Sánchez alcanza este 1 de enero las 100 subidas de impuestos y cotizaciones desde que es presidente del Gobierno

Es el hito que define una era económica caracterizada por una presión tributaria récord.

El balance de estos siete años de gestión socialista, todos ellos con María Jesús Montero al frente de Hacienda, arroja cifras llamativas.

El Estado ha ingresado 513.000 millones de euros más desde 2018. Una inyección de liquidez colosal extraída de los bolsillos de las familias y de los rendimientos de las empresas.

Sin embargo, este diluvio de ingresos no ha saneado las cuentas públicas. Paradójicamente, la deuda pública ha crecido prácticamente en la misma cantidad. Durante el mandato de Sánchez, el pasivo del Estado se ha incrementado en 507.000 millones de euros, anulando de facto el esfuerzo fiscal de los ciudadanos.

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El hito de los 100 se materializa este 2026 con una nueva vuelta de tuerca a los costes laborales y al patrimonio inmobiliario.

Desde hoy, la factura del empleo se encarece con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) escalando al 0,9%. Mientras, el castigo a los salarios más cualificados se endurece vía Cuota de Solidaridad, con tipos que se disparan hasta el 1,46% para los tramos superiores y una base máxima de cotización que rompe la barrera de los 5.100 euros mensuales.

Hacienda también mete la mano en el ladrillo, revisando al alza los coeficientes de la plusvalía municipal para penalizar las ventas a corto plazo, todo ello mientras la amenaza del impuesto al diésel sigue sobrevolando como la próxima gran amenaza a la clase media.

Lo comido por lo servido

El coste social es evidente, según denunció el Partido Popular, a través de su líder, Alberto Núñez Feijóo, en su rueda de prensa de balance de 2025. Esta estrategia clamó, ha provocado un "empobrecimiento constante de la población española".

Los datos oficiales, además, respaldan esta percepción: un 80% de los ciudadanos asegura haber perdido poder adquisitivo en este periodo. Además, la inflación acumulada y la negativa del Gobierno a deflactar la tarifa del IRPF han mantenido la tendencia.

Los sueldos han subido, sí, pero los precios y los impuestos han subido más. Al descontar ambos efectos, "la renta real de los españoles sale negativa", confirmando que somos más pobres que antes de la pandemia, según los populares.

El análisis detallado de la pérdida de poder adquisitivo es demoledor para todos los colectivos. Tomando como referencia los sueldos y la inflación de 2018, el retroceso es generalizado desde la superación de la crisis sanitaria.

Poder de compra negativo

Los empleados públicos fueron los grandes perjudicados. Un funcionario que ganara 40.000 euros en 2018 ya acumulaba una pérdida de poder de compra de 5.941 euros entre 2021 y 2023, el último ejercicio con datos consolidados.

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Para aquéllos con los sueldos más modestos, de 18.000 euros, la merma ascendía a 2.157 euros en el mismo trienio.

Tampoco los trabajadores del sector privado escaparon al ajuste silencioso. Un asalariado con una nómina de 26.000 euros vio evaporarse 2.281 euros de capacidad de compra.

En las rentas medias-altas, de 60.000 euros, el agujero en el bolsillo alcanzó los 5.790 euros acumulados en esos tres años.

Incluso los pensionistas, teóricamente blindados por la revalorización conforme al IPC, han sufrido recortes reales. El cambio de fórmula impuesto en 2021 se saltó un año de cálculo, justo en el ejercicio con la inflación más desbocada.

Y eso ha pasado factura. Un jubilado con una pensión media de 18.000 euros ha perdido 1.270 euros de poder adquisitivo real.

Llegar a fin de mes

La cesta de la compra es el termómetro diario de este empobrecimiento. Los alimentos son hoy un 40% más caros que al inicio de esta etapa. Llenar la nevera se ha convertido en casi un lujo para miles de familias que antes llegaban a fin de mes con holgura y ahora hacen malabares.

Las consecuencias sociales de esta política económica son alarmantes. Según los datos oficiales, el 34,6% de los niños en España se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Es el segundo peor dato de toda la Unión Europea, una estadística muy dura para un Gobierno progresista que llegó en 2018 con ese reto como bandera.

La situación no mejora si miramos a la población general. Un 25,8% de los españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión, situándonos como el cuarto país con peor desempeño de la UE.

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El Gobierno suele defender su gestión esgrimiendo el crecimiento del PIB nominal. Y es cierto que la economía crece en volumen, pero no en bienestar real por habitante.

Si al PIB per cápita se le resta el efecto de la inflación y la mayor carga impositiva, "el supuesto milagro económico se desvanece", denuncia el equipo de Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP.

IRPF, cotizaciones y más

La estrategia de Montero ha consistido en no tocar los tramos del IRPF mientras la inflación empujaba a los contribuyentes a tramos superiores. Es la llamada "progresividad en frío", una subida de impuestos encubierta que no necesita pasar por el BOE, pero que recauda miles de millones extra.

A esto se suman las subidas explícitas. Desde las tasas a las transacciones financieras y digitales, hasta los impuestos a la banca y energéticas, pasando por el retoque de Sociedades y Patrimonio. Cada año ha traído su propia colección de figuras tributarias nuevas o retocadas al alza.

Las cotizaciones sociales tampoco han dado tregua. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el destope de las bases máximas han encarecido el empleo. Contratar en España es hoy más caro que nunca, lo que lastra la competitividad de nuestras empresas frente a sus socios europeos.

El inicio de 2026 no trae propósitos de enmienda, sino más presión. Las nuevas medidas fiscales que entran en vigor este 1 de enero mismo profundizan en la misma dirección. El objetivo sigue siendo maximizar ingresos para sostener un gasto público que no deja de expandirse.

La deuda, mientras tanto, sigue su escalada silenciosa. Esos 507.000 millones de pasivo adicional "son impuestos diferidos que pagarán nuestros hijos y nietos", advierten los populares. Es la "herencia envenenada de una gestión que ha fiado todo al gasto presente a costa del bienestar futuro".

Sánchez ha logrado recaudar medio billón extra y endeudar al país en otro medio billón. Un billón de euros en total movilizados por el sector público, que "no han servido para reducir las tasas de pobreza", insisten las fuentes del PP, "ni mejorar los servicios públicos".