El secretario general del PP, Miguel Tellado.
Los nuevos retrasos del AVE acrecientan la presión sobre Puente: el PP pide su dimisión en Andalucía y en Madrid
La Junta estudia acciones legales contra el Gobierno o Adif por el AVE y alerta de pérdidas de hasta 1.000 millones en plena campaña de Semana Santa.
Más información: La Junta baraja una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Gobierno o Adif por el retraso del AVE
La crisis ferroviaria ha abierto un doble frente para el Gobierno —político en Madrid y jurídico en Andalucía— que eleva la presión sobre Óscar Puente tras los nuevos retrasos registrados este miércoles en la red de alta velocidad.
Por un lado, y durante la sesión de control al Gobierno, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido la dimisión del ministro de Transportes por la gestión del accidente de Adamuz, que dejó 46 fallecidos.
"Repita conmigo: 'Óscar Puente, dimisión'", ha reiterado Tellado dirigiéndose a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ha acusado de formar parte de un Ejecutivo que "no asume responsabilidades".
Y lo ha repetido varias veces. Todo ello se produce en un contexto de deterioro prolongado del servicio en uno de los corredores clave de la alta velocidad.
Porque la línea entre Málaga y Madrid continúa afectada por el derrumbe del talud de Álora y los daños posteriores causados por las lluvias.
Y el presidente de Adif ya ha reconocido que la recuperación completa de la infraestructura no llegará hasta finales de año, muy lejos de las previsiones iniciales. La reapertura parcial del servicio directo se retrasará, como mínimo, hasta finales de abril.
A partir de entonces, los trenes circularán en vía única en el tramo afectado, con limitaciones de velocidad y menor capacidad de respuesta ante incidencias.
Incluso cuando se recupere la doble vía, previsiblemente en junio, la operativa seguirá condicionada.
La ausencia del aparato de vía —clave para gestionar cruces y desvíos— reducirá la fiabilidad del servicio durante meses, lo que eleva el riesgo de retrasos en cadena en caso de cualquier problema que se presente.
La Junta estudia acciones legales
Este escenario ha encendido las alarmas en Andalucía, especialmente en plena antesala de la campaña de Semana Santa. La Junta ya ha advertido del impacto económico que puede tener la falta de certidumbre sobre la conexión ferroviaria.
La consejera de Economía, Carolina España, ha señalado que la previsión de reabrir la línea el 23 de marzo no se cumplirá y ha criticado que las actuaciones no se abordaron "con la intensidad necesaria desde el primer momento".
Tras esa "dejadez tremenda", el Gobierno andaluz estudia ahora acciones legales.
El gabinete jurídico de Juanma Moreno analiza la posibilidad de presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Ejecutivo o contra Adif por los perjuicios ocasionados.
La Junta sostiene que el deterioro del servicio puede afectar de forma directa a sectores clave como la hostelería, el comercio o el turismo, con pérdidas que inicialmente se estimaban en 300 millones de euros y que podrían superar los 1.000 millones si la normalidad se retrasa.
