Trece primeros ministros afearán a Sánchez en Bruselas la regularización masiva por "obviar" el Pacto Migratorio

Según fuentes del Partido Popular, la presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, ya ha mostrado su "descontento" al real decreto que el Gobierno aprobó el pasado mes de enero y que permitirá la regularización de más de medio millón de inmigrantes.

Junto a Meloni, líderes europeos adscritos al PPE, como el canciller de Alemania, Friedrich Merz, plantearán si España ha dejado de ser un "socio fiable" por "obviar" el pacto migratorio al que están sujetos los 27 Estados miembros.

Mandos de Extranjería avisan a Interior del "efecto llamada" y la "ruta turca": de Argel a Estambul en avión y "a España, en coche"

A juicio de estos primeros ministros, la regularización masiva es una medida "incompatible y contraria" a los principios de la política migratoria común de la UE, según las mismas fuentes.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024 se fundamenta, principalmente, en la responsabilidad compartida entre los países para un "control efectivo" de las fronteras y un sistema de retornos creíble.

Exige también que las decisiones nacionales no generen "efectos negativos" sobre otros países ni comprometan la integridad del espacio Schengen.

En este sentido, el comisario europeo, Magnus Brunner, recordó ante el Parlamento Europeo que las personas en situación irregular deben abandonar la UE para que las normas sean "creíbles" y que un permiso de residencia nacional no se convierta en un "cheque en blanco" para la libre circulación.

En la última cumbre de líderes del PPE, celebrada el pasado mes de enero, Alberto Núñez Feijóo reclamó a Bruselas que "cuestione" los planes del presidente del Gobierno respecto a la regularización masiva.

Feijóo pide a la UE que aclare el accidente de Adamuz y frene el plan de Sánchez para legalizar a 850.000 'sin papeles'

Fuentes del PP sostienen que la regularización se ha planteado de forma "unilateral" sin coordinación con los socios europeos y que puede generar un "efecto llamada", tal y como han advertido fuentes policiales a este periódico.

Los de Feijóo, que entregaron ya sus nueve alegaciones a la normativa del Gobierno, también cuestionan la forma elegida por el Ejecutivo para aprobar la medida.

Así, denuncian la utilización de la vía de urgencia para tramitar el real decreto, lo que reduce plazos, elimina fases de consulta pública y evita, según sostienen, un debate parlamentario en profundidad.

Las mismas fuentes argumentan que no concurren "circunstancias extraordinarias sobrevenidas" que justifiquen la reducción de trámites y garantías, ya que la iniciativa legislativa popular sobre esta materia fue tomada en consideración en el Congreso en abril de 2024.

"Decisión política"

A su juicio, no se trata de una situación imprevista, sino de una "decisión política" diferida cuya tramitación urgente limita el "debate parlamentario" y dificulta la planificación presupuestaria y territorial de las comunidades autónomas.

Otro de los ejes de la ofensiva popular es el impacto económico y social de la regularización. El Gobierno sostiene que la medida no tendrá efectos presupuestarios significativos y que, por tanto, "no afectará a los presupuestos de las Administraciones Públicas".

Sin embargo, el Partido Popular asegura que estas manifestaciones son "insostenibles" y que el Ejecutivo está "obviando" el colapso del sistema público.

"No parece muy sensato que se sume una presión adicional sobre sanidad, educación, servicios sociales y vivienda, sin que se haya previsto financiación ni planificación adicional".

La UE reacciona contra Sánchez por pretender dar papeles a migrantes y regular internet al margen de las normas europeas

En este sentido, reprochan la "cuantificación indeterminada" de la regularización al no existir datos oficiales concluyentes sobre el número de personas en situación administrativa irregular en España.

El decreto también ha suscitado críticas por el sistema de acreditación de antecedentes penales. El borrador contempla la posibilidad de sustituir certificados por "declaraciones responsables" en determinados supuestos y no exigir antecedentes de países de tránsito.

Para el PP, esto genera "inseguridad jurídica" y puede dificultar los controles.

Asimismo, reprochan que el real decreto configura un acceso prácticamente automático a la residencia legal, bastando acreditar presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y cinco meses de permanencia continuada.

A juicio de los populares, esto "facilita el fraude y favorece a las mafias", que ofrecen tickets y facturas en algunas redes sociales para utilizarlos como "pruebas" que acrediten su estancia en España durante meses.

Fuentes del PP concluyen que con este real decreto "se ataja la consecuencia pero no la causa, y esto cronifica el problema".

En el ámbito competencial, las comunidades denuncian la vulneración del principio de lealtad institucional por no haber convocado la Conferencia Sectorial de Inmigración para consensuar la oportunidad, el alcance y la financiación del proceso.

Recuerdan que la Ley 40/2015 obliga a las administraciones públicas a valorar el impacto de sus actuaciones sobre las demás y a ponderar los intereses implicados.