Miriam de Rosa, en una conferencia en Barcelona en marzo de 2015

Miriam de Rosa, en una conferencia en Barcelona en marzo de 2015 E.E.

Tribunales

El CGPJ promueve a un cargo a una jueza que firmó a favor del 'derecho a decidir' de Cataluña

De Rosa, nombrada jefa de relaciones externas de la Escuela Judicial con el voto de vocales de todas las tendencias.

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Una de las firmantes del polémico manifiesto de jueces que apoyaron el 'derecho a decidir' del pueblo catalán, Miriam de Rosa, ha sido promovida por el Consejo General del Poder Judicial a la jefatura de relaciones externas e institucionales de la Escuela Judicial, el organismo donde se prepara a los jueces españoles y se realizan intercambios de formación con jueces de otros países de Europa e Iberoamérica.

En febrero de 2014 (unos meses después, en noviembre, se celebró la 'consulta soberanista' por la que será juzgado a partir del próximo lunes el ex presidente de la Generalitat Artur Mas), De Rosa suscribió junto a otros 32 jueces catalanes un escrito en el que se pronunciaban a favor de la legitimidad del ejercicio del 'derecho a decidir' de Cataluña sobre su ruptura con España.

"La cuestión clave de este debate", decía el manifiesto, "pasa por aceptar o no la realidad nacional de Cataluña y, por tanto, su plena soberanía para decidir el su futuro".

Para los firmantes (entre ellos, Santiago Vidal, posteriormente sancionado por ser uno de los autores de la 'constitución catalana'), un "hecho" que "no admite discusión" es que "Cataluña es una nación", algo que, a su parecer, "radica en la base de la Constitución de 1978" y en los estatutos de autonomía de Cataluña.

"Esta indiscutible realidad nacional de Cataluña conlleva, indefectiblemente, el reconocimiento de su derecho a decidir: el llamado 'principio democrático' impregna todo el ordenamiento jurídico internacional y comunitario, y una de sus manifestaciones más elementales es el derecho de los pueblos y naciones a decidir su futuro", sostenía el escrito de los 33 jueces, que criticaban al Tribunal Constitucional por haber "desvirtuado" el Estatuto catalán de 2006 "en aspectos esenciales de identidad nacional y autogobierno".

El propio presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, salió públicamente al paso del documento señalando que los jueces no deberían hacer pronunciamientos "que entren en el debate político y puedan dividir a la sociedad". "Los jueces tienen el mandato legal de ser imparciales y neutrales", subrayó Lesmes, que insistió en el mismo mensaje en una posterior reunión con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Cataluña. "Prudencia", pidió.

"Censurable" y sin sanción

Sin embargo, el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Antonio Fonseca-Herrero, archivó en diciembre de 2014 las actuaciones que abrió a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias. Entendió que, aunque la actuación de los 33 jueces firmantes "es censurable" porque "viene a menoscabar la confianza de los ciudadanos en la Judicatura" y "parte de una afirmación [la "realidad nacional de Cataluña"] que carece de todo apoyo normativo y contradicte la doctrina constitucional", no podía tener consecuencias disciplinarias al quedar amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y opinión.

Justo dos años después, el pasado diciembre, el pleno del CGPJ ha elegido a una de las firmantes del "censurable" escrito para un puesto de jefatura en la Escuela Judicial de Barcelona por un período bianual y prorrogable hasta un máximo de 10 años. Lesmes no votó a De Rosa sino a su principal contrincante, el profesor universitario Francisco Javier Donaire, que logró 8 votos, pero la magistrada se impuso gracias a los 10 votos que le dieron vocales de muy distinta procedencia. La apoyaron consejeras propuestas por el PSOE como Roser Bach o Victoria Cinto y por el PP como Fernando Grande-Marlaska o Carmen Llombart. Ello se explica por un pacto previo de confluencia de votos que también incluyó la elección de Juan Carlos Cerón como presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y de Rafael Pérez como jefe de la sección de oficina judicial del Servicio de Personal del Consejo.

En todo caso, fuentes del CGPJ destacan la idoneidad del curriculum de Miriam de Rosa para el puesto de la Escuela Judicial. Ha participado en varios programas de la Red Europea de Formación Judicial, ha realizado estancias en países de la UE, el Juzgado del que es titular se encarga de las comisiones rogatorias internacionales y domina el francés y el inglés. En las pruebas de idioma extranjero realizadas para la provisión del cargo De Rosa fue la mejor valorada, por delante de Donaire y de la magistrada Carolina Fons, que en la reunión del pleno recibió tres votos.

Las mismas fuentes destacan el prestigio de De Rosa como jueza de instrucción. Nacida en Barcelona, catalanohablante, miembro de la carrera judicial por oposición desde 2001, su rápida instrucción del caso Palau (envió a prisión preventiva a Félix Millet y Jordi Montull) recibió elogios generalizados.

El peso del pasado

Las fuentes consultadas señalaron que el controvertido manifiesto por el 'derecho a decidir' "no puede pesar como una losa años después, aunque fuera una imprudencia o un error". Durante el debate del Consejo, Cinto hizo alusión a los "motivos extracurriculares" contra la designación de De Rosa que habían sido objeto de comentario antes del pleno. La vocal señaló que coincidió con Miriam de Rosa en la Audiencia de Guipúzcoa y se caracterizó por su apoyo a los compañeros amenazados por ETA. De Rosa fue destinada a la Audiencia donostiarra en abril de 2013, cuando pasó de la categoría de jueza a la de magistrada. Allí estuvo poco más de un año, ya que en septiembre de 2014 volvió a Cataluña.

No todos los vocales sabían a qué se refería Cinto con la alusión a las razones extracurriculares. Uno de los consejeros que votó a Miriam de Rosa asegura que no conocía que hubiera sido una de las 33 firmantes del manifiesto, hecho que para él hubiera sido determinante para cambiar el voto.