacio González, junto al ex consejero Borja Sarasola.

El expresidente madrileño, Ignacio González, junto al ex consejero Borja Sarasola.

Tribunales Operación Lezo

Cinco casos de enchufismo a familiares de altos cargos de Ignacio González

La UCO de la Guardia Civil localiza varios casos de colocaciones en empresas adjudicatarias de la Comunidad de Madrid.

Carlota Guindal Alejandro Requeijo Daniel Montero

La Guardia Civil sospecha que diversos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid colocaron a familiares en empresas adjudicatarias de contratos públicos en el consistorio regional. Concretamente, la empresa que habría ayudado a familiares es Price Water House Coopers (PwC), la cual, según un informe del Instituto Armado, habría contratado a la esposa de Diego Lozano, jefe de gabinete de Ignacio González; el hijo del exdirector de la empresa pública madrileña José Martínez Nicolás -detenido en la Operación Lezo e investigado en el caso Púnica-; la mujer del ex consejero de Medio Ambiente Borja Sarasola; o el hermano de Cristina Álvarez, gerente de IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario).

Estos datos fueron aportados por un ex empleado de la empresa pública de la que Martínez Nicolás era director, ICM, Silvano Corujo, quien dio cuenta ante la Guardia Civil los amaños de contratos a favor de PwC e Indra. Según el testigo privilegiado, a cambio éstos habrían financiado parte de la campaña del PP madrileño en el año 2011. Además, en el caso de PwC, la Guardia Civil recoge varios casos de “nepotismo”.

A estos se añade que, según diversas grabaciones interceptadas, varios investigados comentan que quien fuera la directora financiera del Canal de Isabel II, María Fernández Richmond -también detenida en la Operación Lezo- fue 'colocada' por González por su amistad con su marido, Javier de Andrés González, consejero delegado de la empresa tecnológica Indra.

Richmond "es limitada"

Concremante, en una conversación entre el hombre de González en el Canal, Edmundo Rodríguez -en prisión por esta causa- y un abogado amigo suyo se dice de Richmond que “la argentina es un poco tontaina, pero nunca ha actuado de mala fe”. Seguidamente, apuntan que es “muy limitada profesionalmente”, con una experiencia “cortísima” y un currículum “bastante deplorable”. “Su puesto en el Canal de Isabel II se lo regalaron”, añadió Rodríguez Sobrino.

Precisamente, uno de los puntos que se investigan en el caso Lezo es el presunto pago de un millón de euros de Indra al PP madrileño para sufragar su campaña electoral en el año 2011, con Esperanza Aguirre como candidata. Según Corujo, hubo una reunión en la Asamblea de Madrid en la que Ignacio González, como vicepresidente de la Comunidad, reclamó a Martínez Nicolás que buscara un millón de euros para el partido.

De la investigación se desprende cómo Indra habría pagado a proveedores del PP a través de sociedades intermediarias, a cambio de recibir posteriormente diversos contratos de la pública ICM.

"Trato de favor"

Con respecto a PwC, en el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se menciona un contrato que se adjudicó para la “creación de una oficina de proyecto a fin de gestionar la implantación de los nuevos sistemas de información corporativos de la Agencia, concretamente Recursos Humanos y Económico-Financiero”. Según explicó el testigo, una de las partes recogidas en el contrato, concretamente la relativa a RRHH –valorada en 1 millón de euros–, “no pudo llevarse a cabo y lo que se pretendió por parte del ICM fue continuar abonando esta cantidad de dinero aun no habiéndose llevado a cabo el objeto del contrato”. Además, relató que en torno a este contrato “se produjeron otra serie de irregularidades que supusieron el aumento del su importe en 600.000 euros”.

De la investigación se desprende la existencia de una facturación entre PwC e ICM. Un informe de la Agencia Tributaria refleja las operaciones de compras-pagos existentes, con un volumen entre 2010 y 2015 de 8.372.695 euros.

Respecto a los familiares presuntamente colocados en PWC, el testigo aseguró que la mujer del jefe de Gabinete de González “fue contratada por Price por indicación de Martínez Nicolás para formar parte de la Oficina Técnica, objeto del contrato adjudicado desde ICM, cuando su lugar de trabajo estaba en Presidencia y las tareas que realizaba no tenían nada que ver con la Oficina Técnica para la que había sido contratada”.

Después de adjudicado el contrato a PwC, el hijo de Martínez Nicolás, según la información con la que trabajaron los agentes, fue contratado por Price “pero no para trabajar en la oficina”. En este caso, la Guardia Civil encontró en el teléfono móvil del ex director de ICM -tras su detención por la Operación Púnica en octubre de 2014- una serie de mensajes con José Antonio Peláez,socio responsable del Sector Público de la empresa PwC, “que a juicio policial se extralimita del ámbito profesional y de la que puede extraerse cierto trato de favores entre ambas partes”.

Hay varias cadenas de mensajes en las que se observa, según los investigadores, cómo Peláez contacta con Martínez Nicolás para que le ayude a concertar ciertas reuniones, le apoye en algunos temas, o en las que conciertan citas particulares previas a otras relacionadas con el trabajo para preparar estas últimas. “Pepe, muchas gracias por tu apoyo en todo este proceso y sobre todo en la reunión de hoy,, me gustaría comer un día los dos solos, un abrazo”, recoge un de los mensajes, enviados el 14 de marzo de 2014.

"La orden viene de Presidencia"

Con este mismo responsable de la compañía hay una serie de conversaciones sobre la contratación del hijo del ex director de ICM. “¿Te sirvió el caso? Por cierto, hablé con Recursos Humanos de PwC y el contrato de José Ángel es el estándar de todos los nuevos, no hay problema, entra de consultor, hará su máster y todo ok. Un abrazo. José A Peláez”, enviado el 28 de junio del 2012.

“Lo que queda constatado de esta serie de mensajes es que Peláez tenía conocimiento y estaba vinculado de una u otra forma a la contratación del hijo de José Martínez cuando, a priori y según el cargo que ostentaba, no tendría por qué. Este hecho unido a la relación mostrada anteriormente en la que Peláez muestra numerosos signos de agradecimiento hacía Martínez Nicolás y la que se mostrará a continuación acerca de algunos regalos recibidos por este último podrían hacer inferir la verosimilitud de los expresado por Corujo”, concluye el Instituto Armado.

El testigo también aseguró que “también sabe que la esposa de Borja Sarasola fue contratada por Price después de adjudicado el contrato referenciado. Corujo también señaló al hermano de la gerente de la empresa pública IMIDRA. Con respecto a estas dos últimas personas, el exdirectivo de ICM aseguró que “Martínez Nicolás le dijo que les colocase en el proyecto y que la orden le había llegado desde Sol, es decir, desde la propia Presidencia de la Comunidad o desde la consejería de Presidencia”.