José Luis Ábalos y Francina Armengol.
Ábalos quiere cobrar 80.000 € del Congreso por su cese como diputado tras favorecer al PSOE: la decisión depende de la Mesa
Presidencia del Congreso cuestionó que el exministro pudiese cobrar el finiquito si entraba en la cárcel, pero ahora, tras devolver el escaño, estudia su "indemnización por cese".
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En su último tuit, José Luis Ábalos aseguraba que no le ha quedado otra opción que "optar por la jubilación" tras quedarse "privado de todo ingreso y protección social", aunque esto aún está por confirmarse.
El que fue diputado por Valencia durante 16 años (de 2009 a 2025) aspira a cobrar por cada año trabajado 5.000 euros, que es la cantidad que percibía mensualmente cuando presidía una comisión parlamentaria. Eso significaría, según fuentes de su entorno, que le corresponderían cerca de 80.000 euros.
Sin embargo, fuentes parlamentarias rebajan la posible indemnización al equivalente a una mensualidad del sueldo base (3.236,32 euros) por cada año como diputado en el Congreso, lo que podría sumar hasta 52.000 euros.
La decisión la tomará la Mesa, basándose en los informes jurídicos de los letrados.
A finales de noviembre, antes del ingreso en prisión de Ábalos, Presidencia del Congreso advirtió de que, si no renunciaba a su acta, tendría muy complicado cobrar la denominada "indemnización por cese", ya que, una vez en la cárcel, perdería sus derechos como diputado.
Se apoyaban en el artículo 21.2 del Reglamento, que establece que "la suspensión conlleva la pérdida de sus prerrogativas y derechos funcionales y económicos como diputado electo".
Y así fue, al menos en parte, ya que Ábalos no ha cobrado su nómina como diputado del Grupo Mixto, ni tampoco ha tenido derecho a participar en las votaciones, como la celebrada este pasado martes sobre el decreto ómnibus.
Durante estos casi dos meses, en los que apenas ha habido actividad parlamentaria, el PSOE ha contado con un voto menos. Esto hacía inviable cualquier iniciativa sin el apoyo de Junts.
Ahora, tras su renuncia, favorece a los socialistas, a los que le basta con el apoyo de sus socios habituales y la abstención de los siete diputados de Carles Puigdemont.
Cambio tras el acercamiento
Este cambio de Ábalos ha modificado también la sensibilidad en el entorno de Francina Armengol, donde ya no descartan que Ábalos pueda cobrar el cese por actividad.
Fuentes parlamentarias aseguran que el exdiputado ha solicitado la indemnización, pero que todo depende de los letrados. Como nunca ha habido precedentes, el caso se presta a distintas interpretaciones.
"Hay que estudiarlo jurídicamente, al ser la primera vez que lo hace un diputado suspendido de sus funciones y derechos", afirman en el entorno de la presidenta de la Cámara Baja.
Algo en lo que coinciden las fuentes jurídicas consultadas que defienden que la "indemnización es por pérdida de los derechos económicos" y recalcan que "estos ya no los tenía" al estar suspendido. "Desde luego no está previsto en la norma", sentencian.
No parece que la decisión sea inmediata. En la la Mesa del Congreso ya avisan que "siempre se tarda en responder al diputado que se va". En esta ocasión, al depender de un informe de los letrados, el proceso se prolongará aún más.
Ábalos, de 66 años, acumula más de 40 años cotizados, y por tanto tiene derecho a percibir la pensión máxima: 2.700 euros netos al mes en 14 pagas.
Desde hace meses, su principal preocupación es la económica, tal y como ha venido manifestando públicamente.
Tras abandonar el Gobierno, Sánchez le situó como presidente de la Comisión de Interior. Allí estuvo hasta estallar el caso Koldo. Entonces abandonó las filas del PSOE y pasó al Grupo Mixto.
Su cese al frente de la Comisión le privó de un complemento anual de 22.000 euros anuales y se quedó con el sueldo base, 3.142 euros, más una indemnización por desplazamiento por ser elegido en una circunscripción distinta a Madrid (2.018 euros al mes).
Incluso su entorno admitía que tenía dificultades para pagar a sus abogados, lo que le llevó a renunciar en una ocasión a su defensa y a pedir un letrado de oficio ante el Supremo.
