El ministro Ángel Víctor Torres y el asesor Koldo García.
El Parlamento canario acusa a Torres de "interés personal" en los pagos a la 'trama Koldo' y de una gestión "opaca" deliberada
El dictamen de la comisión de investigación sitúa al hoy ministro al frente de una "estructura paralela" sin "base jurídica" por sus "decisiones políticas".
Más información: La investigación halla en Sudáfrica y Reino Unido el rastro del dinero del cohecho con fondos UE para material sanitario de Canarias.
El Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres "favoreció empresas concretas", como Soluciones de Gestión, MegaLab y RR7, en contratos de emergencias durante la pandemia.
El hoy ministro de Política Territorial "ignoró las advertencias de los funcionarios", comprometió millones de euros de dinero público y "ocultó la verdadera implicación política que existió en todas estas operaciones".
Ésta es la conclusión de la larguísima comisión de investigación que el Parlamento de Canarias acaba de cerrar, después de tres años de trabajos.
Según el dictamen, de 136 páginas y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la responsabilidad política es directa y "especialmente intensa" del entonces presidente socialista de las islas, de quien fue viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, además de director del Servicio Canario de Salud (SCS), y de Conrado Domínguez, después al frente del SCS.
El informe concluye que este personaje fue incluido "por decisión política" atribuible a Torres en la gestión deliberadamente "opaca" de los contratos, que el ahora ministro "siguió e impulsó personalmente" con "actuaciones incompatibles con una posición ajena o distante de un presidente".
"Interés", "implicación", "decisivo"
Torres favoreció a empresas como Soluciones de Gestión SL, la de la trama Koldo, por un "interés personal", a la que dio licitaciones por 12,3 millones.
También tuvo "implicación directa" en los contratos con RR7, que cobró 4 millones sin entregar una sola mascarilla.
Y fue "decisivo" en la creación de "una estructura paralela" para las concesiones a MegaLab, por valor de otros 5,4 millones.
Para ello, se habría valido de Olivera, quien después fue su jefe de Gabinete en el Ministerio, y del nombramiento de Domínguez en el Servicio Canario de la Salud (SCS), tras la destitución de la consejera Cruz Oval y de la directora del SCS, Blanca Méndez.
560% por encima de mercado
Según las conclusiones del dictamen, la trama Koldo operó en Canarias a través de Soluciones de Gestión, una empresa "sin implantación en las islas ni experiencia sanitaria".
El SCS le adjudicó más de 12 millones en contratos de emergencia y "la convirtió en su segundo proveedor durante la pandemia".
Según la comisión, esas adjudicaciones no respondieron a una necesidad técnica sino a "una contratación condicionada desde la esfera política".
El dictamen relata que se aceptó pagar precios hasta un 560% por encima del mercado, "pese a las advertencias internas" de los funcionarios sobre sobrecostes y stock suficiente de mascarillas.
"Injerencia política directa"
En el caso de RR7, el SCS pagó 4 millones de euros por un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron. La empresa se dedicaba "a la compraventa de vehículos" y "no tenía solvencia ni experiencia sanitaria", pero se le abonó el 100% por adelantado y, después, se intentó reactivar el contrato ya resuelto.
La comisión recuerda que la Fiscalía Anticorrupción calificó de "grotesco" ese intento de dar una segunda oportunidad a la misma empresa.
![Los móviles de Koldo contienen nuevas conversaciones con el ministro Torres sobre la compra de mascarillas y una refinería](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11081884.jpg?p=w:320\/h:240&h=4TRfM5LP"])
El dictamen concluye que el caso RR7 "revela una quiebra gravísima de control político sobre fondos públicos esenciales" y que la reacción del Gobierno fue "tardía, insuficiente y políticamente inaceptable".
Megalab recibió más de 5,4 millones en contratos para pruebas diagnósticas.
La comisión sostiene que la operación "no respondió a una necesidad técnica previamente identificada por el Servicio Canario de la Salud, sino a un proceso de injerencia política e intermediación directa".
"Olivera negoció con Koldo"
El dictamen acredita "acceso directo y privilegiado" de la empresa de la trama Koldo a la Presidencia y "vías paralelas de interlocución" al margen de los cauces administrativos.
Y subraya que se llegó a prestar el servicio sin contrato y que la vía de emergencia se utilizó después "para dar apariencia de legalidad a una actividad ya iniciada", uno de los reproches más severos del informe.
El informe no se limita a describir irregularidades administrativas. En palabras literales del texto, lo ocurrido responde a "una forma de gestión políticamente reprochable, fallida, opaca en su estructura y en la toma de decisiones, negligente y laxa en sus controles".
"Las presiones políticas para el pago" aparecen como un elemento central en el caso Soluciones de Gestión. El informe detalla mensajes de Torres a Koldo García en los que el presidente le asegura que está "encima de tu pago" y recoge la amenaza a la directora de Recursos Económicos: "O lo soluciona o la levanto para el aire".
"Torres no está al margen"
La diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, resumió en el pleno esa conclusión: "Hoy sabemos, gracias a las comunicaciones que recoge el informe de la UCO, que Olivera fue quien negoció directamente con Koldo [...] y que dio instrucciones expresas al Servicio Canario de Salud para aceptar esa oferta con la máxima rapidez".
![Montaje de José Luis Ábalos, Koldo García y Ángel Víctor Torres.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11107704.jpg?p=w:320\/h:240&h=9_5ZDJ0I"])
Y añadió que "toda esta operación estuvo acompañada por la intervención directa de Ángel Víctor Torres en la agilización de los pagos".
El dictamen sostiene que Torres "no puede ser situado al margen de los expedientes más controvertidos". Le atribuye "seguimiento e interés personal, gestiones directas, contactos, coordinación e interlocución continua con intermediarios y con los componentes de la trama Koldo‑Ábalos, presión para sacar adelante operaciones concretas y pagos".
Por eso, la comisión rechaza que la responsabilidad pueda descargarse en la funcionaria del SCS.
"Es materialmente imposible que contrataciones de esa magnitud se realicen al margen de la estructura jerárquica de la Administración", recoge el texto, que recuerda que la propia exconsejera Oval declaró: "Si Ana María cae, yo caigo; si Conrado cae, yo caigo".
Comité que "no existió"
Otro de los ejes del reproche político es la arquitectura de poder montada desde Presidencia.
El dictamen describe como una "decisión política" de Torres la sustitución de los órganos reglados previstos en el Decreto 99/2014 por un "Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria" sin creación jurídica clara, sin funciones definidas, sin actas y sin trazabilidad de sus decisiones.
"Cuando un Gobierno decide conducir una emergencia desde estructuras sin cobertura legal suficiente", advierte la comisión, "debilita deliberadamente el control, oscurece la cadena de mando y dificulta después la exigencia de responsabilidades".
"La responsabilidad no corresponde a un comité que formalmente no existió; corresponde a quienes decidieron operar de esa manera", sentencia el dictamen.
Conrado Domínguez y el descontrol
Ese giro se acompaña de los ceses de la consejera Oval y de Méndez, la directora del SCS.
La comisión los califica de "particularmente graves" porque "carecen de una explicación política convincente" y porque ambas habían gestionado "con eficacia y solvencia" los primeros casos de covid en Canarias.
![Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, en una rueda de prensa.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10435417.jpg?p=w:1706\/h:960&h=u6174M6V"])
Para el Parlamento, ese relevo fue "el punto de inflexión" que permitió abandonar el protocolo de contratación con controles implantados y abrió la puerta a las irregularidades. "Una etapa de inestabilidad política en la sanidad canaria", con tres consejeros y cuatro directores del SCS en 14 meses, que deterioró la continuidad del control.
En ese contexto se entiende el papel de Conrado Domínguez, que entró como coordinador del comité de gestión cuando aún era secretario general técnico de Obras Públicas.
El dictamen subraya que su protagonismo "no fue casual ni puramente técnico", sino fruto de "una decisión política impulsada desde la Presidencia y sostenida después desde la estructura sanitaria".
Poco después fue nombrado director del SCS y, según el informe, "presuntamente desempeñó un papel relevante en prácticamente todos los expedientes de contratación bajo sospecha de posibles irregularidades y tratos de favor".
La comisión llega a describir cómo Domínguez se instaló en un despacho del SCS, "recibía proveedores, dio instrucciones y participó en contrataciones de material sanitario" incluso antes de tener un cargo formal en Sanidad.
Y considera "de enorme gravedad" que actuara con "el aval del presidente".
Y el otro pilar de ese núcleo duro es Antonio Olivera. Para el dictamen, su responsabilidad política es "agravada" porque participó "en la fijación y negociación de cantidades y precios, en la remisión de propuestas al órgano gestor, en la interlocución con intermediarios externos, en el seguimiento de pagos y en el intento de desbloquear expedientes".
Las conclusiones reservan su frase más dura para la Torres y Olivera, cuya responsabilidad "no puede diluirse ni desplazarse a otros niveles inferiores jerárquicos".
