Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en La Palma, en plena crisis migratoria de septiembre de 2024
Sánchez no ha transferido a Canarias ni un solo euro de los 560 millones que la UE aportó para paliar la crisis migratoria
EL ESPAÑOL accede al borrador del informe de la misión del Parlamento Europeo a Canarias, que denuncia un desequilibrio "insostenible" a medio plazo, ya que la Comunidad Autónoma ha gastado 192 millones propios.
Más información: La Eurocámara descubre que la mitad de los menas de Canarias son adultos y que Marruecos no acepta el 92% de devoluciones.
La misión del Parlamento Europeo que visitó Canarias en septiembre ha puesto negro sobre blanco una queja que el Gobierno autonómico lleva meses repitiendo.
De los 560 millones que la UE transfirió a España para reforzar su sistema de asilo y acogida, el Ejecutivo de Fernando Clavijo no recibió "ninguno de esos fondos".
EL ESPAÑOL ha tenido acceso al informe preliminar de conclusiones de esa misión de investigación, dependiente de la Comisión de Peticiones (PETI). El texto se debate estos días en la Eurocámara, mientras los grupos políticos introducen enmiendas antes de su aprobación.
La delegación viajó a Tenerife, Gran Canaria y El Hierro entre el 15 y el 17 de septiembre de 2025 para analizar sobre el terreno la crisis migratoria en la ruta atlántica.
El documento, de 34 páginas, recoge las quejas del presidente Clavijo y del vicepresidente Manuel Domínguez por una carga "absolutamente desproporcionada" para una región ultraperiférica.
Una patera con 60 migrantes a bordo, rescatada en aguas cercanas a la isla de Lanzarote, desembarcada en el puerto de Arrecife.
Según los datos aportados a los eurodiputados, Canarias gastó 192 millones de euros de su propio Presupuesto en la atención a migrantes el año pasado. Mientras, los fondos europeos se han quedado en Madrid, sin un mecanismo claro de reparto ligado a la presión real que soporta cada territorio.
El texto denuncia que las islas acogen al 65% de los menores extranjeros no acompañados (menas) que llegan a España. Y que mantienen bajo tutela a unos 5.000 chicos, con recursos educativos, sociales y sanitarios claramente insuficientes.
Los autores relacionan esta situación con el "principio de solidaridad" que recogen tanto los Tratados de la UE como el nuevo Reglamento de Migración y Asilo de la Unión. Recuerdan que la reforma del sistema europeo se basa "en la idea de reparto justo de responsabilidades entre Estados y dentro de cada Estado".
En la práctica, sin embargo, el informe describe un esquema en el que la Administración central concentra los recursos europeos y la Comunidad Autónoma asume la presión de las llegadas, de los menores y del impacto social en barrios concretos.
Los eurodiputados advierten de que ese desequilibrio es "insostenible" a medio plazo en una región dependiente del turismo y con margen presupuestario limitado.
"Laboratorio adelantado"
La misión se inscribe en el despliegue del nuevo Pacto de Migración y Asilo, aprobado en 2024 y en fase de aplicación. El documento constata que Canarias es un "laboratorio adelantado" de ese marco, pero con un nivel de apoyo interno muy inferior al que exige la normativa europea.
En paralelo a este debate, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una regularización masiva de inmigrantes irregulares que ha encendido las alarmas en varias capitales europeas. La medida permitirá obtener permiso de residencia a quien acredite cinco meses de presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025.
El popular Raúl de la Hoz vinculaba este miércoles directamente las conclusiones de la misión con esta decisión.
Según él, el viaje a Canarias evidenció que la gestión migratoria requiere "coordinación, seguridad jurídica y responsabilidad compartida", principios que la regularización masiva "pone en cuestión".
De la Hoz recuerda que el Gobierno habla de 500.000 beneficiarios, pero algunas organizaciones elevan la cifra a 800.000 y el informe oficial del comisario de Extranjería, revelado por este diario, la sitúan por encima del millón de personas.
Y advierte de que convertir una medida excepcional en un instrumento general alimenta el "efecto llamada" y el negocio de las mafias en la ruta atlántica.
Entre las conclusiones más llamativas del informe figura el dato de que la mitad de los supuestos menas sometidos a pruebas de edad resultaron ser adultos. Las autoridades canarias realizaron pruebas a unos 1.500 migrantes inicialmente registrados como menores y alrededor del 50% eran mayores de 18 años.
La misión advierte de que "este fraude sistemático" tensiona el sistema de protección y puede acabar perjudicando a los menores que sí lo son.
El documento señala también la ineficacia de las devoluciones a Marruecos. Sólo el 8% de los marroquíes en situación irregular son retornados, porque Rabat no coopera de forma efectiva con los acuerdos de readmisión.
Para los eurodiputados, esta falta de cooperación choca con el espíritu de la Directiva de Retorno 2008/115/CE, que insta a ejecutar las expulsiones "con eficacia y respeto a los derechos fundamentales". Y contribuye a consolidar la percepción de que quien llega a Canarias tiene muchas opciones de quedarse en la UE.
La misión constató, además, que Frontex "no tienen barcos, aviones ni helicópteros desplegados en la ruta canaria", a diferencia de lo que ocurre en el Mediterráneo central. Y que eso es así por deseo expreso del Gobierno de España, como denunciaron en la Eurocámara en 2024.
El resultado es un modelo en el que Canarias es la puerta de entrada, el Estado central gestiona y retiene la financiación europea y las decisiones clave sobre devoluciones, Frontex o regularización se toman en Madrid.
El informe de la misión de la Eurocámara ha puesto por escrito esa asimetría en plena discusión sobre cómo aplicar el Pacto de Migración y Asilo y quién paga la factura de la frontera sur de Europa.
