Largas colas en el consulado español de Buenos Aires para solicitar la nacionalidad española.
El PP exige no reactivar el voto de los nacionalizados hasta depurar "caso a caso" el censo de la 'ley de nietos'
Una moción en el Senado reclama al Gobierno todos los expedientes, circulares e instrucciones consulares. El PP denuncia el "interés electoral" del PSOE.
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El Senado instará la semana que viene al Gobierno a tomar las acciones necesarias para no reactivar los efectos electorales de los nacionalizados por la llamada ley de nietos hasta que se depure, "caso a caso", el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA).
La iniciativa, una moción impulsada por el PP, reclama ejecutar y respetar la cautelar dictada por el Supremo mientras se cumple la orden del tribunal a los consulados para que se verifique qué expedientes cumplen los requisitos legales.
La moción se debatirá el próximo martes y se votará el miércoles 30 de septiembre en la Cámara Alta.
El PP, con mayoría absoluta en el Senado, la utilizará para reclamar que el Gobierno informe sobre "los criterios empleados para la tramitación y resolución de los expedientes, incluyendo las instrucciones, circulares, notas interpretativas o criterios administrativos utilizados por los órganos competentes".
El texto no pide anular nacionalidades ni puede impedir que el Supremo revise o levante su propia cautelar. Lo que exige es que el Gobierno, la Oficina del Censo Electoral y la Junta Electoral Central no restituyan el derecho de voto de las inscripciones afectadas "sin acreditar el vínculo familiar, documental y territorial" exigido en cada expediente.
La iniciativa recopila en 12 exigencias la ofensiva del PP contra la aplicación "manipulada" de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Es, hasta ahora, su compendio parlamentario más completo tras meses de investigaciones, litigios, peticiones de datos y denuncias sobre las más de 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad presentadas.
"Interés electoral"
Los populares sostienen que el Ejecutivo "siempre negó que la medida tuviera un interés electoral", pero ven contradicción en la reacción posterior a la cautelar.
"En cuanto el Supremo suspendió los efectos de manera cautelar han salido todos los ministros a presionar a los jueces para que resuelvan antes de las elecciones", afirman fuentes de la dirección del PP.
La realidad es que 11 de los 12 puntos de la moción del PP tienen también dimensión electoral.
Los populares responden que la labor de la oposición es controlar al Gobierno "y sospechar de todo lo que hace el sanchismo", pero que ese punto, el de la nacionalidad, es el centro del debate "porque no es un trámite administrativo, es un honor".
Argumentan que ser español supone tener pasaporte europeo, libre circulación, derecho de residencia y acceso a servicios públicos, además del sufragio.
"Incorporar a millones de personas al cuerpo político español les permite a todos usar, por ejemplo, la sanidad pública... vivan donde vivan, ¿estamos preparados para ello?", se preguntan.
![Imagen de archivo de una urna en unos comicios.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11317273.jpg?p=w:1706\/h:960&h=71iQ_GEN"])
Por eso, cualquier ampliación sustancial, argumenta el partido de Alberto Núñez Feijóo, "exige ley, informes, debate y voto parlamentario".
La "enmienda intrusa"
Recientemente, Sumar ha presentado una enmienda a la reforma de la Ley Orgánica de Educación, que se tramita actualmente en el Congreso. La formación pretende elevar a rango legal parte del contenido aplicado por la instrucción de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente.
Esa "enmienda intrusa", según el PP, no sólo incluye una cuestión de nacionalidad en una norma sobre ratios escolares, sino que "demuestra lo poco que les interesa el fracaso del informe PISA" y además, supone "una confesión de culpa".
Para los populares, la iniciativa del socio minoritario del Ejecutivo "es, en realidad, el Gobierno dándonos la razón... reconociendo que ahora necesitan arreglarlo porque les hemos pillado".
Los hechos
La llamada ley de nietos es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022.
Reconoce el derecho a optar por la nacionalidad a hijos y nietos de españoles de origen que la perdieron o renunciaron como consecuencia del exilio, además de otros supuestos vinculados a mujeres españolas casadas con extranjeros antes de la Constitución y a hijos de quienes se acogieron a leyes previas.
La controversia se centra en la instrucción de 25 de octubre de 2022. Ese texto presume el exilio de los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin exigir que cada solicitante pruebe una persecución política individualizada.
La instrucción y su aplicación consular abrieron la puerta a solicitudes de descendientes de generaciones anteriores. EL ESPAÑOL ha documentado casos de tramitación para bisnietos e incluso tataranietos, mientras el Gobierno reforzaba consulados para responder al aluvión de expedientes.
![Reunión de la Junta Electoral Central](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11353431.jpg?p=w:1706\/h:960&h=WJnHfD4h"])
El Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de determinadas altas en el CERA y la Junta Electoral Central acordó los términos acatar la resolución. El objetivo es separar las inscripciones que acrediten el requisito legal de las que no puedan demostrarlo antes de que el litigio se resuelva sobre el fondo.
La moción del PP pide aplicar la ley "exactamente" como la aprobaron las Cortes y revisar de oficio la instrucción de la funcionaria Puente. El partido sostiene que la Dirección General amplió por vía administrativa el alcance de la norma y "vulneró el principio de jerarquía normativa".
La moción
El núcleo operativo de la iniciativa es la documentación. El PP exige al Gobierno todos los expedientes, criterios, circulares, notas interpretativas y órdenes internas utilizadas por Justicia, Exteriores, los consulados y los registros civiles.
La petición busca impedir que el Ejecutivo "pueda escudarse en instrucciones no publicadas", con independencia de lo que finalmente decida el Supremo. Los populares quieren saber qué pruebas se admitieron, qué criterios recibieron los funcionarios y cómo se determinó tanto la nacionalidad como la circunscripción de voto.
El PP reclama además un desglose de solicitudes, concesiones, denegaciones, nacionalidades inscritas y causas de resolución.
También pide identificar cuántos electores se incorporaron al censo, dónde están registrados y revisar las altas que presenten errores, falta de trazabilidad documental o aplicación incorrecta de los criterios.
"Si el Gobierno está seguro de lo que ha hecho, que publique las instrucciones, las circulares y los criterios", desafían las citadas fuentes de la dirección popular. El partido pide que se garantice la identificación del nacionalizado, su vínculo familiar y su correcta adscripción al CERA o al censo de residentes.
La moción no resolverá el procedimiento judicial ni revocará por sí misma una nacionalidad. Pero obligará al PSOE a votar sobre una batería de medidas que el PP presenta como garantías de legalidad y transparencia.
