Por qué Sánchez afronta su primera huelga educativa pese a que la UE le dio más de 600M para crear nuevas plazas

Se trata de una paradoja: el mismo Ejecutivo que ha movilizado más de 600 millones de euros de fondos europeos para ampliar la educación de 0 a 3 años encara ahora una protesta por la precariedad de quienes sostienen ese sistema.

El paro, convocado por CGT y la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y al que se ha sumado CCOO en los últimos días, está previsto para el próximo 7 de mayo en todo el país y culminará con una gran movilización el día 23 en Madrid. Unas 60.000 trabajadoras de cerca de 11.000 centros están llamadas a secundarlo.

La movilización tiene su origen en la huelga indefinida iniciada hace semanas en la Comunidad de Madrid, que ha terminado extendiéndose al resto de España. El conflicto ha prendido en uno de los sectores más feminizados y precarizados del sistema educativo: el primer ciclo de Infantil, donde hasta el 97% del personal son mujeres.

En los últimos años, el Gobierno ha impulsado la creación de más de 65.000 plazas públicas de 0 a 3 años gracias a los fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación. En total, el programa ha movilizado unos 670 millones de euros con el objetivo de ampliar la escolarización temprana.

Huelga de Educación en Madrid: cada profesor que la secunde perderá 100 euros al día de su sueldo

Sin embargo, esa expansión no ha venido acompañada —según denuncian sindicatos y trabajadoras— de una mejora equivalente en las condiciones laborales ni en el modelo educativo.

"El sistema crece, pero sobre una base precaria", resumen fuentes del sector. Muchas educadoras cobran salarios cercanos al SMI, con jornadas de hasta 40 horas lectivas sin tiempo reconocido para preparación. "Son trabajadoras pobres", denuncian fuentes de CCOO, que aseguran que algunas trabajadoras se ven obligadas a tener un segundo empleo para llegar a fin de mes.

Ratios elevadas y falta de personal

Otro de los puntos clave del conflicto son las ratios. Actualmente, lo habitual es que haya ocho bebés por aula en el tramo de 0 a 1 año, más de una docena entre 1 y 2 años y hasta 20 entre 2 y 3. Cifras que, según las trabajadoras, están muy por encima de las recomendaciones europeas, que sitúan esos límites en cuatro, seis y ocho, respectivamente.

A ello se suma la ausencia generalizada de la llamada "pareja educativa" —dos profesionales por aula— y la falta de personal de apoyo para atender a alumnado con necesidades especiales.

El resultado, según denuncian, es un modelo tensionado que compromete tanto la calidad educativa como las condiciones laborales.

Sector fragmentado

El primer ciclo de Infantil presenta, además, una estructura especialmente compleja: conviven centros públicos de gestión directa, otros externalizados, privados y redes autonómicas y municipales, con distintos convenios y condiciones.

Los profesores de Madrid convocan una huelga en mayo y amenazan con poner "en riesgo" el final de curso

Esa heterogeneidad ha derivado, según los sindicatos, en una "desigualdad estructural", con trabajadoras que realizan funciones equivalentes pero bajo marcos laborales muy distintos.

Por ello, reclaman una normativa estatal básica que unifique criterios, establezca condiciones salariales dignas y reconozca esta etapa como plenamente educativa, y no asistencial.

La 'pelota' de las ratios

La discusión sobre las ratios no es solo técnica, sino también competencial. Con la aprobación de la Lomloe en 2020, el Gobierno central se reservó expresamente la regulación del primer ciclo de Educación Infantil. El artículo 14.7 de la ley atribuye al Ejecutivo, en colaboración con las comunidades autónomas, la fijación de los requisitos mínimos de estos centros, incluida la relación numérica alumno-profesor.

Sin embargo, seis años después, esa normativa estatal sigue sin desarrollarse. Este vacío ha abierto un choque entre Administraciones en plena crisis del sector. Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha reclamado al Ministerio que asuma esas competencias y regule la rebaja de ratios, al considerar que las autonomías no pueden modificar unilateralmente este marco sin invadir atribuciones estatales.

La precaria realidad de los educadores de guardería: Anabel cuida 13 niños sola, Simón gana 1.134 euros...

Frente a ello, el Ministerio de Educación sostiene que, mientras no se apruebe esa nueva regulación, las comunidades autónomas mantienen capacidad para actuar y modificar las ratios en sus territorios. Un argumento que traslada la presión a los gobiernos regionales y que ha sido interpretado por algunas autonomías como un intento de eludir responsabilidades.

El resultado es un bloqueo normativo en uno de los puntos clave del conflicto: todos coinciden en la necesidad de reducir el número de alumnos por aula, pero ninguna Administración ha dado aún el paso definitivo para hacerlo de forma homogénea en todo el país.

Mientras tanto, siguen vigentes decretos anteriores —en algunos casos de hace más de una década— que fijan ratios muy por encima de las recomendaciones europeas.

Tras el anuncio de la convocatoria, el Ministerio de Educación ha asegurado que antes del verano iniciará la revisión del decreto que regula las ratios en esta etapa.

Pese a ello, los sindicatos mantienen la huelga. Consideran que los compromisos son aún insuficientes y que muchas de sus reivindicaciones —como la equiparación salarial o la implantación generalizada de la pareja educativa— siguen lejos de materializarse.