El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en un vídeo compartido tras conocerse su imputación en el 'caso Plus Ultra'.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en un vídeo compartido tras conocerse su imputación en el 'caso Plus Ultra'. E.E.

Política

Zapatero se saltó su Código de Buen Gobierno, aprobado en 2005, para quedarse las joyas que ahora le pueden condenar

El expresidente sostiene ahora que fue un obsequio "personal" del rey saudí en 2007, pero la norma exigía rechazar dádivas indebidas o darlas a Patrimonio.

Más información: Zapatero dice al juez que las joyas fueron un regalo "personal" del rey saudí en 2007 y "no tenía conciencia del valor".

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Zapatero declaró ante el juez que las joyas halladas en su despacho fueron un regalo personal del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz en 2007.

El Código de Buen Gobierno, aprobado por el propio Zapatero en 2005, obligaba a rechazar regalos de valor o entregarlos a Patrimonio del Estado.

Las joyas, valoradas en alrededor de 1,3 millones de euros, no fueron declaradas ante Hacienda y su procedencia y tratamiento fiscal están bajo investigación judicial.

Zapatero no ha presentado documentación que acredite la entrega de las joyas y la investigación también busca determinar cómo llegaron a España y si hubo delito de contrabando.

José Luis Rodríguez Zapatero ha acabado explicando al juez José Luis Calama el origen que atribuye a las joyas halladas en su despacho de Ferraz. Lo ha hecho por escrito, tras un requerimiento judicial, tres meses después de pedir "una semana o diez días" para justificar la procedencia lícita de las piezas.

El magistrado, que esperaba desde antes de verano, le requirió el pasado lunes para que diera razón de las joyas que le pueden condenar antes de este viernes. En el escrito que la defensa de Zapatero ha hecho llegar a la Audiencia Nacional, sostiene que se las regaló el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz en 2007.

El expresidente afirma que el monarca le entregó las joyas en su vivienda de entonces, el Palacio de la Moncloa. Según su relato, se trató de una "atención estrictamente personal", aceptada "por deferencia" y como muestra de "agradecimiento y respeto".

Esta nueva explicación añade otro cambio a las versiones que se han filtrado durante estos meses sobre las piezas. Hasta ahora, su entorno había encuadrado el supuesto obsequio en las relaciones bilaterales entre España y Arabia Saudí y lo había presentado como un gesto protocolario.

Ahora, en cambio, Zapatero afirma ante el juez que fue un regalo privado. El cambio es relevante para tratar de sortear un incumplimiento no ya delictivo, sino meramente administrativo: el Código de Buen Gobierno de 2005.

Aunque si el donante era el jefe del Estado saudí, el receptor era el presidente del Gobierno español y la entrega se habría producido durante una visita oficial a Madrid, la condición de "atención estrictamente personal" no despeja esas circunstancias.

Porque, según el texto de la norma, aprobada por el Consejo de Ministros presidido por el propio Zapatero, explica que el regalo debió ser rechazado o entregado a Patrimonio del Estado.

La norma

El 18 de febrero de 2005, el Gobierno aprobó el citado Código de Buen Gobierno para los miembros del Ejecutivo y los altos cargos de la Administración General del Estado. El acuerdo se publicó en el BOE el 7 de marzo de aquel año y entró en vigor el 27 de marzo.

La norma fijaba los principios de transparencia, integridad, ejemplaridad, imparcialidad y responsabilidad. Su objetivo era evitar toda actividad o interés que "pudiera comprometer la independencia" de los cargos públicos o menoscabar el cumplimiento de sus deberes.

Su apartado tercero, dedicado a los principios de conducta, era inequívoco. Ordenaba rechazar "cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas" que excediera "los usos habituales, sociales y de cortesía".

También incluía los préstamos u otras prestaciones económicas que pudieran condicionar el desempeño de las funciones. Y añadía una segunda obligación para los obsequios "de mayor significación de carácter institucional". En este caso, "se incorporarán al patrimonio del Estado".

Si fue institucional la dádiva, es indudable esa "mayor significación". Y si fue personal, no se puede decir que no "excedía los usos habituales de cortesía".

Porque la tasación encargada por el juez a la casa Ansorena cifró el valor de las joyas en alrededor de 1,3 millones de euros. Se trata de tres juegos de joyería de diseño similar, compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros.

En todo caso, Zapatero sostiene ahora que desconocía su valor material. Afirma que las piezas quedaron guardadas durante años junto con joyas de origen familiar y regalos de amigos, "sin uso ni destino alguno".

Pero esa ausencia de uso no altera la regla del Código de Buen Gobierno.

"Atención personal"

La nueva versión de Zapatero no responde tampoco a esta segunda cuestión. Presenta las piezas como "una atención personal", pero no explica por qué un presente recibido de un monarca extranjero durante una visita oficial debía quedar excluido de la regulación sobre obsequios institucionales.

El ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió a Zapatero en una rueda de prensa celebrada tras el Consejo Europeo del pasado junio en Bruselas, asegurando que "en 2007 no existía una norma" que le obligara a rechazar las joyas o a entregarlas al Estado. La afirmación era falsa.

El Código de Buen Gobierno estaba en vigor desde dos años antes de la visita de Abdalá bin Abdulaziz a Madrid en junio de 2007.

Contrabando, IRPF y Patrimonio

Por supuesto, el escrito que Zapatero ha remitido a Calama no menciona esa norma.

La cuestión penal trasciende el reproche político o ético, pero el incumplimiento del Código adquiere otra dimensión dado que las joyas siguieron en poder del expresidente y no fueron declaradas ante Hacienda.

La investigación judicial deberá determinar quién introdujo las joyas en España, quién era su titular efectivo, cuál es su valor efectivo y su tratamiento tributario.

Zapatero no ha aportado, de momento, documentos o testimonios externos que prueben la entrega. No consta una carta de regalo del rey saudí, una certificación diplomática, un documento aduanero ni un testigo que corrobore la versión trasladada al juez.

Su defensa sostiene que, a través de la Embajada del Reino de Arabia Saudí en Madrid, sí ha solicitado una certificación para respaldar esa explicación. E incluso le solicita al magistrado diligencias con Riad, a través de una comisión rogatoria.

Pero lo que sí busca esta versión es desplazar la posible responsabilidad por el delito de contrabando, uno de los tres por los que se le investiga. Si las joyas le fueron entregadas en Madrid por el rey saudí, Zapatero no habría sido quien las introdujo en España.

Ante el resto de indicios que no corroboran esta tesis, la investigación deberá determinar cómo llegaron, quién las transportó, dado que nunca fueron declaradas ante Aduanas y podría haber operado el régimen especial diplomático aplicable a la delegación saudí.

El relato también sitúa la recepción en junio de 2007. Esa fecha pretende alejar hasta la prescripción una elusión de la tributación en el IRPF por el supuesto regalo, pues las obligaciones tributarias ordinarias dejan de ser perseguibles, con carácter general, a los cuatro años, según la Ley General Tributaria.

Aunque, finalmente, no quedaría eliminada la cuestión del Impuesto sobre el Patrimonio.

Ese tributo se devenga anualmente, cada 31 de diciembre, y obliga a atender a los bienes que el contribuyente poseía en cada ejercicio, no sólo al año en que los adquirió.

Así que a la instrucción le tocará averiguar su patrimonio neto y los mínimos aplicables, a partir de las declaraciones presentadas, incluyendo el valor fiscal atribuible a las piezas.