Pedro Sánchez este martes presidiendo la reunión de coordinación para el Trío de Eclipses
Sánchez, atado a que Zapatero no cambie de versión mientras 'Julito' Martínez corrobora ante el juez los indicios de delito
Aceptar la tesis del "lobby legal" supondría aceptar que hizo gestiones y Moncloa cree que no podrán probar con quién contactó.
Más información: 'Julito' Martínez ratifica ante el juez que Zapatero intervino en Plus Ultra pero no sabe con quién habló "aguas arriba"
Pedro Sánchez mantiene su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque en realidad, el presidente del Gobierno se defiende a sí mismo al defender al expresidente.
Porque políticamente, Sánchez depende de que se mantenga la versión sostenida por su antecesor negando cualquier gestión de éste para que el Gobierno aprobara el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Esta versión es la que ha mantenido hasta ahora el expresidente, pero ha sido contradicha por su amigo Julio Martínez y por los responsables de la compañía, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli.
El Gobierno se aferra firmemente a que el rescate, sufragado por un fondo estratégico con el que se rescataron otras compañías aéreas en Europa, fue totalmente legal, siguiendo el procedimiento legalmente establecido y revisado luego por diversas instancias, como el Tribunal de Cuentas, un juzgado de Madrid o la Comisión Europea, entre otras.
Y no puede admitir que haya habido contacto alguno con Zapatero durante su tramitación porque quedaría comprometido y en esa posición seguirá el Ejecutivo. No es sólo porque caiga "el faro moral de la izquierda".
"No cambian nada", aseguran fuentes de Moncloa sobre las nuevas declaraciones en el juzgado que incriminan a Zapatero.
Zapatero también ha mantenido en público, en el Senado y ante el juez que no él hizo ninguna gestión. "Eso es una verdad incuestionable", dijo.
Ni siquiera admitió gestiones de "lobby legal" como pretenden algunos socialistas para justificar la supuesta acción del expresidente. Si hubiera tal "lobby legal" el Gobierno quedaría también en evidencia y, por eso, no mantiene esa tesis e insiste en que Zapatero no intervino en nada. En eso se atrincherará.
Si Zapatero cambiara su versión y fuera por la vía de admitir la consultoría legal estaría metiendo en un lío al Gobierno, porque tendría que decir con qué personas concretas de la Administración contactó.
Estaría "matando políticamente" a Sánchez y poniendo el foco penal en personas concretas de la Administración. Por eso, Sánchez se defiende a sí mismo apoyando a Zapatero.
"Creemos en él", aseguran tajantes fuentes de Moncloa. Otros miembros del Gobierno y del partido no sólo consideran que Zapatero está "acabado" política, ética e institucionalmente sino que tienen pánico al giro que dan las nuevas declaraciones y serían partidarios de poner distancia con el expresidente.
Los tres investigados que se han dirigido al juez de la Audiencia Nacional para colaborar con la Justicia aseguran que el expresidente cobró una "mordida" por sus gestiones en favor de Plus Ultra para que se aprobara el rescate.
Sin embargo, ninguno de ellos ha podido confirmar con quién hizo las gestiones favorables al préstamo el expresidente ni a quién tocó "aguas arriba", en una expresión utilizada por el magistrado en la declaración de Julito Martínez.
En este punto es en el que el Gobierno tiene puestas sus esperanzas: si no puede establecerse con quien contactó Zapatero para las supuestas gestiones de lobby o consultoría a favor de Plus Ultra no habría delito y, sobre todo, no habría dudas sobre la gestión del Ejecutivo para tramitar el rescate que, en último término, aprobó el Consejo de Ministros.
Una hipótesis difícil de creer es que Zapatero cobrara de Plus Ultra una "mordida", pero sin llegar a hacer ninguna gestión. Esta opción sería tanto como decir que el expresidente estafó a la compañía aérea, haciéndoles creer que hacía lo que en realidad no hizo.
Porque la declaración de los tres investigados puede ser corroborada por el movimiento del dinero, con destino final a Zapatero y a la empresa de sus hijas.
Sí hay distancia de la posición oficial del Gobierno en relación al asunto de las joyas, una vez que han pasado ya dos meses desde que el expresidente anunció que daría explicaciones sobre su origen. Ese silencio incomoda en Moncloa y en el Gobierno entienden que no hay forma de "levantar" ese asunto.
Fuentes del Gobierno consideran que las declaraciones de Julito Martínez y los dos responsables de Plus Ultra acaban con la estrategia de apostar todo a la nulidad del caso por las dudas sobre la procedencia desde Estados Unidos de datos de un móvil supuestamente sin control judicial.
En el PSOE siempre se ha cuestionado esa estrategia y ahora esas confesiones crean otro escenario también respecto al proceso.
Por el momento, el Gobierno aún no ha usado el argumento habitual para los casos en los que un investigado confiesa e implica a políticos, desacreditándolos y descalificándolos como delincuentes que buscan salvarse.
