Pedro Sánchez, en el foro financiero internacional 'Spain Investors Day', este jueves en Madrid. Europa Press
El PNV le cobra las facturas pendientes a Pedro Sánchez: gestionará 30 oficinas del SEPE y 820 millones del paro
El Gobierno cierra con el PNV el acuerdo para transferir cinco competencias, incluida la gestión de las prestaciones de desempleo y las prestaciones no contributivas.
Más información: El 'clavo ardiendo' del PSOE ante el desastre de las encuestas: cree que la participación será muy superior a la que predicen
El pasado 12 de diciembre la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, habló de aprovechar la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez para "forzarles a hacer concesiones que hasta ahora nunca se habían abierto a acordar".
Un mes después, el Gobierno ha pactado con ERC un nuevo sistema de financiación autonómica y negocia cómo ceder a Cataluña la gestión de la totalidad del IRPF; hace gestiones para recuperar las negociaciones y los acuerdos con Junts; pactó con Bildu el decreto llamado "escudo social" y este viernes firmará con el PNV el traspaso de cinco competencias que estaban atascadas.
Es decir, siguiendo el vaticinio de Nogueras, Pedro Sánchez ha decidido "pagar facturas pendientes" de acuerdos anteriores no cumplidos para intentar salir de su momento de máxima debilidad y lograr oxígeno para avanzar en la legislatura. El plan de máximos es lograr reunir apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2026 que pretende presentar en el Congreso en este trimestre.
El traspaso de las competencias que serán cedidas al País Vasco había sido pactado en varias ocasiones entre PSOE y PNV, pero no terminaban de concretar los detalles. De hecho, estaba previsto cerrar el acuerdo el pasado 29 de diciembre, pero el Gobierno lo retrasó porque mantenía algunas reticencias.
El presidente del PNV, Aitor Esteban, había advertido desde entonces al PSOE de que el incumplimiento "tendría consecuencias" y, finalmente, Moncloa ha cedido.
Fuentes del PNV explican que no se trataba de amenazar o de sumarse a una moción de censura, pero sí de poner distancia con el Gobierno, porque ya se estaban incumpliendo todos los plazos.
De hecho, para el PNV, estos traspasos llegan con 46 años de retraso, ya que están incluidos en el Estatuto del País Vasco, el único que no ha sido modificado desde que se aprobó en 1979, lo que según explican supone incumplir desde entonces una ley orgánica apoyada por los principales partidos.
La versión del Gobierno es que el PNV ha aceptado cerrar este acuerdo parcial, sobre cinco de las 15 competencias exigidas, ante la necesidad de apuntarse éxitos concretos, en su pugna con Bildu y el riesgo de ser superados por este partido.
Las cinco competencias transferidas ahora son las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.
El País Vasco será la primera comunidad en gestionar la prestación contributiva del paro y el subsidio de desempleo que unos 50.000 vascos cobran en este momento, lo que supondrá que pasará a gestionar 822 millones. Asumirá, a través del Servicio vasco de Empleo-Lanbide, la gestión de 30 oficinas del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), en las que trabajan 534 personas.
El PNV basa sus reivindicaciones en el propio Estatuto de 1979 y han sido reiteradas desde entonces a los gobiernos del PP y del PSOE cuando ambos partidos han tenido necesidad de sus votos en el Congreso. Por eso, se han firmado con esos Ejecutivos multitud de acuerdos de traspasos.
Por ejemplo, el Salvamento Marítimo que se transfiere ahora está citado expresamente en el artículo 12.10 del Estatuto como una de las materias cuya ejecución puede asumir el País Vasco.
De hecho, en 1993 el Parlamento vasco aprobó el llamado "informe Zubía" (por el entonces consejero Joseba Zubía) que cifraba en 37 el número de competencias pendientes de transferir. José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy cedieron algunas de ellas y quedan otras, entre ellas las reclamadas ahora por el PNV a Pedro Sánchez.
Por ejemplo, ese informe se refería al traspaso de las prestaciones de desempleo. "Euskadi desempeña, desde 2010, las funciones de intermediación laboral y de gestión de las políticas activas de empleo. Considera el Gobierno que, con el traspaso de la gestión del sistema de protección social por desempleo, que incluye prestaciones específicas, así como subsidios, mejoraría la coordinación entre las administraciones autonómica y estatal, lo que posibilitaría una política de empleo y una atención más congruentes", aseguraba ese informe.
Los pactos con el PNV
El acuerdo del PSOE y el PNV de diciembre de 2019 para investir a Sánchez después de las elecciones incluía "proceder en 2020 a la negociación y traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca de las competencias estatutarias pendientes". Hubo transferencias en esa legislatura, pero no todas las que pedía el PNV, ni las pendientes.
En 2023 volvió a firmarse otro acuerdo de investidura en el que se hablaba de "culminar el autogobierno presente con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes en el plazo improrrogable de dos años".
También que "el Gobierno del Estado se compromete a implementar de manera inmediata una agenda de reformas y transferencias con una incidencia positiva sobre el bienestar social y el progreso económico de Euskadi, comenzando con el cumplimiento de las competencias de Euskadi establecidas en el vigente Estatuto. En este sentido, se procederá en los dos primeros años de legislatura a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia según el listado acordado por los Gobiernos Español y Vasco en la legislatura anterior y, en su caso, se, procederá a remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno".
Ese plazo de dos años concluyó el pasado mes de noviembre y, por eso, la presión del PNV en los últimos meses, según fuentes de los nacionalistas vascos.
Después de ese pacto de investidura, el Gobierno vasco entregó al ministro Ángel Víctor Torres un informe sobre competencias pendientes que tampoco se culminó y el pasado mes de julio Sánchez recibió en la Moncloa al lehendakari Imanol Pradales. Pactaron cerrar el acuerdo a finales de diciembre, pero tampoco se cumplió ese pacto.
El acuerdo será firmado a las 10:30 horas de este viernes, en Madrid, en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias.
Quedan aún otras diez competencias cuya negociación se mantendrá. La más complicada por las reticencias del Gobierno es la del régimen económico de la Seguridad Social.
El PNV explica que no afecta a la "caja de la Seguridad Social" y se basa en la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Autonomía que señala que "la Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios".
