La UE impulsa que Guardia Civil y Policía sean profesión de riesgo tras bloquearlo el PSOE: las ventajas para los agentes

La iniciativa supone un golpe político directo al Gobierno de Pedro Sánchez, que bloquea a través del Congreso de los Diputados una proposición de ley que, en el mismo sentido, aprobó el Senado el pasado noviembre.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular y principal ideóloga de la iniciativa en la UE, explica en conversación con EL ESPAÑOL que "la implicación del PP con este reconocimiento como actividades de riesgo es firme. Vamos a proteger a los que nos protegen, es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo con los españoles".

La directiva, a cuyo borrador ha accedido este periódico, se debatirá y aprobará desde la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara, con el liderazgo del PP español en el grupo del Partido Popular Europeo (PPE).

Y ha surgido a raíz de una iniciativa ciudadana presentada ante la Comisión de Peticiones por colectivos policiales que demandaban este reconocimiento normativo.

Las medidas

Las nuevas ventajas que disfrutarán los agentes a partir de la entrada en vigor de la norma europea incluyen, en primer lugar, protección social y laboral reforzada.

• La directiva contempla una "compensación económica" de las condiciones de especial riesgo y peligrosidad.

• Garantiza la "rebaja de la edad ordinaria de jubilación sin menoscabo en la cuantía económica de la pensión".

• Establece la reducción de la jornada laboral, adaptada "al nivel de riesgo inherente a estas profesiones", o su compensación con jornadas adicionales de descanso.

• Incluye medidas específicas para la "conciliación de su vida laboral y familiar", con permisos adicionales de descanso y el derecho a la desconexión laboral.

En materia de asistencia médica, los profesionales estarán cubiertos por medidas adecuadas para la protección de su salud. 

• Tendrán "acceso inmediato a la asistencia médica" durante el desempeño de sus funciones.

• Disfrutarán de "planes de prevención" de riesgos para la salud física y mental, así como programas de acompañamiento.

• En caso de enfermedad, lesión o muerte, ellos o sus familiares percibirán los derechos económico-financieros adquiridos con anterioridad o, en su caso, "una indemnización adecuada".

La asistencia psicológica constituye otro pilar fundamental.

• Estos profesionales tendrán acceso garantizado a asistencia psicológica para la prevención y el cuidado de la salud mental.

• Sus familiares dependientes también accederán a programas de apoyo psicológico y social, "con especial énfasis en la prevención del suicidio".

La directiva establece una garantía pública integral.

• El trabajo se organizará respetando la dignidad, el derecho a la vida e integridad física y moral, y la seguridad y salud de estos profesionales, "con especial prevención del estrés y del suicidio".

• "Se garantizarán la seguridad, la equidad y las buenas prácticas".

• Se establecerán incentivos "como reconocimientos públicos, premios o distintivos honoríficos" para reforzar la valoración social de estas profesiones.

En protección jurídica, la norma es taxativa.

• Cuando sean víctimas de una agresión, "tendrán asistencia legal inmediata y gratuita".

• Los que sean investigados por acciones u omisiones en el trabajo, "serán defendidos por la administración pública de la que dependan, de oficio y de forma gratuita".

La formación permanente será obligatoria. 

• Estará destinada "a su seguridad y protección", y tendrá en cuenta "el más moderno estado de la ciencia".

• Se adaptará "con los medios técnicos y didácticos más avanzados".

• Será sometida a "un control continuo en el marco de un sistema de estándares de calidad y se enmarcará en la jornada laboral".

En cuanto a sus materiales de protección y defensa, el texto establece:

• Los agentes "dispondrán de servicios y equipos que les proporcionen el máximo nivel de prevención y protección en materia de salud y seguridad" acorde a sus funciones.

• Los Estados miembros "facilitarán el material necesario", asegurando la máxima seguridad y teniendo en cuenta el más moderno estado de la industria y la tecnología.

Se elaborarán planes específicos de prevención de riesgos laborales para estos profesionales. 

• Los Estados miembros compilarán, analizarán y publicarán, "con frecuencia trimestral", estadísticas detalladas y completas de las agresiones, accidentes, lesiones, enfermedades o fallecimientos.

• La Comisión adoptará "criterios homogéneos" para la compilación, el análisis y la publicación de estos datos, y emitirá recomendaciones anuales.

Las normas nacionales serán objeto de un examen periódico por parte de los Estados miembros. 

• La revisión considerará "la evolución de las circunstancias, los avances tecnológicos y las investigaciones científicas o técnicas" relacionadas con la seguridad.

• Cada dos años, la Comisión Europea emitirá un informe incluyendo las modificaciones introducidas y la calidad de la aplicación en cada Estado. 

• Lo presentará ante el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social de la UE.

Un nuevo "eurodelito"

Gamarra es clara sobre el cálculo político de la maniobra: "Mientras Sánchez y sus socios los maltratan y bloquean las iniciativas legislativas aprobadas en el Senado para hacerlo, en el PP no nos quedamos quietos", explica la directiva popular. 

Por ello, la directiva incorporará una novedad jurídica de primera magnitud: el reconocimiento como "eurodelito" de las agresiones a estos profesionales. 

El PP impulsa esta directiva "para reconocerlo a nivel europeo y, por tanto, en España", añade Gamarra. "Al portazo del PSOE contra los derechos laborales de quienes nos protegen, respondemos abriendo la ventana de una directiva que lo reconozca a nivel europeo".

El artículo 83.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que el Parlamento Europeo y el Consejo pueden adoptar, mediante directivas, "normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos de especial gravedad."

Este texto fundamental comunitario enumera una lista cerrada: terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de medios de pago, delincuencia informática y delincuencia organizada.

Sin embargo, el Tratado permite una puerta de ampliación: el Consejo "podrá adoptar una decisión que determine otros ámbitos delictivos que respondan a los criterios previstos", con unanimidad y aprobación del Parlamento Europeo.

Veto en el Congreso

El propósito de la directiva es que las agresiones a policías, guardias civiles, militares y funcionarios de aduanas y prisiones entren en esta categoría, armonizando el estándar penal en toda la UE.

Este mecanismo tendría un efecto político inmediato en España, sorteando el bloqueo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la Cámara Baja desde hace meses. Una directiva europea obligaría a España a trasponerla en su ordenamiento, convirtiendo la iniciativa en ley.

El PSOE boicotea en Europa declarar a los policías profesión de riesgo: "Solo sufren agresiones de vez en cuando"

El borrador de la directiva, al que este periódico ha tenido acceso, establece un marco de protección laboral sin precedentes en la UE. El pasado febrero y el pasado abril, los socialistas españoles también trataron de frenar esta iniciativa en la Eurocámara.

Reconoce que "la seguridad pública y la defensa son pilares esenciales del acervo comunitario para garantizar los derechos fundamentales" y que "la evolución de la criminalidad en la UE ha incrementado significativamente los riesgos" a los que se enfrentan estos profesionales.

Una cláusula, además, permitirá que los Estados miembros amplíen el ámbito de aplicación "a otros colectivos que enfrenten riesgos similares, como bomberos, sanitarios de emergencias, trabajadores de protección civil y guardias privados".

Pero la protección mínima es obligatoria para policías, militares, penitenciarios y agentes de aduanas y fronteras.

La iniciativa bebe además del momento geopolítico que sufre la UE. Ante el "auge del terrorismo, la delincuencia organizada y la inestabilidad en las fronteras exteriores", Bruselas estima que armonizar la protección de estos profesionales es "un asunto de interés estratégico común".

Para el PP español, la maniobra tiene un valor añadido: convierte a sus aliados europeos en agentes de su batalla política interna contra el PSOE. Y para estos cuerpos, abre en Bruselas la puerta que se mantiene cerrada en España.