Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Félix Bolaños, este miércoles en el Congreso.
El Gobierno ignora a los letrados del Congreso y avala la treta para legalizar el fraude en la 'ley de nietos'
El PP sostiene que la admisión supone aceptar "tácitamente" que la instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, "estaba al margen de la ley".
Más información: Los letrados del Congreso rechazan una treta de Sumar para dar validez al fraude del Gobierno en la 'ley de nietos'
La mayoría de izquierdas en la Mesa de la Comisión de Educación del Congreso ha acordado este miércoles admitir a trámite un texto de Sumar que cuela en una reforma educativa una modificación de la llamada ley de nietos.
La decisión se produce pese al criterio de los letrados de la Cámara, que consideran "inadmisible" que Sumar trate de blindar la ley de nietos mediante una enmienda intrusa.
El informe de la Comisión de Educación de la Cámara, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, concluye que la propuesta es "incongruente con el objeto y la finalidad" de la iniciativa legislativa en la que se ha insertado.
La enmienda busca reformar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, relativa al acceso a la nacionalidad española de descendientes de exiliados.
ero se ha añadido a una proposición de ley orgánica centrada en las ratios de alumnos, la jornada lectiva y las condiciones laborales de los docentes no universitarios.
El dictamen de los letrados, que no es vinculante, sostiene que entre ambos asuntos no existe "el mínimo punto de conexión material".
De hecho, el documento invoca la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesaria congruencia de las enmiendas y advierte de que ignorarla puede "lesionar el artículo 23 de la Constitución Española", que protege la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo.
El PP recurrirá
El PP ya ha anunciado que recurrirá ante la Mesa del Congreso la admisión de la iniciativa de Sumar.
Fuentes del PP denuncian que PSOE y Sumar han "despreciado el criterio de los letrados del Congreso" al imponer su mayoría.
![Arriba: Pablo Platas (Rosario, Argentina), Marcos Rodríguez (Ciudad de México), José María Ridao (Buenos Aires), Belén Alfaro (Miami, EEUU). Abajo: Vicente-J. Mas (Monterrey, México), José M.Corvinos (La Habana), Julia A. Olmo y Romero (Bogotá) y Ramón Molina (Caracas)](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11349838.jpg?p=w:1706\/h:960&h=hoGGGF8_"])
Los populares califican la decisión de "chapuza legislativa" y sostienen que supone la "aceptación tácita" de que la instrucción de Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, "estaba al margen de la ley".
Según estas fuentes, el Gobierno mantiene un plan "inalterable" pese a que los servicios jurídicos de la Cámara Baja han advertido de "la falta absoluta de conexión" entre la propuesta y la ley educativa que pretende modificar.
El PP asegura que tampoco aceptará lo que considera un intento de "manosear el ordenamiento jurídico para alterar el censo electoral", ni que el Gobierno utilice una reforma educativa para modificar la regulación de la nacionalidad.
Los populares sostienen que el Ejecutivo pretende "buscar fuera de España los votos que ya no consiguen dentro" y vinculan esta maniobra con la ampliación del censo exterior derivada de la llamada ley de nietos.
Todos los descendientes de españoles
La controversia se inserta en el debate abierto por la ampliación del acceso a la nacionalidad y del censo exterior derivada de la instrucción "manipuladora" dictada por Sofía Puente a la citada disposición de la Ley de Memoria Democrática.
Tal como ha informado EL ESPAÑOL, más de 2,6 millones de personas solicitaron la nacionalidad al amparo de esta norma, y los expedientes aprobados ya superaban el medio millón en junio.
La disposición conocida como ley de nietos permite optar a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles de origen que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio.
La instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública extendió en la práctica esa condición mediante una presunción aplicable a todas las salidas de España producidas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Esa ampliación tiene consecuencias electorales: los nuevos nacionales residentes fuera de España pueden ser inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes.
El Tribunal Supremo acordó la suspensión cautelar de la inscripción electoral de los nacionalizados al amparo de esa instrucción cuando no acrediten el exilio exigido por la ley.
Controversia jurídica
La resolución no resuelve el fondo del recurso, pero aprecia un "peligro serio" de que la limpieza del proceso electoral quede "gravemente afectada" si no se adoptan medidas cautelares.
La Junta Electoral Central ya ha empezado a ejecutar esa cautelar. Ordenó desglosar las inscripciones cuestionadas y ha limitado la elección de circunscripción de los residentes en el exterior, exigiendo que justifiquen documentalmente el vínculo con la demarcación escogida.
El Gobierno ha mostrado sus reticencias a la ejecución de la medida y la ha recurrido. El Ejecutivo ha advertido al Supremo de que los consulados podrían no disponer de tiempo suficiente para certificar antes de los próximos comicios qué beneficiarios de la llamada ley de nietos acreditan efectivamente su derecho al voto.
La enmienda de Sumar pretende incorporar a la ley la presunción de que son exiliados todos los españoles que salieron de España en el periodo comprendido entre 1936 y 1955.
También recoge otros supuestos de nacionalidad vinculados a hijas de españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución y a hijos mayores de edad de quienes se acogieron a las leyes de memoria de 2007 y 2022.
Con la decisión adoptada este miércoles, la enmienda queda calificada y puede continuar su recorrido parlamentario.
