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Política

Venezuela y Dominicana, los agujeros negros de Sánchez: del auxilio a Maduro a los vuelos del Falcon a Santo Domingo

La mediación con el chavismo, el rescate de Plus Ultra, las visitas de Koldo García a la número 2 de Nicolás Maduro o el presunto blanqueo de dinero de la trama son algunas de las conexiones de estos países con exaltos cargos del PSOE.

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Las claves

Las relaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con Venezuela y República Dominicana están marcadas por episodios opacos y conexiones con antiguos altos cargos del PSOE.

El apoyo inicial a Juan Guaidó y la posterior visita de Delcy Rodríguez a Madrid coincidieron con una creciente relación entre el entorno socialista y el chavismo venezolano, incluyendo negocios petroleros.

En República Dominicana, la trama de comisiones vinculada al caso Ábalos-Koldo utilizó empresas y clínicas para blanquear dinero, con frecuentes viajes oficiales y conexiones empresariales ligadas al entorno de Moncloa.

El Ejecutivo ha mantenido silencio ante casos como el Nobel a María Corina Machado y la detención de dos ciudadanos vascos en Venezuela, lo que contrasta con posturas anteriores del Gobierno frente al régimen de Maduro.

Venezuela y República Dominicana se han convertido en los agujeros negros y los flancos más opacos de Pedro Sánchez. Dos escenarios geográficos distintos, pero unidos por una sucesión de silencios, ambigüedades y conexiones entre distintos exaltos cargos del PSOE.

El origen de las relaciones de Sánchez con Venezuela está en un episodio de 2019. En concreto, en el apoyo firme, pero inicial, a Juan Guaidó como presidente interino del país sudamericano.

El jefe del Ejecutivo llegó a llamar personalmente a Guaidó el 24 de enero de ese año en Davos para respaldar su rol. Un mes más tarde España lo reconoció oficialmente como "presidente encargado" tras un ultimátum de ocho días a Maduro para convocar elecciones libres. Pero el apoyo a Guaidó fue diluyéndose en una línea temporal que, misteriosamente, coincidió con la polémica visita de las ‘maletas’ de Delcy Rodríguez a Madrid.

La llegada de la número 2 de Maduro estuvo autorizada por Sánchez y provocó que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama fueran hasta el aeropuerto de Barajas pese a la sanción internacional que impedía a la vicepresidenta de Venezuela pisar suelo español.

No obstante, hay otro capítulo o misteriosa coincidencia en la desaparición del apoyo a Guaidó: el rescate público de Plus Ultra en 2021, que ahora está bajo sospecha por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y que también abrió una grieta que conduce a Venezuela y, más tarde, a República Dominicana.

En abril de ese año, el Gobierno aprobó una inyección de 53 millones de euros para la aerolínea, pese a las advertencias de competencia sobre la viabilidad real de la compañía.

Pero las pesquisas de la UCO han revelado que los vínculos entre el entorno socialista y el chavismo fueron más allá de gestos diplomáticos.

Según los investigadores, Koldo García se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas el 7 de octubre de 2021 para tratar negocios vinculados al petróleo venezolano a través de PDVSA y comunicarle que el PSOE había roto relaciones con Aldama como intermediario entre el chavismo y dirigentes del PSOE.

Los mensajes intervenidos indican que Koldo viajó por orden directa de Ábalos y se alude a pagos gestionados por el entorno de Nicolás Maduro a líderes del PSOE a través de negocios petroleros.

De hecho, hay una grabación fechada el 9 de abril de 2019, realizada en el despacho de Ábalos en el Ministerio de Transportes, que recoge cómo Koldo propuso un negocio petrolero con Venezuela que podría generar “500.000 euros al mes”.

Las conversaciones concluyeron que la relación entre Ábalos con el chavismo se extendió hasta más allá de su cese como ministro en julio de 2021.

Las conexiones con República Dominicana

Si Venezuela representa el flanco ideológico, República Dominicana se ha convertido en el epicentro de la sombra económica. Allí confluyen la trama de comisiones vinculada al caso Ábalos-Koldo y el uso intensivo, y poco explicado, del Falcon.

Por un lado, las investigaciones policiales sitúan a Santo Domingo como uno de los principales nodos del entramado empresarial ligado a la trama Koldo.

Allí, el comisionista Aldama y su socio Jorge Brizuela Guevara, conocido como El Venezolano (un empresario de éxito en el Caribe y posteriormente identificado como espía del régimen de Maduro) montaron Pronalab.

Esta clínica, según la UCO, habría servido para blanquear el dinero procedente de las mordidas de los contratos durante la pandemia y repatriar los montos de efectivo a España para la trama.

En los chats intervenidos, los investigados hablaban abiertamente de fajos de billetes y de “pagos regulares”, incluidos “los 10.000 de K” (en referencia a Koldo García).

Brizuela Guevara estaba además bajo investigación internacional por sus vínculos con mafias, narcotráfico y servicios de inteligencia, y fue señalado como enlace del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional venezolano.

Pese a ello, mantenía relaciones fluidas con el entorno político español. En Fitur 2020 llegó a estrechar la mano de Ábalos, a quien se refería como “amigo".

Tras el pelotazo de las mascarillas durante la pandemia, la trama creó al menos 14 sociedades en territorio dominicano, mientras la UCO documentaba viajes del hermano de Koldo a Santo Domingo para recoger pagos en efectivo.

Falcon, startups y la sombra de Moncloa

Por otro lado, el Falcon y los aviones oficiales españoles han convertido a República Dominicana en el séptimo país más visitado desde 2021 y en el segundo no europeo, tras Estados Unidos.

Aunque Moncloa sólo ha reconocido oficialmente seis viajes desde 2019 y lo justifica como escalas técnicas, otros registros reflejan más de 40 escalas y hasta 63 aterrizajes en aeropuertos dominicanos desde 2021.

A esta opacidad se suman las conexiones empresariales vinculadas a la esposa del presidente del Gobierno.

Antes de incorporarse a la Universidad Complutense, Begoña Gómez dirigió el IE Africa Center, adscrito al Instituto de Empresa (IE University), y desde donde mantuvo una estrecha relación con Globalia y con su filial Wakalua, un organismo para impulsar las startups turísticas en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT).

En 2018, Begoña Gómez se incorpora al IE Africa Center. Un mes después, Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT —que lanzaría, recordemos, Wakalua junto a Globalia— se reúne con Sánchez en Moncloa. Ése fue uno de los muchos encuentros que tendrán después.

Gómez coincidió en la XXIII Asamblea General de la OMT, celebrada en San Petersburgo (Rusia) en 2019, con Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, cuya aerolínea Air Europa sería rescatada posteriormente por el Estado con una inyección pública de 475 millones.

En paralelo, el empresario Juan Carlos Barrabés, también socio de Begoña Gómez y para quien ésta firmó cartas de recomendación a fin de obtener contratos públicos, diseñó una propuesta para el Ministerio de Turismo de República Dominicana destinada a crear “el hub turístico más relevante del Caribe” con Wakalua, un proyecto concebido apenas meses después de la llegada de Sánchez a La Moncloa.

Otros episodios con conexiones venezolanas

Otro capítulo, también cuestionado por la oposición, fue el silencio del Ejecutivo tras la concesión del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado.

Mientras otros países celebraron el galardón como un respaldo inequívoco a la lucha contra el chavismo, Moncloa optó por no pronunciarse.

El mutismo de Sánchez contrastó con la tradicional posición española respecto a Venezuela y con su propia actuación en años anteriores, cuando refugió durante más de un año al opositor venezolano, Leopoldo López.

Sin embargo, hay otro ejemplo más reciente que refleja ese silencio del presidente del Gobierno: en la liberación masiva de detenidos en Venezuela, que se produjo hace apenas una semana, y donde no figuró ninguno de los dos ciudadanos vascos, José María Basoa y Andrés Martínez, que desde septiembre de 2024 están en prisión preventiva en Venezuela al ser acusados de espionaje y de planear atentados contra el régimen de Nicolás Maduro.

Más de un año después, siguen encarcelados, en buena medida incomunicados, mientras sus familias denuncian que se trata de una detención política coincidente con la crisis diplomática entre Madrid y Caracas.