El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al Foro EPP Libertas que tiene lugar este miércoles en Madrid.
El PP califica de "fraude" el tratado de Gibraltar, arremete contra las cesiones de soberanía y exige que se vote en las Cortes
Acusa a Sánchez de "dilapidar la posición de ventaja" tras el Brexit y de regalar a Londres un estatus mejor que el que tenía dentro de la UE
Más información: Sánchez, sobre la demolición de la Verja de Gibraltar: "Hoy cae el último muro de la Europa continental".
El Partido Popular ha decidido elevar al máximo su ofensiva contra el tratado de la Unión Europea con el Reino Unido sobre Gibraltar y la "autoexclusión" del Gobierno de Pedro Sánchez. Una maniobra que, dice el PP, buscaba "evitar el debate y la votación en las Cortes".
Fuentes de la dirección popular acusan al Ejecutivo de perpetrar un "fraude" político y jurídico al poner en marcha el acuerdo sin someterlo al control del Parlamento. Los populares sostienen que, por su contenido, "el texto encaja en el artículo 94.1 de la Constitución".
A su juicio, el texto afecta a materias políticas, a derechos y deberes de los españoles y al régimen de la frontera, y por tanto debería haberse debatido y votado en el Congreso y en el Senado.
Pero la crítica va más allá del procedimiento.
El PP denuncia que el Ejecutivo ha "dilapidado" la posición de ventaja que España tenía tras el Brexit para presionar sobre la soberanía de la colonia británica en suelo español y amarra un statu quo aún más favorable a Londres y a Gibraltar.
"Más favorable a Londres"
La dirección de Alberto Núñez Feijóo subraya que España se ha "autoexcluido" del tratado.
Recuerda que el acuerdo se firma formalmente entre la UE y el Reino Unido, mientras el Gobierno insiste en que se trata de un pacto "sólo UE, para evitar su calificación como acuerdo mixto", que habría requerido autorización parlamentaria.
En Génova recalcan que el Reino Unido y Gibraltar logran un régimen "más favorable" que cuando Londres era Estado miembro de la Unión.
Disfrutan de la eliminación de la Verja, de la integración funcional en Schengen y de la continuidad de su modelo económico, mientras la reclamación española de soberanía queda congelada.
¿Prosperidad compartida?
Los populares atacan también la gran consigna política de Moncloa: la "prosperidad compartida" para toda la comarca.
Advierten de que el tratado repite ese concepto, pero "no fija inversiones concretas, programas detallados ni transferencias garantizadas" para el Campo de Gibraltar.
Este miércoles, Pedro Sánchez buscaba precisamente la foto de esa nueva etapa. El presidente ha participado en la ceremonia de demolición de la Verja, flanqueado por las autoridades locales y junto al ministro principal de Gibraltar, en un acto solemne celebrado en suelo español.
La imagen del derribo de la Verja ha sido el símbolo elegido por Moncloa para escenificar el final de una frontera física que durante décadas ha marcado la vida entre La Línea y la colonia.
Sánchez ha presentado el momento como la caída del "último muro de Europa continental" y como la prueba de que el tratado abre una nueva era de movilidad y relaciones.
El jefe del Ejecutivo ha puesto el acento en los efectos cotidianos del acuerdo.
![Maros Sefcovic, Fabián Picardo, David Lammy y José Manuel Albares, durante la última reunión sobre Gibraltar en septiembre de 2024](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10983174.jpg?p=w:320\/h:240&h=wJEJRMy6"])
Ha augurado el fin de las colas, una frontera sin barreras visibles y "más oportunidades económicas a ambos lados", sin entrar en los detalles más controvertidos del texto ni en las objeciones planteadas por la oposición.
Soberanía británica
Detrás de esa puesta en escena late un cambio de fondo en la posición española sobre Gibraltar.
El nuevo marco elimina la Verja y somete al Peñón a cierta supervisión europea, pero al mismo tiempo blinda la soberanía británica, con una cláusula que mantiene el 'statu quo' en elartículo 2.
Y consagra un modelo de control "dual" de la frontera en el que España comparte funciones sin imponer su título sobre el territorio.
España pasa de jugar con la ventaja diplomática que le otorgaba el Brexit a aceptar un esquema estable de cooperación.
En la práctica, Madrid gana operatividad en el control de flujos y mercancías y pierde capacidad de presión sobre la cuestión de fondo, que queda encapsulada en fórmulas de salvaguardia que congelan las posiciones jurídicas de cada parte.
El texto incluye, además, marcos de cooperación fiscal, aduanera y policial que, en teoría, deben reforzar la lucha contra el contrabando y mejorar la coordinación reglamentaria entre Gibraltar y la UE.
También se contemplan mecanismos de protección para los trabajadores del Campo de Gibraltar y compromisos de diálogo sobre proyectos de desarrollo para la zona.
Insuficiente y engañoso
El PP replica que esa letra pequeña es insuficiente y, en algunos casos, engañosa.
Sostiene que no hay una equiparación fiscal real ni obligaciones claras para que Gibraltar abandone su condición de paraíso tributario, lo que seguirá "lastrando la competencia leal" con las empresas y los autónomos de la provincia de Cádiz.
![Frontera entre España y el territorio del Peñón de Gibraltar, desde en La Línea de la Concepción (Cádiz), el pasado junio, cuando se anunció el acuerdo político.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11201876.jpg?p=c:3986:2243:nowe:14:140\/w:1706\/h:960&h=V7B0hX7G"])
Los populares critican de forma específica la situación de la base militar británica en el Peñón.
Acusan al Gobierno de dar por asumida una instalación levantada en un territorio que España considera "ilegalmente ocupado" y de consentir que personal militar extranjero cruce sin controles migratorios plenos de la UE.
En paralelo, la dirección del PP enumera la lista de asuntos que, a su juicio, quedan sin respuesta.
Menciona la incertidumbre sobre el futuro de la flota pesquera española en la zona, los riesgos medioambientales ligados al tráfico marítimo y a las infraestructuras británicas, así como las incógnitas en pensiones y servicios financieros.
"Opacidad" y "huida"
El recurso a la aplicación provisional del tratado, que entra en vigor este mismo 15 de julio, es otro de los puntos más duros de la ofensiva popular.
Las fuentes consultadas hablan de un sistema operativo "sin ningún tipo de aprobación parlamentaria" y ven en ello un síntoma de la “opacidad” y del "desprecio" del Ejecutivo hacia las instituciones.
En público, la cúpula de Génova ha optado por combinar la crítica jurídica con la política.
"El acuerdo afecta a la vida de los españoles y lo que afecta a los españoles lo deben decidir los españoles", resumen en la dirección, que denuncia que Sánchez ha preferido "huir de las Cortes" para evitar un debate incómodo.
![Las banderas de España, Reino Unido, Gibraltar y la UE, junto a la Verja que marca el paso a la colonia británica.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11200672.jpg?p=c:720:406:nowe:0:74\/w:1706\/h:960&h=wKUqz4gf"])
La conclusión que se dibuja en el principal partido de la oposición es clara.
A su entender, el Gobierno ha sacrificado la capacidad de presión sobre la soberanía de Gibraltar a cambio de una foto histórica de demolición de la Verja y de una promesa de prosperidad compartida que, por ahora, consideran vaga e insuficiente.
