Última hora política, en directo | Podemos recalca que el decreto de vivienda que preparaba el Gobierno era "una auténtica temeridad"

La Junta de Andalucía ha elevado a Situación Operativa 1 la gestión del incendio forestal declarado este lunes en Lepe (Huelva), cerca del complejo turístico de Islantilla, que ha obligado a activar también el Plan de Emergencias Local.

En sus redes sociales, el dispositivo contra incendios forestales en Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de la activación de la fase de emergencia y ha recomendado a la población cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en la vivienda, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, evitar la zona del fuego y seguir las instrucciones de las autoridades.

El fuego se centra en una masa de pinares y matorral inicialmente lejos de zonas habitadas, aunque hay varias casas diseminadas que, sobre todo por el humo, se podrían ver afectadas.

Tras enviar un primer contingente, el Infoca ha derivado a la zona dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, 45 efectivos por tierra y dos autobombas. En las labores de extinción trabajan además efectivos de la Policía Local de Lepe e Isla Cristina, Protección Civil y bomberos de la Diputación.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han enviado una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, para pedirle que se retrase al menos hasta septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada este miércoles para aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica.

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, los consejeros de Hacienda y de Economía de las once comunidades gobernadas por el PP, además de los de Ceuta y Melilla, sostienen que una reforma "pactada con una sola parte y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen".

Según apuntan, la propuesta que el Gobierno quiere someter a las comunidades, "fruto de un pacto bilateral con ERC", es prácticamente la misma que presentó en enero y que fue rechazada por 16 de los 17 territorios integrados en el modelo —las comunidades del régimen común y las ciudades de Ceuta y Melilla—. A su juicio, la actuación del Gobierno "quiebra el derecho a un trato igual" a todas las comunidades, como establece la ley y la Constitución.

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha afirmado este lunes que su Ejecutivo "no va a ceder bajo ningún concepto" y mantendrá su rechazo al modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España.

El presidente regional se ha referido, tras una visita al Centro de Simulación e Innovación de Cuenca (Cesicu), al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para este miércoles 29 de julio, donde el Gobierno nacional pondrá sobre la mesa su planteamiento para un nuevo modelo de financiación.

García-Page ha censurado que ese modelo, pactado con ERC, viene "de los mismos que quieren privilegios, aquellos que quieren quedarse mucho más y tener siempre mucho más que los demás". "Como comprenderán es, de raíz, absolutamente nefasto", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado que su gobierno no va a ceder "en lo que igualdad en la financiación se refiere" y ha afirmado que "no queremos el dinero para presumir o para buscar romper España" sino para "tener de las mejores sanidades, educación y prestaciones sociales". "Que no nos tomen por tontos los independentistas", ha advertido el socialista.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha denunciado ante la Fiscalía de Menores la decisión del Gobierno de Aragón de suprimir la asignación económica semanal que percibían hasta ahora los niños y adolescentes migrantes no acompañados mientras la mantiene para aquellos con nacionalidad española.

Según ha informado en un comunicado el departamento que dirige Sira Rego, esta medida, ordenada por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, de la que es titular el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), establece una diferencia de trato entre niños tutelados por la misma administración en función de su origen.

Este lunes, la Consejería ha informado de esta medida en relación a esta asignación, que Nolasco califica de "propinas" y que asciende a 17 euros semanales para cada menor. "Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años", ha señalado la ministra a través de la nota.

Rego ha calificado la medida de "racista" y "miserable" y ha asegurado que busca criminalizar a los menores por no haber nacido en España y establecer ciudadanías de primera y de segunda, "como hacen los regímenes más perversos."

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este lunes que es "imprescindible" aunar esfuerzos y multiplicar los recursos para hacer frente a la emergencia climática.

En declaraciones a TVE, Martín ha dicho que si hay alguien que en este contexto todavía se sigue resistiendo al pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "tendrá que dar demasiadas explicaciones".

Ha mostrado su confianza en que quienes se han negado hasta ahora a participar en ese acuerdo rectifiquen y se puedan volcar todos los recursos, multiplicar la coordinación y ser eficaces para tratar de hacer frente a estas "emergencias devastadoras".

El delegado del Gobierno ha expresado su "moderado optimismo" en la lucha contra el incendio en la sierra oeste de Madrid, dado que, en sus palabras, "tenemos los recursos y se dan las condiciones meteorológicas". Aun así, ha reconocido que se está actuando "ante un fuego de una intensidad y de un volumen desconocido en nuestro país hasta la fecha".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha expresado su "preocupación, dolor y solidaridad" con los afectados por los incendios que están arrasando distintos puntos del país y ha advertido de que es "una grave irresponsabilidad" el "negacionismo climático" en este momento.

"Por supuesto, me preocupa mucho el efecto sobre la infancia de ese tipo de desastres, sobre la juventud, y me preocupa mucho en el contexto del cambio climático. Quiero decirlo claro, es una grave irresponsabilidad el negacionismo climático en este momento, primero porque es ciencia y está ahí, y segundo porque afecta a nuestra vida cotidiana, afecta sobre todo a la vida cotidiana de las personas más vulnerables", ha señalado Rego en una entrevista concedida a Europa Press.

La ministra ha asegurado que vive esta emergencia con "mucha preocupación, mucho dolor y mucha solidaridad"; ha mostrado su agradecimiento "a los servicios de extinción, a las fuerzas de seguridad, a todos los operativos" y ha pedido "mucha iniciativa política" porque, a su juicio, "no es inevitable".

Vox ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adjudicó la nueva licencia estatal de televisión digital terrestre (TDT) al consorcio impulsado por José Miguel Contreras para poner en marcha el futuro canal en abierto, La Séptima.

El Consejo de Ministros adjudicó la nueva licencia estatal de TDT al consorcio Siete que prevé lanzar el próximo 5 de noviembre el nuevo canal de televisión en abierto, conocido provisionalmente como La Séptima.

Vox sostiene en el escrito de su recurso presentado este lunes que interpone el recurso por entender que la misma "no se ajusta a derecho" y pide al tribunal que reclame el expediente administrativo para poder formalizar posteriormente la demanda, en la que expondrá los motivos jurídicos de su impugnación.

Asimismo, el recurso se dirige no solo contra la resolución que publica el acuerdo del Consejo de Ministros, sino también frente a "cualesquier otro informe que tenga relación y sustente las resoluciones".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sentenciado que "es el momento de abrir debate, cuando el monte arde" y ha cargado contra el PP y Vox por querer evitar hablar sobre las causas y los responsables del fuego, no porque entorpezca las labores de extinción sino porque les "perjudica su objetivo de permanecer en el poder o alcanzarlo".

En plena ola de incendios que afecta a distintos puntos del país, a través de un vídeo publicado en X, el ministro ha cargado las comunidades autónomas gobernadas por el PP de reducir impuestos y recortar los servicios públicos para después pedir al Gobierno de España que "les resuelva la papeleta".

Puente ha comenzado su disertación de más de ocho minutos y medio exponiendo la situación tan desoladora que se vive cada verano en España por culpa de los incendios e incide que cada vez, cada año, las consecuencias son peores. No obstante, ha insistido en que es el momento de debatir y dirimir responsabilidades.

Junts ha cargado este lunes contra la gestión del Gobierno en materia de vivienda y le ha pedido un "giro de 180 grados" para apoyar el decreto ley que el Ejecutivo ha pospuesto para septiembre por falta de apoyos parlamentarios.

Los de Puigdemont han pedido al Gobierno más tiempo para negociar el texto, en el que ha propuesto recientemente incluir nuevas propuestas en materia de fiscalidad, además de solicitar cambios en lo referente a desahucios y a la regulación de los alquileres de temporada.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha insistido, al igual que la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en que, con más tiempo, es posible alcanzar un "gran acuerdo" con los grupos parlamentarios para aprobar el decreto en septiembre.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos de la Fiscalía y ha revocado la progresión a tercer grado concedida por la Viceconsejería del Gobierno vasco a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, exjefe de la banda terrorista, y Óscar Zelarain.

En sendos autos, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, considera que en este momento no se dan los requisitos legales para la concesión de tales medidas.

En el caso de Olarra Guridi, el magistrado indica que está condenado a penas que acumuladas suman 30 años de prisión y que, aunque se observa una evolución positiva del penado, el licenciamiento se prevé en 2036.

En línea con el fiscal, el juez explica que los procesos de desvinculación y reinserción cuando concurren pluralidad de víctimas, violencia extrema y alta lesividad requieren tiempos prolongados de verificación, puesto que debe acreditarse una trayectoria sostenida en el tiempo.

El auto hace constar la evolución positiva del preso, pero concluye que no cabe acceder al tercer grado acordado por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco “ya que debe constatarse la consolidación de factores positivos existentes en el periodo del 100.2 RP, especialmente a través de las salidas al exterior (permisos) que permitan afianzar el pronóstico individualizado de reinserción”.

En el caso de Óscar Celarain, el juez acoge íntegramente la posición del Ministerio Público. El fiscal se opuso argumentando que en su caso todavía no se ha avalado judicialmente la aplicación del artículo 100.2 y que, por tanto, no ha habido tiempo de consolidar su eficacia tratamental, por lo que “la progresión de grado es prematura y precipitada”.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido la inocencia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para quien la acusación popular pide 13 años de cárcel, y ha denunciado la existencia de una "cacería" en su contra.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva socialista, en la que no ha participado Sánchez porque se encuentra visitando la zona afectada por el incendio de Castellón, Mínguez ha asegurado que la "cacería" que a su juicio hay contra Gómez "no da más de sí" y es algo que la ciudadanía puede observar.

A su parecer, se trata de una persecución "resultado de ser la mujer de quien es".

Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, piden en total trece años de cárcel para Gómez y seis años para su asesora, Cristina Álvarez, para las que antes pedía hasta 24 y 22 años, respectivamente, de cara al futuro juicio con jurado popular.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que no le parece comprensible que en un caso "tan mediático" como el de Begoña Gómez sea un "tribunal" popular el que vaya a juzgarlo, aunque de todas formas confía en que "la ciudadana declare su inocencia".

En declaraciones a los medios tras presidir la IV Comisión de Seguimiento del ingreso mínimo vital, la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha manifestado que "este caso nunca tenía que haber comenzado".

Preguntada por la decisión de la acusación popular en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de rebajar de 24 a 13 años la petición de cárcel para Gómez, la portavoz del Ejecutivo ha señalado que "toda la ciudadanía ha visto una instrucción absolutamente anómala".

Por ello ha querido Saiz enviar su "empatía" a Begoña Gómez.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado a los "patriotas" del PSOE y del PP de enviar a la Policía a Mallorca para "apalear" a todas esas personas que mostraron este domingo su hartazgo porque la masificación turística les está "robando" sus barrios.

De esta forma se ha referido el independentista catalán a la marcha contra la turistificación que tuvo lugar en la capital balear y que acabó con una docena de heridos, entre ellos un fotoperiodista, como consecuencia de las cargas policiales.

En un comentario publicado en la red social X, Rufián ha manifestado su comprensión a que la gente de Mallorca esté cansada de que personas "de fuera (blancas, rubias y ricas) vengan a robarle sus barrios, su mar y su tierra".

"Harta", ha proseguido, de ser "los camareros y la discoteca del mundo" y de que cuando lo denuncian, los "patriotas" del PP y el PSOE "les manden a la policía a apalearles". "Qué vergüenza, Alfonso Rodríguez", concluye Rufián, como crítica directa al delegado del Gobierno en Baleares.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el presidente canario, Fernando Clavijo, han alcanzado un acuerdo que, entre otras cuestiones, recoge que en el nuevo sistema de financiación autonómica Canarias podrá disponer de unos 1.337 millones de euros adicionales entre los recursos derivados del nuevo modelo de financiación autonómica y los mecanismos complementarios previstos.

Clavijo ha indicado, en una rueda de prensa posterior al encuentro, que con este acuerdo se pone "fin a varios meses de negociaciones intensas" por parte de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de Canarias sobre cuatro ejes principales, tales como han sido la financiación autonómica, el cumplimiento de la Agenda Canaria, la utilización del superávit y la negociación del Decreto Canario.

En este sentido, ha calificado de "altamente positivo" el acuerdo para Canarias, apuntando que para apoyar este miércoles, 29 de julio, el nuevo modelo de sistema de financiación autonómica, desde el Gobierno canario se pedía dejar los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) fuera del mismo, cuestión que desde Hacienda se ha garantizado que "no" formarán parte del bloque de financiación.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, ha aplazado al 18 de agosto la citación de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, para "llevar a cabo el clonado" de su móvil.

Serrano estaba citado el próximo 5 de agosto para "verificar" el clonado del móvil que el juez ordenó a la Guardia Civil y tenerlo por incorporado a la investigación judicial o, en su caso, acordar "un nuevo clonado en sede judicial" con él presente.

El expresidente de Correos solicitó cambiar su citación y el magistrado ha dictado este lunes una providencia en la que le convoca el 18 de agosto para practicar la diligencia.

Pedraz imputó hace unas semanas a Juan Manuel Serrano en la causa que gira en torno a presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectasen al PSOE y al Gobierno, en la que también están investigados la exmilitante Leire Díez y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha declarado, sobre el estado del decreto de vivienda aplazado, que todos los grupos parlamentarios se mantienen en conversaciones, pero que estos han pedido "más tiempo" para alcanzar un acuerdo.

Asimismo, ha exigido "ser lo más rápido posible" porque hay "muchas personas esperando" este decreto.

Urtasun ha afirmado que quiere que el siguiente curso político "empiece con la vivienda", en relación al anuncio de retrasar la aprobación del decreto de vivienda a septiembre difundido hoy.

La defensa del excomisario José Manuel Villarejo ha defendido que Kitchen fue una operación de inteligencia legítima que buscaba patrimonio oculto del extesorero del PP Luis Bárcenas e información sobre testaferros y ha pedido su absolución, subrayando que solo siguió órdenes de sus superiores.

En el juicio del caso Kitchen, que se sigue en la Audiencia Nacional, el letrado del excomisario, Antonio García Cabrera, ha sostenido este lunes que no hay pruebas que permitan sostener que fue una operación parapolicial para sustraer documentación al extesorero e impedir que datos incriminatorios para el PP acabasen en poder de la Justicia, como sostienen las acusaciones y la Fiscalía.

En su informe final, esta parte ha defendido que Kitchen es "un caso cuasi periodístico" porque "nunca existió con tal nombre" y ha atribuido su creación al extesorero del PP, quien ejerce la acusación particular y cuya credibilidad ha puesto en duda esta defensa.

El letrado de Villarejo ha insistido en que se produjo una operación de inteligencia para buscar patrimonio y testaferros, compatible y diferente del caso Gürtel, en la que el excomisario cumplió lo requerido por sus superiores, en concreto por el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha recalcado que el decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno envió a los grupos la semana pasada y cuya aprobación ha retrasado a septiembre era "una auténtica temeridad" y suponía una "amnistía urbanística para los grandes pelotazos".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Fernández ha vuelto a denunciar que el Gobierno pretendía "colar por la puerta de atrás" una reforma de la Ley del Suelo con una norma que, a su juicio, implicaba "tomar como rehenes a los inquilinos y a los millones de personas que a día de hoy no pueden ni comprar una casa ni alquilar una vivienda".

Fernández ha recordado que Podemos, junto con otros grupos de izquierda, ya impidió la aprobación en el Congreso esa reforma de la Ley del Suelo que ahora "el Gobierno quiere colar por decreto en pleno verano, cuando cree que nadie está mirando".

Ese texto, ha protestado, permitiría "legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros" y limitaría de forma importante la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.

El Gobierno ha decidido no llevar este martes al Consejo de Ministros el real decreto de vivienda pactado por PSOE y Sumar para congelar los alquileres hasta 2028. Moncloa asume que el texto nacía muerto al no contar ni con el apoyo de Junts ni con el de Podemos, imprescindibles ambos para convalidar la norma en el Congreso.

La decisión se ha tomado tras constatar, en las últimas horas, que las advertencias de los morados y el rechazo explícito de Junts, expresado este mismo lunes a primera hora por su portavoz Míriam Nogueras, no eran sólo un gesto negociador, sino un veto real al paquete tal y como estaba redactado.

Hazte Oír, la organización en la que están unificadas las acusaciones populares en el caso de Begoña Gómez, ha pedido hoy 13 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez.

La acusación popular ha tenido que rehacer su inicial escrito de acusación, en el que solicitaba 24 años de prisión para Gómez y 22 años para Álvarez.

Ello ha sido consecuencia de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 16 de julio, que suprimió las imputaciones de corrupción en los negocios y apropiación indebida.