Irene Lozano junto a Pedro Sánchez en una fotografía de archivo. EFE
Plazas a medida y sin rastro documental: Cuentas cuestiona los contratos de la Casa Árabe bajo el mando de Irene Lozano
El organismo fiscalizador detecta "numerosas deficiencias e irregularidades" en los procesos de selección de personal y advierte de una "dramática" situación económica de la entidad.
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El Tribunal de Cuentas ha puesto bajo la lupa la gestión de personal de la Casa Árabe bajo el mandato de Irene Lozano, la exdiputada del PSOE que apoyó en la redacción de la obra Manual de Resistencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El organismo ha detectado "numerosas deficiencias e irregularidades" en la cobertura de puestos y en los procesos de selección, especialmente en la creación de plazas a medida, precedidas de contratos menores irregulares y carentes de trazabilidad documental.
Según el informe de fiscalización correspondiente a los ejercicios de 2023 y 2024, Casa Árabe carece "formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno" para la convocatoria, selección y contratación de personal, y tampoco dispone de un sistema adecuado de archivo y organización de la documentación.
Esta situación, subraya el Tribunal, "resulta contraria a una actuación que garantice la legalidad y la transparencia" en el acceso al empleo público de una de las principales instituciones de diplomacia pública de España.
En la práctica, esto significa que no puede comprobarse cómo se tomaron las decisiones ni por qué se eligió a unos candidatos frente a otros. En la mayoría de los expedientes, "no figuran las actas de evaluación ni los documentos que sustenten las valoraciones realizadas".
El informe subraya también que la creación de los puestos, la definición de sus funciones y la fijación de sus retribuciones no se sustentaron en una planificación previa ni en una justificación de su necesidad, lo que generó solapamientos funcionales entre distintos cargos.
Ejemplos concretos
No obstante, el Tribunal pone especial énfasis en dos puestos de trabajo cuya creación y convocatoria estuvieron precedidas de la contratación previa, mediante contratos menores, de las mismas personas que finalmente resultaron seleccionadas.
Estos contratos menores se formalizaron sin solicitar las tres ofertas preceptivas (que es lo que exige la ley) y sin una justificación suficiente de la necesidad del servicio.
Sus funciones coincidían, además, con las de los puestos que posteriormente se incorporaron a la plantilla. A juicio del Tribunal, en ambos casos se han constatado deficiencias e irregularidades en todas las fases del procedimiento "al objeto de permitir la adjudicación a dichas personas".
Otro caso, especialmente significativo, es el de la plaza de Responsable de Relaciones Internacionales, Desarrollo online y Atención al alumnado, creada en junio de 2024 en el marco de un proceso de estabilización del personal del Centro de Lengua Árabe.
El Tribunal constata que ese puesto no existía con anterioridad, por lo que no podía ampararse legalmente en un proceso autorizado exclusivamente para plazas de profesorado.
Cuentas subraya también que no consta una autorización para la creación de un puesto de Dirección de Marketing, Patrocinios y Comunicación, con una retribución superior a 61.000 euros. Las funciones asignadas a este puesto se solapan con las de otros cargos ya existentes, sin que exista documentación previa que justifique su creación.
Las irregularidades se extienden al diseño de las convocatorias. Hasta octubre de 2022, los procesos selectivos no incluían méritos ni baremos objetivos, lo que hacía que, en muchos casos, las valoraciones resultaran subjetivas.
"Esta situación suponía que, en ocasiones, se desecharan candidatos alegando que no cumplían todos los requisitos o solo algunos, si bien los finalmente elegidos tampoco cumplían siempre todos", explica el informe.
A ello se suma que las convocatorias no se publicaban en el Boletín Oficial del Estado, como exige la normativa.
Situación "dramática" de las cuentas
Desde el punto de vista financiero, el Tribunal alerta de que la Casa Árabe arrastra resultados negativos recurrentes, cercanos al millón de euros anual, con gastos de gestión superiores a los tres millones, lo que sitúa a la entidad en una "situación financiera crítica que afecta a su viabilidad".
La dimisión de Irene Lozano en febrero de este año se produjo, precisamente, en un contexto de malestar interno por la gestión económica. El Tribunal añade ahora que en su expediente de contratación no figuraban ni sus títulos académicos ni su 'currículum vitae'.
El órgano fiscalizador cuestiona también la eficacia de la actividad de la Casa Árabe por la falta de planificación estratégica y de indicadores de impacto, y señala que la mayoría de las actividades se han desarrollado en nuestro país, sin que pueda acreditarse su incidencia real en las sociedades árabes.
Esto contradice la Estrategia de Acción Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, que expone que el trabajo de Casa Árabe es "fundamental" para proyectar la imagen y los intereses de España en el extranjero.
Por último, el Tribunal reprocha tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la ausencia de una supervisión efectiva y continuada sobre la entidad, al no constar evaluaciones ni informes de control durante el periodo fiscalizado.
Lozano llegó a esta entidad en noviembre de 2021, después de renunciar a su acta de parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Pese a que comenzó su carrera política ligada a UPyD, e intentó entrar en Ciudadanos, acabó en las filas del PSOE como diputada nacional y como secretaria de Estado de España Global y, después, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD).
